El Congreso de Perú rechazó la solicitud del expresidente de Pedro Castillo de que se le otorgue una pensión en su calidad de exmandatario, un beneficio que de acuerdo a las leyes del país sudamericano concede más de 15.000 soles mensuales (unos 3900 euros) de por vida a quien lo posee.
Una condición importante para obtener dicha pensión radica en que los expresidentes no pueden haber sido acusados de ningún crimen por parte del Legislativo, o al menos debe existir una sentencia judicial que desmonte dichos señalamientos, declarando la inocencia del acusado.
En el caso del expresidente izquierdista esta condición ha sido abiertamente quebrantada. Esto al haber sido acusado formalmente en febrero de 2023 por el Congreso de la República por protagonizar un intento de golpe de Estado que involucraba la propia disolución del Legislativo, dando pie a los cargos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Castillo, por su parte, ha argumentado no tener ingresos para cubrir sus necesidades elementales, principalmente las de tipo médico.
El exmandatario se encuentra actualmente recluido en el Penal de Barbadillo, en Lima, donde cumple prisión preventiva por 18 meses por dicho intento de golpe de Estado, a la par que le fue impuesta otra prisión preventiva de 36 meses por ser el presunto cabecilla de una red de corrupción dentro del Estado peruano.
