La fiscal de la Nación en Perú, Patricia Benavides, retomó la investigación preliminar al comunista Pedro Castillo por el presunto delito de tráfico de Influencias, luego de que anunciara que la disposición que suspendía esta investigación preliminar al jefe de Estado quedara sin efecto.
El Ministerio Público informó que el presunto delito de tráfico de influencias se da en el caso de los ascensos de las Fuerzas Armadas. Por este caso, se procedió a citar al presidente peruano para que declare el próximo 4 de agosto, a la cabildera Karelim López (18 de julio), al empresario Zamir Villaverde (19 de julio), al exsecretario presidencial Bruno Pacheco (3 de agosto) -prófugo de la justicia- y seis oficiales del Ejército.
Este caso se suma a la ampliación de la investigación preliminar contra Castillo -dispuesta a finales de mayo por Pablo Sánchez, ex fiscal de la Nación- por «la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, sin perjuicio de otros delitos».
Ascensos irregulares
De acuerdo con una investigación del diario El Comercio, a finales del año pasado, Pedro Castillo -a través de un intermediario- le solicitó al entonces comandante general del Ejército, José Vizcarra, ascender a dos coroneles al grado de generales de brigada. Sin embargo, Vizcarra respondió que la propuesta para las promociones ya estaba cerrada.
Según El Comercio, uno de los oficiales recomendados por el Poder Ejecutivo fue Ciro Bocanegra Loayza, hijo del profesor Augusto Enrique Bocanegra Gálvez, natural de Chota, localidad de dónde es originario el presidente peruano.
Bocanegra Gálvez es amigo de Pedro Castillo. Además, es cercano a Auner Vásquez Cabrera, quien fue jefe de gabinete técnico de la Presidencia en la primera etapa del actual Gobierno comunista.
Tras negarse a colaborar con estos ascensos irregulares, Vizcarra se dio con la sorpresa de su pase al retiro leyendo el diario oficial “El Peruano”. Para el ex comandante general del Ejército, su salida fue en represalia por no aceptar el ascenso de Bocanegra Loayza y otros coroneles allegados al círculo de Castillo.
La “ayuda” de la fiscal de la Nación
La denuncia del general Vizcarra a los medios de comunicación provocó la caída del ministro de Defensa, Walter Ayala, y del secretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, pues el alto mando militar aseguró que fue presionado por estos para ascender irregularmente a dos coroneles.
Ayala tuvo que renunciar al cargo el 30 de septiembre de 2021, seguido por Pacheco, que hizo lo mismo el 19 de noviembre. Ambos terminaron enfrentando una investigación preliminar por presunto abuso de autoridad y patrocinio ilegal por la injerencia en los ascensos en las FF.AA.
Debido a la presión política y el rechazo ciudadano, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, inició dos investigaciones en contra de Pedro Castillo: la primera por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y colusión, a raíz de los casos Petro-Perú y Puente Tarata. La otra por patrocinio ilegal y tráfico de influencias, debido a la supuesta interferencia en los ascensos en las FF.AA.
No obstante, Ávalos dispuso que se suspenda el inicio de los actos de investigación hasta que culmine el mandato de Castillo en el 2026, basándose en el artículo 117 de la Constitución, el cual establece que el mandatario solo puede ser acusado durante su Gobierno por cuatro supuestos: por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso al margen de la Carta Magna y por impedir la reunión o funcionamiento de los organismos del sistema electoral.
No obstante, esta suspensión de las investigaciones dada por Ávalos fue dejada sin efecto, por lo que Castillo deberá ser interrogado este jueves 4 de agosto, una semanas después de que cumpla un año de haber asumido la presidencia del Perú.
