El Gobierno de Javier Milei ha anunciado un recorte del 85% de empleadas en la plantilla del antiguo Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, como parte de una reducción trimestral de contratos estatales. Esta decisión fue comunicada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, lo que generó una rápida respuesta de las trabajadoras, quienes denunciaron el desmantelamiento de las políticas públicas para «combatir la violencia de género» y exigieron la reincorporación de los empleados.
Las trabajadoras afectadas por el recorte afirmaron que «el Gobierno de Milei será el primero desde la vuelta de la democracia en no contar con un organismo específico para abordar problemáticas de género y diversidad, incumpliendo así compromisos nacionales e internacionales en la materia y generando un gran retroceso en Derechos Humanos«.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se emitió un comunicado en el que se cuestiona la decisión del gobierno libertario, señalando un vaciamiento del programa para combatir la violencia de género. «Denunciamos la disolución del organismo y que más del 80% de las trabajadoras han sido notificadas de la no renovación de sus contratos«, se expresó en el comunicado.
Mariano Cúneo Libarona anunció: «Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones en la Dirección de Protección a la Familia, asistiendo a TODOS los argentinos en situaciones de violencia«. Sin embargo, las trabajadoras denunciaron que las autoridades del Ministerio de Justicia se jactan de futuros despidos mientras afirman que cumplirán con la normativa vigente, lo cual consideran imposible sin los empleados especializados que están despidiendo.
Las ex empleadas explicaron que «el equipo interdisciplinario de la Dirección de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la integridad sexual también ha reducido su plantilla a solo dos trabajadoras«. Además, señalaron que es imposible garantizar la continuidad de la línea 144, creada para cumplir con la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres, debido a la drástica reducción del personal.
«Existen actualmente más de 7.000 víctimas de violencia de género a nivel nacional que ya han sido registradas como de Altísimo Riesgo/Emergencia y están esperando recibir la asistencia que garantiza el Programa Acompañar», detallaron las especialistas. Agregaron que los equipos interdisciplinarios de este programa, que ya habían sufrido despidos en diciembre y marzo, se reducen aún más ahora en un 50%.
Asimismo, especificaron que «incluso desconocen la normativa, anunciando que se trabajará la atención a personas en situación de violencia y riesgo, ignorando las especificidades reconocidas por la Ley 26.485 sobre la violencia de género y equiparando las obligaciones del Estado frente a cualquier delito con las obligaciones constitucionales y acuerdos internacionales en materia de género».
El Programa Acercar Derechos también ha sido desmantelado en algunas provincias y reducido a una guardia mínima en otras. De igual manera, el Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero ahora funciona con solo una trabajadora tras los despidos.
