En medio de la crisis política que tiene sumido al Perú en un vaivén de sucesos en donde algunas veces gana el Congreso y en otras recupera terreno el Poder Ejecutivo liderado por Pedro Castillo, el Movimiento Ciudadano Integridad presentó una denuncia constitucional por la cuestión de confianza que el ex primer ministro Aníbal Torres interpuso ante el Pleno del Congreso para derogar la llamada ‘Ley Antireferéndum’.
“Hemos denunciado constitucionalmente al Presidente de la República y a todo el Consejo de Ministros, por haber hecho cuestión de confianza respecto de un proyecto de ley sobre el cual carece de competencia, con el único propósito de propiciar la disolución ilegítima del Congreso”, se lee en el portal oficial de la asociación.
“La denuncia podría dar lugar a una acusación constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que determine la destitución e inhabilitación de los denunciados para ejercer cargos públicos, debido a la gravedad de las infracciones cometidas”, agregan.
Conversamos con Jorge Lazarte, abogado y fundador del Movimiento Ciudadano Integridad, sobre la nueva denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Pedro Castillo y sus ministros bajo el argumento de que el gobierno ha planteado una cuestión de confianza ilegal.
¿Qué motivó a Integridad presentar esta denuncia constitucional?
Primero, resguardar el Estado de Derecho, el principio de separación de poderes. Creemos que Pedro Castillo tiene un claro interés en disolver el Congreso con esta cuestión de confianza, y lo que estamos buscando es evitar que una disolución ilegítima del Congreso se produzca.
El Congreso, a través de la Mesa Directiva, rechazó de plano la cuestión de confianza planteada por Aníbal Torres, lo que motivó su renuncia. Acto seguido, asumió la presidencia del Consejo de Ministros la señora Betssy Chávez. ¿Cuál es su opinión sobre la decisión de la Mesa Directiva? ¿Con esta decisión ha disparado la famosa “bala de plata”?
La Mesa Directiva actuó como corresponde, al amparo del artículo 86 del reglamento del Congreso que dice como se debe proteger cuando se presenta una cuestión de confianza ilegal. El expremier Aníbal Torres hizo una cuestión de confianza ilegal porque sometió a cuestión de confianza la aprobación de una ley orgánica, y el Poder Ejecutivo no tiene competencias para hacer cuestiones de confianza sobre leyes orgánicas, por eso es ilegal.
El reglamento del Congreso dice que ante esos casos la Mesa Directiva rechaza de plano la cuestión de confianza. Eso no gatilla la llamada “bala de plata”. Ese rechazo de la cuestión de confianza no computa como una negación de la confianza para los efectos del artículo 134 de la Constitución que permite disolver el Congreso ante una doble negatoria, y lo dice expresamente el artículo 86 del reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, y es una norma vigente.
El problema que se ha presentado es el que el Poder Ejecutivo, desobedeciendo la ley y haciendo caso omiso a las leyes vigentes y al reglamento del Congreso, ha dicho que considera que ese rechazo de plano si es una negación de confianza para los efectos del artículo 134, y él si considera que se habría gastado esa primera “bala de plata”.
Esa discrepancia de opiniones ha generado que el Congreso aprobara la tarde de este sábado una propuesta para autorizar al presidente del Parlamento, José Williams, a presentar ante el Tribunal constitucional (TC) una demanda competencial y medida cautelar contra el Ejecutivo.
¿Qué opina sobre la designación de Betssy Chávez como premier?
Creo que su nombramiento es sumamente confrontacional. Por lo general, el poder Ejecutivo busca nombrar como premier a alguien que pueda acercarse al Parlamento para coordinar las políticas públicas y la aprobación de proyectos de ley que el Ejecutivo necesita. Castillo ha nombrado a una ministra que ha sido censurada, con lo cual pone en evidencia que no quiere dialogar con el Congreso sino enfrentarse a él, y llevar al Legislativo a una situación donde se produzca una segunda, entre comillas, negatoria de la cuestión de confianza que le permita disolver el Congreso.
¿Cómo ve la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Estamos en una etapa de desenlace?
Yo veo una situación política totalmente desgastada, en su etapa final, estamos en la etapa final de esta pelea, la confrontación no da para más. La razón es muy simple: Pedro Castillo sabe que si deja la presidencia va a la cárcel, y el Congreso está muy cerca de suspenderlo, a raíz de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación por seis presuntos delitos.
Esta coyuntura pone a Castillo en una situación de desesperación, dónde lo único que le impide que vaya a la cárcel es disolviendo el Congreso que busca suspenderlo. Es muy importante lo que haga el Congreso los próximos días, pues quien gane esta última batalla puede terminar ganando la pelea.
