El Gobierno del comunista Pedro Castillo presentó este martes ante el Congreso el proyecto de ley mordaza, que busca criminalizar la difusión de información reservada de investigaciones penales.
A fines del mes pasado, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, anunció que presentarían ante el Congreso el proyecto de ley que crea el delito de difusión de información fiscal sobre casos penales. El titular de la PCM sostuvo que se debe evitar esa divulgación de información reservada y precisó que la sanción sería de cuatro años de prisión.
«Se ha aprobado un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. La investigación penal en su etapa preliminar es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa al juicio oral. Allí es público y no hay reserva», informó en conferencia de prensa.
“¿Qué sucede en la actualidad? En estas investigaciones la información reservada se da conocimiento rápidamente al público, a veces seleccionado tal o cual información con el propósito de imputar la comisión de delitos. Eso no debe suceder, por eso estamos presentado al Congreso un proyecto de ley a fin de que esa forma de prácticamente comercializar la información penal reservada termine y sea sancionada hasta en algunos casos, con cuatro años de pena privativa de la libertad”, agregó.
Ley mordaza
El proyecto de ley, que lleva las firmas de Pedro Castillo y del premier Aníbal Torres, busca modificar el artículo 409 del Código Penal indicando que “el agraviado, imputado, abogado, representante legal o cualquiera de las partes comprendidas en una investigación penal, que proporcione o difunda información de carácter reservada (…) a personas no legitimadas (…) poniendo en riesgo los fines de la investigación, será sancionado con pena privativa de la libertad no menor de uno, ni mayor de dos años”.
En el caso de un juez, fiscal, auxiliar jurisdiccional, asistente administrativo o miembro de la Policía, la pena será de dos a tres años.
Además, si directa o indirectamente, difunden información a través de “los medios de comunicación social u otros de difusión masiva, será sancionado con pena privativa de la libertad no menor de dos, ni mayor de cuatro años”.
Cabe resaltar que, en la descripción del problema (punto IV) del proyecto de ley, el Gobierno comunista considera que los medios de comunicación generan una “corriente de opinión muy apartada de los estándares jurídicos mínimos”.
“Los medios de comunicación social generan una corriente de opinión muy apartada de los estándares jurídicos mínimos, al difundir información relativa a la investigación penal, configurándose muchas veces escenarios de atribución -a priori- de responsabilidad en contra de personas investigadas, así como de dinámicas de presión hacia los operadores de justicia alentadas sobre falsas expectativas”, indica el documento.
‘Tras el proyecto hay un propósito subalterno‘
Para la presidente del Poder Judicial (PJ), Elvia Barrios, este proyecto de ley es “inadecuado” porque tiene como objetivo “limitar la labor investigativa de la prensa”.
“La pregunta que siempre hay que formularse es las razones por las que a estas alturas se pretende criminalizar este comportamiento. Y la postura nuestra es que consideramos que, en primer lugar, es inadecuado, porque ya hay una sanción para los jueces que incumplen con el Código Procesal Penal y, en general, con la línea de comportamiento que tiene que haber en un proceso. Y lo segundo es que consideramos que tras este proyecto hay un propósito subalterno, porque hay que reconocer el trabajo importante que históricamente ha realizado la prensa para develar serios actos de corrupción”, aseguró la titular del PJ en declaraciones al diario El Comercio.
