El año 2022 ha finalizado como uno de los más críticos para Nicaragua debido al recrudecimiento de la represión y la radicalización de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, la designada vicepresidenta Rosario Murillo.
Producto de la crisis más de 250.000 nicaragüenses migraron hasta noviembre a Estados Unidos y Costa Rica, los principales destinos. Hasta noviembre un total de 181,566 nicaragüenses migraron de manera irregular a Estados Unidos, de acuerdo con informes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Mientras, Costa Rica recibió hasta noviembre casi 77 mil nicaragüenses que solicitaron refugio en ese país.
La cifra total de migrantes al finalizar el 2022 podría aproximarse a los 300 mil. Los nicaragüenses realizan largas colas durante varios días en las oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para tramitar un pasaporte.
La mayoría huye de la pobreza y la falta de oportunidades, entre ellos partidarios de Ortega y paramilitares del régimen sandinista que son denunciados en las redes sociales. Otros emigran por razones políticas.
A medida que aumenta el éxodo incrementan las remesas hacia Nicaragua, que hasta octubre alcanzaron los 2.578 millones de dólares (un aumento de 47.6% en comparación a ese mismo periodo en 2021), según un informe del Banco Central de Nicaragua. Las remesas se han convertido en la segunda fuente de ingreso externo del país gobernado por Ortega.
Cárcel o exilio para los religiosos
El rostro de la represión del régimen se intensificó contra la Iglesia católica: dos sacerdotes han sido sentenciados con condenas de 5 y 30 años de cárcel. Una decena de religiosos está en prisión a la espera de juicio, entre ellos el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, a quien el régimen acusa de “menoscabo a la integridad nacional y de propagación de noticias falsas”. A otros siete sacerdotes el régimen les ha impedido regresar al país o les ha obligado a exiliarse.
Los insultos de Ortega y su esposa contra los líderes católicos han ido escalando. Los han tildados como “curas hijos del demonio”, “hijos del diablo”, “fariseos” y hasta “sepulcros blanqueados” los ha llamado.
A lo anterior se suma la expulsión del representante del Vaticano, el nuncio apostólico, Waldemar Sommertag; la ilegalización de la Asociación Misioneras de la Caridad, de la orden de la madre Teresa de Calcuta y la posterior expulsión de una veintena de religiosas de esa organización de caridad. El dictador también cerró medios católicos, incluyendo el canal de televisión de la Conferencia Episcopal. Además, disolvió más de 3 mil ONG que estaban legalmente registradas.
Ortega acusa a los líderes religiosos de “golpistas” por haber auxiliado y abrir las puertas de los templos a las víctimas de la represión durante las protestas de abril de 2018, que dejaron un saldo de 355 muertos. Informes de organismos de derechos humanos han concluido que el régimen cometió crímenes de lesa humanidad.
Imposición del modelo cubano
La dictadura logró el control total del país tras adjudicarse el 100% de las alcaldías, 153 en total, durante las elecciones municipales de noviembre. Con ello afianza la imposición del sistema unipartidista, siguiendo el ejemplo de regímenes como el de Cuba, Corea del Norte y China.
Las elecciones municipales se desarrollaron bajo el control de los aparatos de seguridad y de inteligencia del régimen. El abstencionismo, igual que en los comicios presidenciales de 2021, fue superior al 80% de acuerdo con organismos que monitorean las elecciones.
La lista de presos políticos aumentó a 235. A lo largo del año la dictadura dictó largas condenas de cárcel que oscilan entre 8 y 13 años contra políticos de la oposición detenidos en 2021, entre ellos los exaspirantes presidenciales que competirían contra Ortega en las elecciones de noviembre de 2021, a quienes acusa de “traición a la patria”.
Embestida contra la OEA
El régimen sandinista allanó, ordenó el cierre y posteriormente confiscó la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Managua, el 24 de abril. Ese día adelantó el retiro de sus representantes ante ese organismo.
Tras la ocupación de oficiales armados, Ortega declaró de “utilidad pública” el edificio de la OEA y lo convirtió en lo que hoy llama “el museo de la infamia”.
“Esta violación del derecho es lo que sufren los nicaragüenses día a día”, dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que urgió a la comunidad internacional a “aumentar la presión”. Pero desde entonces nada ha sucedido, Ortega sigue consolidando su dictadura.
En 2022 Ortega logró eliminar a la prensa que le resultaba incómoda. Unos 120 comunicadores se encuentran refugiados en distintos países, de acuerdo con el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN). Los pocos medios que no son propiedad del régimen se autocensuran para sobrevivir.
El académico y exembajador de Nicaragua en Suecia y Alemania, José Dávila, dijo que el régimen de Daniel Ortega se encamina a consolidar en 2023 su modelo autoritario, perfeccionar el control social a través de las estructuras del Estado en localidades y barrios, y aumentar la política “asistencialista” para crear dependencia y mantener su base cautiva, valoró el académico y exembajador de Nicaragua en Suecia y Alemania, José Dávila.
Ortega se niega a un diálogo para encontrar una salida a la crisis sociopolítica. Busca fortalecer al Ejército y la Policía que le son leales. Ambas instituciones son señaladas de complicidad por la represión y los crímenes cometidos en el contexto de las protestas.
Aunque Dávila no cree viable un diálogo ante dos fracasados intentos debido a los incumplimientos de Ortega, el académico considera a la dictadura sandinista el “eslabón más débil de este tridente dictatorial latinoamericano, y lo que haga Venezuela o Cuba, tendrá efectos en Nicaragua”.
Estados Unidos promueve un acercamiento con las dictaduras de Cuba y Venezuela. En el último caso, promueve un diálogo entre la oposición de Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro. Así, el analista no cree pudiera darse un escenario similar en Nicaragua.
«No creo. Sería infame dialogar con una dictadura tan inhumana y represiva, si no hay condiciones claras como la liberación de los presos políticos y la restauración de las libertades públicas», apuntó.
«En los casos de Cuba y Venezuela, quizás Estados Unidos ve factores que faciliten el diálogo, pues un verdadero diálogo consiste en ceder y que ceda la contraparte. Es de conveniencia mutua. Y Daniel Ortega está cerrado, ensoberbecido y muy ofensivo contra los Estados Unidos», concluyó.
