Bolivia comienza un 2023 con un escenario cada vez más difícil en todo ámbito, sobre todo el político y el económico. Indudablemente, el mayor problema que el país encara en este nuevo año es la crisis en la que ha derivado el secuestro del gobernador cruceño y líder opositor Luis Fernando Camacho, el pasado 28 de diciembre.
Las protestas por tal abuso descarado no se hicieron esperar. Santa Cruz pasó la víspera de Año Nuevo con enfrentamientos con la policía a los pies del Cristo Redentor.
No muchos días más tarde, las protestas fueron creciendo también en el interior del país. Esta misma semana se han observado marchas ciudadanas coordinadas y demás actos espontáneos de manifestación en todos los demás departamentos. Muchos de ellos, sobre todo en la sede de Gobierno, fueron brutalmente hostigados y reprendidos, incluso contra mujeres, la prensa y autoridades del Poder Legislativo que acudieron a las convocatorias de manera pacífica.
Desde luego, y como ha sido ya una constante sobre todo desde la huelga general cruceña de 36 días, la policía ha obrado abusando de su autoridad y uso de la fuerza contra los manifestantes, esta vez en distintas ciudades. Lo que es también importante destacar, es que la policía no tiene la capacidad para actuar de manera simultánea y en la misma proporción en cada ciudad donde la ciudadanía se pronuncie en contra del régimen de Arce y sus atropellos, y exija el retorno de la República y el Estado de Derecho.
Varias instituciones y personalidades internacionales se han pronunciado al respecto. El país recibió la visita del diputado español por VOX, Víctor González, quien al momento de abordar su vuelo de retorno a España, recibió una carta de expulsión del país por parte de dos agentes «por alterar el orden público, incitando el enfrentamiento entre ciudadanos».
Igualmente, la Unión Europea y los Estados Unidos pidieron que se respete el Estado de Derecho y los procesos judiciales en Bolivia, mientras que seis senadores norteamericanos advirtieron que hay un retroceso democrático que erosiona a la justicia, calificando las medidas de Arce como «mezquinas venganzas políticas en nombre de su predecesor (Evo Morales)». Además, añadieron que el encarcelamiento ilegal de opositores políticos como Camacho y la expresidenta Jeanine Áñez, «representa una peligrosa muestra de autoritarismo que erosiona todavía más la ya escasa confianza que muchos bolivianos y la comunidad internacional tienen en el sistema judicial del país».
De la misma forma, y aunque todavía se espera bastante más de ellos, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) se han pronunciado no sólo sobre aspectos concretos como el encarcelamiento de Áñez y Camacho, sino también sobre otros como el fracaso de la reforma judicial prometida en varias ocasiones por el régimen de Arce, así como el acoso permanente a la prensa libre en el país.
Pues ese es, sin duda alguna, el mayor desafío para Bolivia en este 2023 y hacia adelante, tratar de defender y preservar los derechos individuales de propiedad privada, a la vez que la institucionalidad democrática, frente a las pretensiones de Arce Catacora por afirmarse y ser reconocido como líder indiscutible no sólo en su propio Gobierno, sino además en el propio partido del Movimiento al Socialismo (MAS), y más aún frente al jefe cocalero, quien redobla la apuesta por dividir al partido en su contra con la intención de volver eventualmente al poder, y mejor si es por medio del voto popular.
El deterioro de la economía es lo que alimenta las frustraciones de Arce
Es por todo lo anterior que se han elaborado muchas preguntas sobre qué es lo que ha llevado al régimen de Arce a tomar una decisión tan alocada como atacar al corazón de la resistencia cruceña con el secuestro de Camacho luego de que el departamento asumiera el desafío de una huelga general de 36 días en justo reclamo por la realización de un censo de población y vivienda que, entre otras cosas, le permitiría beneficiarse de una reasignación de recursos y escaños parlamentarios, además de su reconocimiento como un departamento pujante, que recibe migrantes del interior y exterior del país, ya sea para seguir creando riqueza o como forma de refugio ante la represión permanente por parte del régimen y el deterioro de la economía del resto del país.
Pues una de aquellas hipótesis tiene que ver con el avanzado deterioro del cuadro macroeconómico de Bolivia. De hecho, la calificadora internacional de riesgo Standard & Poor’s (S&P) rebajó la nota al país a inicios de diciembre debido fundamentalmente a los conflictos permanentes que ganan fuerza, que son fundamentalmente creados por el propio Arce, y que son los que impedirían asumir decisiones y medidas importantes para evitar sobresaltos económicos.
Sucede que, por mucho que Arce se haya atrevido a afirmar hace solamente unas semanas que Bolivia tiene la segunda mejor economía del mundo, tiene varios frentes que le impiden seguir presumiendo sobre números que apenas se sostienen con alfileres. Para ello solamente tres elementos ilustrativos: serios problemas en el ámbito energético, en el cambiario y el de pensiones.
Argentina anunció recientemente que ha decidido terminar con el contrato de importación de gas boliviano dos años antes de lo acordado, debido, entre otros aspectos, De hecho, Bolivia también había anunciado antes que enviará 40% menos de gas este invierno por una caída de producción boliviana muy marcada, una mayor demanda interna en Argentina, compromisos asumidos con Brasil y mejores perspectivas de Vaca Muerta.
