Una investigación de BBC difundida hace unas semanas ha destapado una red de origen kurdo-iraquí que opera en más de un centenar de minimercados, barberías, lavados de coche y takeaways en todo el Reino Unido utilizando a inmigrantes ilegales. El esquema permite a solicitantes de asilo sin permiso de trabajo convertirse en propietarios ficticios de empresas mientras los verdaderos beneficiarios permanecen en la sombra.
El mecanismo es sencillo y efectivo. Los líderes de la red pagan entre 250 y 300 libras mensuales a ciudadanos británicos o residentes legales para que figuren como administradores de una empresa en el registro de sociedades británico. Cuando las autoridades detectan irregularidades, la empresa se disuelve y reaparece con un nombre ligeramente modificado. Según la investigación, esta práctica se extiende desde Dundee, en el norte de Escocia, hasta Devon, en el sur de Inglaterra.
Los trabajadores, casi todos inmigrantes ilegales o solicitantes de asilo en situación administrativa pendiente, realizan jornadas de catorce horas por salarios de cuatro libras la hora en negro. Un reportero encubierto grabó la oferta directa: «Si eres solicitante de asilo no necesitas ningún papel para tener tu propia tienda».
El grueso del negocio ilegal procede de la venta de tabaco y vapers de contrabando. Los paquetes se ofrecen a cuatro libras frente a las dieciséis del mercado legal, lo que genera ganancias semanales de hasta 3.000 libras por local sólo en cigarrillos. El almacenamiento se realiza en falsos techos y vehículos escondidos para eludir los perros policiales. Todo esto tiene un impacto sobre la hacienda británica y el coste para las arcas públicas es elevado. La Agencia Tributaria (HMRC) calcula que la economía sumergida vinculada a estas redes supone una pérdida anual de 2.200 millones de libras en impuestos. A ello se suman las multas que, tras elevarse a 60.000 libras por trabajador ilegal, resultan insuficientes para disuadir a la red criminal.
Desde el año 2021 se han realizado un total de 17 redadas relacionadas con esta red. Dos de los administradores societarios han sido inhabilitados y uno multado con 4.500 libras por vender tabaco a menores de catorce años. El resto de empresas sigue operando.
La secretaria del Interior, Shabana Mahmood, reconoció explícitamente el vínculo con la inmigración ilegal: «l trabajo ilegal y el crimen organizado ligado a él crean un incentivo para que la gente venga ilegalmente al Reino Unido. No lo vamos a tolerar».
El Gobierno ha incrementado las redadas un 51% y ha expulsado a 35.000 personas sin derecho a permanecer en el país durante 2025, según recoge la BBC en su reportaje. Expertos en crimen organizado consultados por el digital británico estiman que el número real de negocios controlados por esta y otras redes similares podría superar con creces el centenar documentado. La rápida rotación de empresas y la utilización de inmigrantes ilegales recién llegados como mano de obra barata y prescindible garantizan la continuidad del modelo. El caso ilustra un fenómeno repetido en Europa occidental; la existencia de economías paralelas que funcionan como imán para la inmigración ilegal. Mientras persistan estas estructuras, las rutas del Canal de la Mancha y del Mediterráneo seguirán teniendo demanda garantizada.
