Cientos de niñas fueron violadas ante la inoperancia de las autoridades y el silencio de agentes de policía corruptos.
Una diputada británica ha desmentido la versión oficial de las autoridades en los casos de abusos sexuales en Telford y Rotherham. Lucy Allan ha criticado a la policía por hacer oídos sordos a las denuncias contra las bandas de musulmanes que durante décadas abusaron de miles de menores.
Allan ha lanzado una campaña en redes sociales para señalar a los responsables de la situación: «A medida que cada caso salga a la luz, no podemos seguir retorciéndonos las manos y decir que es algo aislado», ha sentenciado.
La política ha descrito el caso de una niña de 13 años. La menor fue violada en repetidas ocasiones hasta quedar embarazada y las autoridades hicieron caso omiso a las denuncias de sus padres. «Los agentes no investigaron la conexión entre los agresores y aseguraron que la niña había practicado relaciones sexuales consentidas», ha aseverado.
«¿Cómo pueden las autoridades asumir que un niña de tan solo 13 años consentiría voluntariamente tener relaciones sexuales con varios hombres?», ha remarcado.
Un sistema podrido
“Es difícil describir la naturaleza atroz de los abusos que sufrieron los niños. Fueron violados en grupo, víctimas de la trata a otros pueblos y ciudades del norte de Inglaterra, secuestrados, golpeados e intimidados”. Así comenzaba el documento de Alexis Jay, que cuenta cómo niñas de apenas 11 años fueron violadas, amenazadas con armas de fuego y obligadas a presenciar brutales y violentas violaciones.
Lo que ocurría en Rotherham era un secreto a voces, pero nadie hizo nada para evitarlo. La Policía no dio prioridad al problema y trató con indiferencia a gran parte de las víctimas. Tres informes policiales -de los años 2002, 2003 y 2006- describían con crudeza la situación. Sin embargo, las autoridades desestimaron el primero y rechazaron los otros dos, que podrían haber acabado con los abusos sexuales en la zona.
El fenómeno llegó por primera vez a los tribunales en Birmingham en 1989, pero el acusado no fue un paquistaní, sino un sij que intentó vengar los abusos sufridos por sus hijas. De hecho, en la investigación aparecen varios testimonios de padres que trataron de liberar a sus hijas y fueron amenazados por la Policía con levantar contra ellos cargos de ‘racismo’.
Una investigación de la Junta de Protección del menor puso de manifiesto la gravedad de los hechos ocurridos. Malcon Stevens, de Justice Care Solutions, descubrió diversos delitos sexuales cometidos contra niñas por hombres de 20 a 29 años y calificó la situación como «extremadamente grave».
Las evidencias de que las autoridades conocían la situación eran notables. Resulta «difícil de creer», en palabras de Jay, que ningún alto cargo estuviera al tanto de lo que ocurría en la localidad. No obstante, en 2007 pusieron en marcha Risky Businnes para tratar de combatir este tipo de prácticas.
El silencio oficial, sin embargo, era sintomático. Tras la publicación del informe de Jay, todos coincidieron en señalar que el «miedo» a ser considerados racistas influyó en los dirigentes. El hecho de que la mayor parte de los agresores fueran paquistaníes podía «dañar» la convivencia y «estropear» la reputación de la ciudad.