Peor aún, el contrato de exportación de gas boliviano al Brasil también termina el 2024, y este país no ha dicho hasta el momento que tiene la intención de establecer nuevos contratos de largo plazo como los suscritos antes de la era del MAS.
Para mayor colmo, el titular de Hacienda, Marcelo Montenegro, acaba de afirmar algo que el país entero ya había descontado: que el «mar de gas» que Evo Morales había asegurado que existía en Bolivia cuando ejercía el poder, «era mentira». Concretamente, Montenegro dijo: «Un ex ministro de Hidrocarburos le hizo creer a nuestro expresidente (Morales) que estábamos en un mar de gas. ¿O no? ¿O me estoy inventando? Le dijeron: ‘Estás en un mar de gas’ y era una mentira y hoy, obviamente, estamos pagando los platos rotos de no haber explorado en esos años, en esos momentos».
La gran pregunta en este escenario ya no es si Bolivia tendrá la capacidad de encontrar el financiamiento necesario para dar con nuevas reservas de gas y nuevos mercados para exportar de manera simultánea, si no si existe la capacidad de sostener las actuales subvenciones al consumo interno de hidrocarburos, que en total suman alrededor de $1.000 millones, y evitar las consecuencias de un eventual «gasolinazo».
Igualmente, el segundo gran elemento de preocupación es el cada vez más bajo nivel de reservas del Banco Central de Bolivia. Solamente durante 2022, las reservas cayeron en $956 millones. El país cerró la gestión pasada con una cantidad de reservas netas de $3.868 millones, y en divisas apenas de $753 millones.
Para comprender sencillamente el problema que este hecho constituye, las reservas del BCB son las que tendrían que garantizar que no se incurra en una devaluación cambiaria por primera vez desde diciembre de 2011, y el sistema bancario y financiero no vuele por los aires en consecuencia, debido a que uno de los primeros efectos de tal medida se presume que sería una corrida bancaria. La gran pregunta es si el BCB tiene la capacidad para encarar el desafío.
Finalmente, las pensiones. La madre del cordero está en el sector bancario y financiero, que es el gran elefante en la sala. Como es sabido, el régimen se ha visto forzado a buscar fuentes alternativas para seguir tratando de financiar el gasto público desmedido.
Una de las principales fuentes de ingresos que el régimen ha encontrado ha sido el incremento desmedido de la deuda pública, fundamentalmente la externa, pero como ya observamos sobre todo en el primer trimestre de 2021 con el rechazo de los mercados de capitales internacionales a los bonos soberanos que el régimen pretendía emitir, la táctica ha fracasado escandalosamente, y la alternativa ha sido incrementar la deuda interna incluso con mayor velocidad que la externa.
Durante varios años, tanto el régimen de Morales como ahora el de Arce, llevaron a las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) a invertir en la deuda pública que emite el Tesoro por orden gubernamental, pero ahora la necesidad de conseguir financiación ya se ha convertido en un asunto de emergencia. Por eso Arce ha decidido terminar de llevar adelante la creación de la Gestora Pública hasta el mes de mayo para que se haga cargo de la administración de las pensiones.
Es decir, quedan algo más de cuatro meses para que Arce Catacora termine de estatizar ―y confiscar indirectamente― las pensiones de los aportantes para, entre otros aspectos, financiar el gasto público permanente, que incluye el desesperado y alocado proyecto de realizar exploraciones, encontrar más gas e incrementar las reservas de gas en el país, con todo el riesgo que aquella operación naturalmente implica.
Actualmente, los fondos que administran las AFP suman alrededor de $23.000 millones, de los cuales un 60% está invertido en Depósitos a Plazo Fijo y en bonos de las entidades financieras, y alrededor de un 30% ($7.000 millones) está invertido en deuda emitida por el Estado. El restante 10% equivaldría a alrededor de $2.300 millones.
Por cierto, valga destacar que las AFP tampoco han tenido demasiadas alternativas con el destino de las inversiones, pues operan enmarcadas en leyes obsoletas de mediados de los años 90, y tiene, además de otros detalles, impedido invertir en el exterior.
Este problema tiene varias aristas, desde luego. Sin embargo, si hubiera que mencionar una de las más importantes es que el conjunto del sistema bancario verá reducida su liquidez y, en consecuencia, el público tendrá menores posibilidades de conseguir financiación para, por ejemplo, su vivienda o su empresa, porque el régimen ya está acaparando los recursos.
Esto, a su vez, se traduce en el debilitamiento del sistema bancario y financiero. Ya ni siquiera se trata del crecimiento sostenido y el nivel real de la mora bancaria (sumando reprogramaciones y diferimientos), que ya es un problema suficientemente preocupante, sino de la estatización de la administración de los fondos de pensiones, que no se traduce en otra cosa más que en una transferencia forzosa de riqueza del sector privado hacia el público, en el financiamiento del gasto estatal con el ahorro de largo plazo de la ciudadanía, la postergación del ya arcaico y poco nutrido mercado de capitales y la pérdida total de perspectivas de largo aliento para el país.
Nadie puede asegurar cuál de estos problemas será el que alimente aún más el espíritu abusivo y de venganza de Arce Catacora durante 2023 y hacia adelante. Lo cierto es que los recursos que tiene a disposición para despejarlos son cada vez más escasos, así como las probabilidades de que salga mal parado en el intento son cada vez mayores. Por eso busca curarse en salud acorralando a sus opositores.
