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ARCE PRECIPITA EL COLAPSO DEL PAÍS ANDINO

Bolivia, 2023: quiebra institucional, peligrosas alianzas internacionales y una economía al borde del colapso

El presidente de Bolivia, Luis Arce. Twitter

Si es que antes había dudas sobre su sostenibilidad en Bolivia, 2023 fue el año en que terminó de quebrarse la economía y la narrativa que el Movimiento al Socialismo (MAS) había tratado de construir alrededor de ella desde que su modelo fue impuesto en 2006.

Fueron muchos los incautos que no solo les creyeron, sino que avalaron las leyendas sobre los cambios y los alcances del gasto a manos llenas, del sobre endeudamiento y la acumulación de déficits, además de la política de crédito artificial y extraordinariamente barato durante demasiado tiempo, tanto al Gobierno de Evo Morales como el de Luis Arce, hasta que simplemente fue tarde.

Efectivamente, durante un tiempo Bolivia parecía vivir lo inimaginable: crecimiento de hasta el 6,8% del PIB en 2013 y, aparentemente, baja inflación. Sin embargo, el bochorno es tan grande que, entre muchísimas otras cosas, el museo de Evo Morales en Orinoca no recibe visitas y se cae a pedazos.

Claro, aquello que los economistas convencionales no supieron explicar ni el público en general quiso siquiera sospechar, era que es posible que un país crezca mucho, pero al mismo tiempo no tenga qué comer. Mientras se construían obras faraónicas como el museo o el palacio de Morales, que llaman «Casa Grande del Pueblo» en La Paz, las cifras macroeconómicas eran extraordinarias, pero hoy la crisis es innegable. 

Crisis en el Banco Central y la petrolera estatal YPFB

Tan pronto como en las primeras semanas del año, el país comenzó a sufrir un serio problemas de desabastecimiento de combustibles, debido a la caída abrupta de la capacidad de producción de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y, por tanto, la necesidad de importarlos a un precio cada vez mayor, a la vez que por una pérdida alarmante de las reservas del Banco Central de Bolivia (BCB) que financian tanto la subvención del consumo de estos combustibles, como del pago de su importación.

En este sentido, y contrariamente a lo que ha venido afirmando el régimen de Arce desde que asumió el poder en 2020, ni la guerra en Ucrania ni la guerra en Gaza, que se suponía que provocaba escasez de alimentos y energía en el mundo, al mismo tiempo que un incremento sostenido de los precios internacionales de los productos importados, explican la crisis económica de Bolivia, porque tanto la inflación general como la inflación subyacente, que era justamente la más problemática y cuya medición excluye alimentos y energía, han bajado de forma sistemática durante 2023 en las primeras economías del mundo, mientras en la economía de Arce la escasez de combustibles se ha extendido durante el año de forma cada vez más frecuente e intensa.

De forma simultánea, la escasez de combustibles se hizo finalmente una realidad luego de la extensa advertencia de los entendidos en la materia, cuando ya no fue posible seguir pagando en tiempo y materia por su importación porque nada menos que el BCB, que solía ser el que financiaba la operación por medio de préstamos, simplemente se había quedado sin reservas líquidas, también a pesar de las extensas advertencias de los entendidos en la materia, provocando una enorme incertidumbre también sobre el curso del sector bancario y financiero.

La caída del Banco Fassil y su macabro desenlace

La crisis de pérdida de reservas del BCB, siendo más severa que lo aparente debido a, entre varios otros aspectos, que ha perdido la capacidad de fungir con el rol de Prestamista de Última Instancia para el que ha sido creado, provocó también la caída del Banco Fassil, aquel sobre el que se tenían sospechas de malos manejos, pero que, además, no hubieran sido posibles sin la política monetaria expansiva de «bolivianización» y abaratamiento arbitrario de las tasas de interés crediticio.

Pues llegó un momento en que el Fassil no fue capaz de responder la demanda de sus depositantes hasta que, luego de un deplorable manejo comunicacional y muy demorado trabajo por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), fue intervenido con motivos insuficientemente claros hasta el día de hoy, así como con métodos improvisados y probablemente nunca vistos en la normativa internacional vigente, tanto así que, un par de meses más tarde, el interventor designado por el régimen de Arce, Carlos Colodro, tuvo una muerte misteriosa que bien apunta que se habría suicidado o que habría sido asesinado justo antes de revelar información comprometedora.

Desde luego, la caída de Banco Fassil, el quinto banco más grande de Bolivia, con activos bajo gestión por más de 2.000 millones de dólares y 1,2 millones de clientes, se tradujo en un duro golpe para el conjunto del sistema bancario y financiero, así como para la economía del país y más aún para la del departamento de Santa Cruz, donde tenía su sede y la mayor parte de su cartera de clientes.

