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'CON EL OBJETVO DE ELIMINAR CUALQUIER OPOSICIÓN'

La ONU acusa al régimen de Daniel Ortega de cometer crímenes de lesa humanidad

Un hombre reparte propaganda política de Daniel Ortega en Nicaragua. Reuters

Un grupo de expertos en Derechos Humanos de la Organizaciones Unidas (ONU) ventiló el jueves un informe que señala al régimen de Daniel Ortega por haber cometido delitos contra la humanidad en Nicaragua al menos desde el año 2018.

Así, el grupo encabezado por Jan Simon apuntó que la dictadura de Ortega ha violado sistemáticamente una serie de derechos de los nicaragüenses a través de ejecuciones extrajudiciales, detenciones, aplicación de torturas, supresión de la nacionalidad y destierro a quienes han expresado abiertamente su disidencia al régimen.

El estudio del grupo de expertos en derechos humanos coordinado por Simon da cuenta de la participación tanto de los cuerpos seguridad del Estado como de grupos parapoliciales armados por el sandinismo para arrinconar a la oposición, dando paso a crímenes de lesa humanidad.  

“Estas violaciones y abusos se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos”, apunta la declaración del grupo adscrito a la ONU.

Jan Simón también apuntó que Ortega ha logrado controlar a todos los poderes públicos en el país centroamericano, por cuanto sus desmanes en muchas ocasiones cuentan con justificaciones legales salidas del Poder Legislativo y Judicial. Aunado a ello se precisó que en medio de la escalada de represión a la que ha dado pie el régimen desde las protestas de 2018, el Estado nicaragüense se ha encargado de obstruir cualquier investigación que haga posible la determinación de responsabilidades de las muertes que ha dejado la misma.

De acuerdo a los expertos la dictadura sandinista, que gobierna la nación hispanoamericana desde 2007, ha actuado de esta manera con miras a “eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”.

El comunicado de prensa del Consejo de Derechos Humanos de la ONU hace énfasis en que, desde 2018, se ha suprimido el funcionamiento de hasta 3144 organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, teniendo la mayoría de ellas que seguir operando desde el exterior.

En 2022 Ortega enfiló directamente la represión en contra de la Iglesia Católica en el país centroamericano, persiguiendo a sacerdotes y religiosas en distintas provincias. Recientemente un obispo reconocido por plantear públicamente sus divergencias con el régimen, Monseñor Rolando Álvarez, fue sentenciado a cumplir 26 años de cárcel.

De igual modo, la dictadura sandinista decidió en febrero enviar a los Estados Unidos a 222 presos políticos, a quienes les fue retirada la nacionalidad nicaragüense. Posteriormente otro grupo de más de 90 personas -muchas de ellas hoy en el exilio- también fueron objeto del despojo del gentilicio por orden del tirano.

“Las violaciones, abusos y crímenes investigados por el GHREN y descritos en el informe dan lugar a la responsabilidad del Estado de Nicaragua, así como a responsabilidad penal individual de quienes resulten culpables, ya sea bajo el derecho internacional penal, o de conformidad con los tipos penales en la legislación nicaragüense o de terceros países”, apunta el comunicado.

En ese sentido, en el informe se exige al régimen a liberar a todas las personas que actualmente siguen ilegalmente detenidas en el país centroamericano, al mismo tiempo que se le emplaza a entablar investigaciones para dar con los responsables de las violaciones a derechos humanos. Esto último luce un tanto difícil en un contexto en el que, como se ha apuntado, Ortega tiene pleno dominio de los poderes públicos y en el que además él mismo se ha encargado de ordenar la persecución de la disidencia.

Aunque este informe supone un aliento para las cientos de víctimas de la tiranía de Ortega, se avizora cuesta arriba que en lo inmediato pueda generar consecuencias de magnitud. En un caso similar, como el de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, un panel de expertos de la ONU también determinó el año pasado la existencia de una estructura represiva alentada por el chavismo para constreñir a la oposición, sin que a esta altura dichas observaciones hayan rendido fruto en el campo penal contra el régimen venezolano.  

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