El Parlamento Europeo ha condenado los abusos sistemáticos de los Derechos Humanos en Nicaragua, que equipara a crímenes contra la humanidad, y ha instado a la UE a adoptar sanciones contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y miembros de su núcleo duro, así como contra jueces y fiscales que favorezcan la persecución de la disidencia.
Los eurodiputados han dado luz verde a una resolución en la que consideran que los abusos, que se remontan a las protestas opositoras de 2018, no son hechos aislados, sino que buscan «desmantelar la separación de poderes y las garantías democráticas y concentrar todo el poder en las figuras del presidente y la vicepresidenta» Rosario Murillo, que es también esposa de Ortega.
En la resolución, la séptima contra el régimen de Ortega en lo que va de legislatura, se condena de forma específica la deportación de más de 200 presos políticos y la retirada de su nacionalidad, ya que considera que se trata de medidas contrarias al Derecho Internacional. Asimismo, los eurodiputados reclaman la liberación «inmediata» de quienes siguen aún entre rejas y piden una prueba de vida del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión.
Esperan que la cumbre de julio con países latinoamericanos, la primera en ocho años, sirva de «oportunidad» para relanzar los mensajes en favor de los Derechos Humanos. Plantean incluso que haya una declaración en la que se exija el respeto de derechos y libertados tanto en Europa como en América Latina.
Rendición de cuentas
La rendición de cuentas que contempla la resolución incluye desde la activación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica a un llamamiento para que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) examine si Nicaragua ha violado la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Además, propone a los Estados miembro que hagan uso de la jurisdicción universal para abrir sus propios procesos, tomando como referencia las pruebas que han recopilado los expertos de la ONU y que acreditan ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y actos de tortura física y psicológica.