Curiosamente, la cartera rescatable del Fassil fue forzosamente distribuida entre los demás bancos del sistema, pero la de dólares fue transferida única y exclusivamente al Banco Unión donde el Gobierno tiene participación accionaria mayoritaria; extraño due diligence

Ley del Oro, el yuan y los bancos chinos

Evidentemente, en un contexto donde el país no consigue financiamiento, surgió la idea de que el BCB pudiera liquidar una parte de sus reservas en oro físico para conseguir dólares para dotar de los mismos al ente emisor para que este, a su vez, los inyectara en el sistema para solventar la demanda del público; y de que llegaran dos de los bancos chinos más grandes de aquel país a invitación del régimen de Arce para comenzar a conceder créditos en yuanes, fundamentalmente para el comercio exterior. 

Sin embargo, finalmente la liquidación del oro del BCB sirvió únicamente para saldar una pequeña fracción de la deuda externa del país, mientras que el anuncio de la llegada de los bancos chinos y los yuanes no ha sido más que una nueva cortina de humo, como las que suelen hacer sobre el inicio de la nueva era de la industrialización del litio desde hace 10 años cada vez que se ha sabido de, por ejemplo, algún problema con YPFB.

La estatización de las AFP y el creciente riesgo sistémico

Además, otro de los hechos más preocupantes derivados de la falta de financiamiento que desespera a Arce, fue la estatización de las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) y, por tanto, de los aportes del público para, desde luego, decidir más cómodamente el destino de sus inversiones.

La crisis de Bolivia enfrentó una nueva dimensión cuando Standard & Poor’s (S&P) rebajó la calificación de riesgo de B- a CCC+ debido a la caída de exportaciones, reservas líquidas y acumulación de déficit fiscal. El régimen de Arce responsabiliza al bloque del Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa, buscando culparlos por la imposibilidad de contratar nuevos créditos internacionales. Bolivia parece al borde de la bancarrota, incapaz de cumplir su rol financiero y garantizar el abastecimiento de combustibles, evidenciando el fracaso del modelo económico implementado desde 2006.

De la misma forma, y aunque no se registró episodio similar al del Fassil con ningún banco en el resto del año, S&P también rebajó la calificación de B- a CCC+ riesgo con perspectiva negativa al Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC), debido a su exposición al deteriorado cuadro macroeconómico del país. Se trata de uno de los bancos más grandes y considerado como uno de los más sólidos del sistema, con lo cual, no sería de extrañar que el riesgo que se señala no sea aislado ni pasajero.

Igualmente, el país cierra el año con un crecimiento económico mucho menor al proyectado y prometido por el régimen, con más deuda y déficit y sin financiamiento, con un incremento del riesgo país que ubica a Bolivia solamente por delante de Venezuela en toda la región, con mayores caídas de los bonos soberanos, una creciente brecha entre el dólar paralelo y el oficial, incertidumbre en el sector bancario y financiero y la expectativa de que las regulaciones en todo ámbito, los impuestos y las devaluaciones de la moneda nacional continúen para provocar mayor escasez de energía y alimentos.

El fortalecimiento de las relaciones con Irán y el apoyo implícito a Hamás

Desde luego, los hechos relevantes en el ámbito político han contribuido con una importante dosis de deterioro institucional que agrava la situación de crisis generalizada en el país, como dos graves errores cometidos a nivel internacional. 

El primero tiene que ver con el hecho de que a mediados de año Bolivia estableció con el régimen teocrático y totalitarista de la República Islámica de Irán, nuevos acuerdos en materia de seguridad y defensa, y más precisamente de cooperación militar que incluyen la dotación de equipos para la lucha contra el narcotráfico y la seguridad fronteriza. Fueron acuerdos firmados entre los ministros de Defensa boliviano, Edmundo Novillo, e iraní, Mohammad Reza Ashtiani, en Teherán.

El segundo se dio casi inmediatamente después de que Hamás invadiera Israel el 7 de octubre para cometer la masacre terrorista más sangrienta que sufriera aquella nación desde el Holocausto. Pero el régimen de Arce no tuvo mejor idea que romper relaciones diplomáticas con Israel, además sin condenar la masacre de aquel grupo terrorista, lo cual se interpreta indudablemente como un alineamiento decidido y sin escrúpulo alguno con Hamás, con Irán y por supuesto que con Hezbolá, lo que puede resultar en las relaciones cada vez más difíciles con el mundo occidental al que pertenece y tener que enfrentar eventuales sanciones para quedar todavía más aislados del mundo diplomática y financieramente.

El Tribunal Constitucional se prorroga por incumplimiento de elecciones

Finalmente, Bolivia cerró con un último hecho insólito, como no podía ser de otra manera, sobre un nuevo ataque directo al Estado de Derecho.

El MAS decidió prorrogar ilegalmente el mandato del Tribunal Constitucional Plurinacional y los magistrados del Órgano Judicial. Esta acción contradice la Constitución del Estado Plurinacional y se suma a una serie de abusos de poder desde 2006. A pesar de las promesas de reforma judicial del presidente Arce, el régimen ha optado por mantenerse en el poder, incluso recurriendo a la detención ilegal del gobernador cruceño y posponiendo el censo y las elecciones judiciales. Esta maniobra socava la institucionalidad democrática y plantea interrogantes sobre la legitimidad del Tribunal Constitucional a partir de 2024, de lo cual el agravamiento de la crisis en la que esto va degenerar es solamente cuestión de tiempo.

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