En medio de la indiferencia del gran capital por el encarcelamiento de los principales líderes de la empresa privada, la suplica de familiares de presos políticos que por segunda vez han pedido a un dictador sordo un “diálogo nacional”, Estados Unidos anunció sanciones a otros 93 funcionarios del régimen sandinista con restricciones de visados; una medida considerada sin mayor trascendencia para la tiranía.
El régimen de Daniel Ortega mantiene en las mazmorras a más de 180 presos políticos, pero igual que en la década de 1980, Ortega ha convertido el país en una cárcel bajo vigilancia extrema en barrios y municipios a través de dos vías: la policía, y los llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC), identificados popularmente como “sapos”, uno de los principales ‘pilares’ de la dictadura para mantener el control de la oposición.
Y aunque recientemente Ortega admitió que su régimen está en “crisis económica” y anunció a sus bases que implementará un plan de “reajuste”, ha quedado en evidencia que no va a sacrificar con recortes a la Policía que dirige su consuegro Francisco Díaz. El tirano nicaragüense sigue aumentando el número de agentes para reprimir, resguardar su “seguridad” y permanencia en el poder. Más de 900 policías se integraron a ese cuerpo en la última semana.
Familiares de presos políticos apelan a la ‘clemencia’ de Ortega
Mientras Ortega aumenta la represión, familiares de los presos políticos solicitaron nuevamente a Ortega y a su esposa y vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, la libertad para sus seres queridos, al tiempo que destacan las “bondades” de la dictadura en un intento de ser escuchados y apelar a la “clemencia” del dictador, que ha llamado “hijos de perra” a los presos políticos.
«Esos que están ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían de llevar, no tienen Patria. Que se los lleven para allá», dijo el dictador durante un acto tras declararse “ganador” en las fraudulentas elecciones presidenciales de noviembre de 2021, en las que encarceló a sus adversarios.
“No es una petición desatinada, el Gobierno ha dado muestras de buena voluntad, no olvidamos el traslado a detención domiciliaria de Francisco Aguirre, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Mauricio Díaz, Edgard Parrales, José Pallais y Víctor Hugo Tinoco. Ya estaban bajo arresto domiciliar Cristiana Chamorro Barrios, María Fernanda Flores, Jaime Arellano y Noel Vidaurre”, dijo recientemente Lesbia Alfaro, la madre del preso político Lesther Alemán, el joven universitario que instó al tirano a “rendirse” durante el estallido social de abril de 2018.
Las 11 personas a quienes la tiranía les cambio el régimen carcelario tienen edades que oscilan entre 62 y 79 años de edad y presentan enfermedades de riesgo. Ortega teme más muertes de presos políticos, ya que recientemente falleció en las manos del régimen Hugo Torres, excamarada del caudillo sandinista, y por quien incluso arriesgó la vida en una oportunidad. Los presos políticos en el contexto electoral han sido condenados con severas sentencias que oscilan entre los 8 y 13 años de prisión.
Tras la lectura de un comunicado de los familiares de presos políticos, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) –secuestrado desde hace meses por una directiva afín al orteguismo- emitió un pronunciamiento, siendo éste apenas el segundo desde que los líderes empresariales que dirigían dicho organismo se encuentran encarcelados. Allí aplauden la actitud de las familias de los presos políticos.
“Reiteramos nuestro firme compromiso de encontrar mecanismos que permitan la búsqueda de soluciones viables como el único instrumento para la reunificación de la familia nicaragüense. Seguimos acompañando en oración a nuestros miembros del COSEP: Michael Healy, Alvaro Vargas, José Adán Aguerri, Luis Rivas, Juan Lorenzo Holmann y Juan Sebastián Chamorro”, dice el documento.
El empresariado afín a esta institución es criticado porque no exige ante Ortega la libertad de los presos políticos, principalmente la de los líderes del propio COSEP, Michael Healy, Álvaro Vargas y José Adán Aguerri. Algunos de los presos cumplen en junio un año de estar tras las rejas.
Y mientras el país se hunde cada vez más por la crisis económica, la represióny el éxodo de migrantes, el Cosep hace propaganda a sus actividades empresariales ignorando el encarcelamiento de sus líderes o como si se tratase de un país sin una grave crisis sociopolítica.
Algunos empresarios añoran el retorno del modelo de “diálogo y consenso”, la alianza que mantenían con Ortega a cambio de no inmiscuirse en política. Mientras los empresarios hacían grandes negocios, el dictador se encargaba de destruir la institucionalidad del país.
Carlos Pellas, uno de los empresarios más poderosos en Nicaragua, evaluaba el pacto con Ortega antes de la crisis de abril de 2018, como “sumamente positivo, el futuro de este país es buscar cómo institucionalizar ese modelo a través de una ley de alianza y diálogo”.
Las señales de rectificación no aparecen por ningún lado
El dictador nicaragüense prometió diálogo después de las elecciones, pero no ha dado señales de iniciar ese proceso. Tampoco tiene interés de dialogar con Estados Unidos. El principal asesor se seguridad en América Latina del presidente Joe Biden, Juan González, aseguró a la Voz de América que han intentado tener un diálogo con Ortega, pero la respuesta de éste ha sido ignorar.
Como también se ha reseñado en La Gaceta de la Iberosfera, el tirano se ha dedicado en las últimas semanas a amenazar a sacerdotes. Uno de ellos está preso actualmente: se trata del padre Manuel Salvador García. Una acción sin precedentes en Nicaragua.
