Irlanda prohibirá rezar ante los abortorios de todo el país, así como intentar persuadir a las mujeres que acudan allí para acabar con la vida de sus hijos. La otrora católica isla impondrá multas de hasta 2.500 euros a aquellos que insistan en desafiar esta norma y traten de evitar, ya sea mediante la oración silenciosa u ofreciendo información, el drama del aborto.
El ministro de Sanidad irlandés, Stephen Donnelly, anunció esta semana que las «zonas de acceso seguro», en el exterior de las clínicas abortistas, brindarán a las mujeres «seguridad», «privacidad» y «dignidad», recogió Irish Examiner.
La legislación, que fue aprobada por el Gabinete la semana anterior, tiene como objetivo proteger a las embarazadas de ser «acosadas o intimidadas» cuando buscan acceder a un aborto. Como parte de las leyes propuestas, se implementará una zona de exclusión de 100 metros alrededor de la entrada y salida de todas las instalaciones donde se realicen abortos.
Durante un debate sobre el proyecto de Ley de Zonas de Acceso Seguro en el Dáil ―la Asamblea Irlandesa―, Donnelly dijo que permitiría a las mujeres ir a abortar de manera «segura», y garantizaría «protección» para los sanitarios que realizan los abortos.
«En esencia, el proyecto de ley se trata de garantizar que las mujeres puedan acceder a los servicios provistos legalmente de manera segura y con privacidad y dignidad«, señaló el ministro irlandés.
«También brindará una garantía adicional a los proveedores de atención médica de que recibirán protecciones en caso de que sus servicios sean objeto de una conducta específica que podría interferir con la prestación de sus servicios y con su personal que de otro modo respaldaría la prestación de lo que es un servicio legal», añadió Donnelly.
El ministro de Salud aseguró que «es importante que las disposiciones legislativas que se introduzcan puedan implementarse, hacerse cumplir y resistir cualquier impugnación legal que pueda interponerse en su contra». Sin embargo, Donnelly reconoció que el aborto era un «tema delicado» y que entendía que algunas personas tuvieran reservas sobre la normativa, pero pidió un debate respetuoso.
Según la ley, la Gardaí —la policía nacional de la República de Irlanda— podrá emitir una «advertencia» a las personas que protestan dentro de las zonas de acceso seguro, y solo se cometerán delitos si la misma persona participa en la protesta en múltiples ocasiones. La pena máxima consistirá en una multa de 2.500 euros o seis meses de prisión por reincidencia.
Irlanda no es el único país que está impulsando una ley en esta dirección, su vecina Irlanda del Norte también se ha empecinado en esta cuestión. El propio Departamento de Salud de la región británica informa que la introducción de «zonas de acceso seguro» se producirá en septiembre de 2023.
«La legislación aprobada por la Asamblea de Irlanda del Norte permite que se establezcan Zonas de Acceso Seguro en las inmediaciones de los establecimientos de atención médica que brindan abortos legales, así como en los establecimientos donde se brinda información o asesoramiento sobre tratamientos de aborto. Las Zonas incluirán los predios donde se presten estos servicios, así como un área entre 100m-250m desde las entradas o salidas de los predios protegidos», informan a través de un comunicado.
En realidad, esta legislación afecta a todo Reino Unido. La Cámara de los Comunes de Gran Bretaña aprobó una normativa el pasado 7 de marzo para crear «zonas seguras» en todo el país, prohibiendo estrictamente el comportamiento que «interfiere con la decisión de cualquier persona de acceder, brindar o facilitar la provisión de servicios de aborto» en torno a las instalaciones de aborto, informó Catholic News Agency.
Los obispos católicos de Reino Unido protestaron ante esta ley señalando que discriminaba a las personas de fe. «Lamentamos que la oración, mantener ciertos puntos de vista o testificar pacíficamente el Evangelio de la vida en ciertas ‘zonas’ en estas tierras ahora puedan ser un delito penal», afirmó tras la aprobación el obispo auxiliar de Westminster, John Sherrington.
British pro-life advocate Isabel Vaughan-Spruce again arrested for ‘thoughtcrime’ of silent prayer near abortion clinichttps://t.co/5qqRSbrIze pic.twitter.com/QgPUEuuo94
— The Washington Times (@WashTimes) March 6, 2023
«A lo largo de la aprobación de este proyecto de ley en el Parlamento, la Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales ha reiterado su preocupación de que esta legislación propuesta, a pesar de cualquier otra intención, constituye discriminación y afecta de manera desproporcionada a las personas de fe«, dijo Sherrington, según recoge CNA.
Esta persecución también afecta a España. En enero de 2022, la ministra de Igualdad, Irene Montero, consideró «perversos» los anuncios instalados en marquesinas de autobuses próximos a clínicas abortistas en los que se invitaba a rezar y acusó a los impulsores de esta inicitiva de «acosar». «Creo que es perverso decir que estamos rezando, porque aunque estén rezando si lo que están haciendo es acosar, están acosando, perjudicando y dificultando un derecho fundamental de las mujeres y hay que decirlo con total rotundidad», indicó Montero en una entrevista.
Tras las palabras de Montero, el Parlamento español aprobó una modificación del Código Penal que prohibía, en la práctica, rezar ante una clínica abortista. «El que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días», se lee en el artículo 172 quater.
