La Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido que el aborto no es un derecho a nivel federal, una decisión que quiebra el discurso de que es «un tema de primer mundo» y, por ende, el relato que propaga que es «un paso a seguir para las naciones emergentes».
Los primeros beneficiados, por lo tanto, son las naciones hispanas al sur de México, pues enfrentan una ola de activismo judicial que pasa por encima de sus constituciones, que consagran el derecho a la vida desde la concepción. Y ahora tienen a su favor el hecho que EEUU no sirve más de ejemplo para mantener en pie la retórica de que «el aborto es progreso».
Lo más contundente es que no sucedió bajo una Administración conservadora, sino bajo el Partido Demócrata. Esto evidencia que con el panorama político en contra la Justicia puede ser favorable a la causa provida, lo cual sirve de ejemplo para todos los países de habla hispana, comenzando por España, donde el Gobierno socialista gasta hasta 10 veces más en abortos que en mujeres embarazadas (solo en el 2018 destinó 34 millones de euros a abortos y solo 3,6 millones a las embarazadas). Ahora, con Irene Montero al mando de dicha cartera de Estado, la agenda se extremó. En el último año países como Argentina o Colombia se han sumado a la ola abortista. En este último se aprobó en febrero de este año la despenalización del aborto hasta las 24 semanas (seis meses).
Cabe resaltar que la decisión de los jueces es un duro golpe al lobby abortista que busca imponerse en Hispanoamérica. Y su impacto comienza con los propios hispanos dentro de EEUU, pues al momento son la minoría más grande en el país. Rondan el 18 por ciento y el presidente Joe Biden, sin su consentimiento, financia políticas públicas a menudo contrarias a su ethos.
En teoría, el discurso proaborto, «prochoice» en inglés, difunde que están a favor de la libertad de elegir. Pero eso no incluye elegir a qué se designan los impuestos que paga el ciudadano, incluso si va contra sus convicciones, un derecho que estaba consagrado en la Enmienda Hyde que impedía el uso de fondos federales para efectuar abortos.
La Administración Biden ha sido persistente en eliminar todas las políticas instauradas por su predecesor Donald Trump, sobre todo en materia de aborto. Hasta legalizó la experimentación con tejido fetal. Y fue la Administración de Joe Biden la que revocó el Acuerdo de Ciudad de México que prohibía el uso de impuestos de los americanos para financiar abortos en países del tercer mundo.
Al ser EEUU el mayor donante a las Naciones Unidas el impacto es directo. En el marco de la pandemia del coronavirus, dicho organismo se ha valido de la pobreza de los países en la región (también en África) para exigir el impulso del aborto a cambio de ayudas económicas para paliar la crisis sanitaria.
«La ONU no debería usar esta crisis como una oportunidad para avanzar en el acceso al aborto como un ‘servicio esencial’!, denunció quien fue administrador interino de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) de Estados Unidos, John Barsa, durante la Administración de Donald Trump. Lo hizo mediante una carta al Secretario General de la ONU.
En el caso del Ecuador, por ejemplo, la ONU presentó el «Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19» por un presupuesto de $46,4 millones de dólares. Dicho plan señala (en la página 22) que uno de los objetivos del plan es «mantener la continuidad de la salud materna, neonatal e infantil y otros servicios de salud sexual y reproductiva (término que incluye la anticoncepción y el aborto) durante la pandemia». Alegó la necesidad de «sensibilizar y capacitar al personal de salud” y de promover el «acceso a anticoncepción, incluida anticoncepción de emergencia, aborto seguro legal y la atención posterior al aborto».
De igual manera, Honduras, cuando ratificó la defensa de la vida desde la concepción en su Constitución, la ONU hizo un pronunciamiento público en contra de dicha nación para que no solo permitiera el aborto, sino que además extendiera a los homosexuales la figura del matrimonio, hasta ahora exclusivo para la unión entre hombre y mujer. Es más, por medio de la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ONU difundió la campaña proaborto «será ley» para promover el aborto en dicho país centroamericano.
Durante la Administración Trump, hubo un freno frontal a estas políticas. El presidente lanzó junto al jefe de Estado de Brasil, Jair Bolsonaro, el Consenso de Ginebra, en colaboración con el Grupo Africano. Allí lograron enfrentar la agenda abortista de la ONU para unir a las naciones que defienden la vida desde la concepción.
El posible retorno de Trump (o un candidato como Ron DeSantis) y la reelección de Bolsonaro en el octubre podrían potenciar a las naciones que buscan defender la vida desde la concepción y así servirse de la reciente decisión de la Suprema Corte de EEUU para dejar en claro que progreso no es renegar de la biología, sino poner a la medicina al servicio de la vida y no en su contra.
