El régimen de Daniel Ortega ha dictado prisión preventiva para el vicario episcopal de Boaco, monseñor José Leonardo Urbina. Es el segundo sacerdote entre rejas en pocas semanas. El dictador busca criminalizarles pretendiendo hacerles ver ante la feligresía y la opinión pública como abusadores de mujeres y niñas, una estrategia que el sandinismo emplea desde la primera dictadura contra la Iglesia católica.
Monseñor Urbina es acusado de presunta violación contra una menor de 14 años de edad. Antes de él fue detenido el párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, padre Manuel Salvador García, a quien el régimen acusa de «golpear» a una mujer, pese a que la supuesta víctima Martha Candelaria Rivas no interpuso denuncia y negó que la hubiese golpeado intencionalmente, una declaración que fue ratificada por la hija de la mujer, una menor de 15 años, que acompañaba a su madre a la parroquia el día de los hechos.
Sin embargo, el régimen sentenció al padre García a 4 años y 8 meses de cárcel, y a la presunta víctima a cinco años de prisión, acusada de «falso testimonio» porque inicialmente Rivas dijo a medios del régimen que era amiga «intima» del padre García, quien la había agredido cuando conversaban y tomaban licor. La mujer luego se retractó.
Ortega, involucrado en macabras denuncias documentadas por abuso sexual contra menores de edad, entre ellas la de su hijastra Zoilamérica Ortega Murillo, ha empleado maniobras de escándalo sexual, juicios y condenas contra quienes considera sus enemigos, incluso contra clérigos.
La tiranía ha desatado una ola represiva contra los sacerdotes de la Iglesia católica y ha impuesto un estado de terror para crear sentimientos de indefensión.
Los fieles católicos de Boaco se han manifestado en favor de su pastor y han salido a las calles a protestar contra las acciones de la tiranía. Jaime Ampie, expreso político de la dictadura y actualmente en el exilio, dijo que monseñor es muy querido por su comunidad y ha estado al lado de los presos políticos como sucedió con él, que permaneció un año en la cárcel por ser un crítico de la dictadura.
«La Iglesia es un poder claro en Nicaragua, y no apoya a la dictadura. Las tácticas son las mismas de los años 80, con ciertas modificaciones de la agenda globalista, saben que la manera de desprestigiar a un sacerdote es con el tema del abuso sexual vendido por algunos lobbies en el mundo. El sandinismo no es la excepción», sentenció.
Monseñor Urbina fue trasladado por el régimen de Ortega a Managua, la capital, donde es enjuiciado. Ampie reconoció a los «testigos» que acusan al sacerdote y que aparecen en una foto divulgada por el régimen el día del inicio del proceso judicial. Son militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido en el poder, y activistas de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), los ojos del régimen en los barrios y ciudades conocidos como «sapos».
Identificó a la concejal sandinista Reina Oporta, la misma mujer que le acusó falsamente de disparar en las protestas contra el régimen. Esa misma mujer hoy participa en el linchamiento contra el vicario episcopal, sostiene. Los otros «acusadores» son integrantes del CPC, el zonal del FSLN, y de la Juventud Sandinista, uno de los brazos paramilitares.
Persecución y asedio
El exembajador de Nicaragua en Alemania y Suecia, José Dávila, dijo que hasta hace poco la estrategia de la dictadura contra la Iglesia era persecución y asedio, pero que ahora están encarcelando a sacerdotes.
«En estos momentos están judicializando a sacerdotes. Vemos que a cinco años de prisión condenó la ‘justicia’ de Ortega-Murillo a la señora que se retractó de la acusación que había hecho al padre García de Nandaime; fue condenada entonces por ‘falso testimonio’, pero el padre sigue preso. Monseñor Urbina fue llevado a prisión en un operativo rápido y bien orquestado».
Para el analista, hay una nueva estrategia del régimen «para golpear a la iglesia, para desprestigiarla y que tenga miedo de seguir siendo la voz de los oprimidos. «Las agresiones han sido permanentes, desde querer moldear la Iglesia a su gusto, hasta destierros- Y ahora han vuelto a las tramas, trampas y conspiraciones para avergonzar a los sacerdotes, como (ocurrió) en los años 80”, subrayó Dávila.
La Iglesia popular
Dávila recordó que, en los años 80, la primera idea de Ortega fue tener una Iglesia a su gusto y antojo a través de la llamada «Iglesia popular«, integrada por sacerdotes de izquierda o «progresistas» que gobernaron junto a Ortega durante los 11 años del primer régimen sandinista, pese a los crímenes, robos, presos políticos y censura a las libertades públicas.
El sandinismo llamaba a la Iglesia popular la «Iglesia del pueblo” para confundir a la feligresía. «La Iglesia popular ha tratado siempre de dividir a la iglesia católica, las figuras principales eran los padres Ernesto Cardenal (ministro de Cultura), Miguel d’Escoto, el canciller en esa época, y Edgard Parrales, titular de Asuntos Sociales», afirmó un analista político que pidió no ser identificado por razones de seguridad.
Cardenal y d’Escoto ya fallecieron, el primero divorciado de Ortega e integrando el sandinismo disidente. El segundo murió siendo fiel al dictador. Parrales, que se retiró de la iglesia, hoy con 79 años de edad es uno de los presos políticos de su antiguo camarada.
El propósito de la primera dictadura sandinista era controlar la Iglesia católica «que en ese momento se encontraba bajo el liderazgo del arzobispo Miguel Obando y Bravo en la Conferencia Episcopal. El sandinismo buscó por todos los medios doblegar a Obando y Bravo hasta que lo lograron con el caso de Roberto Rivas”.
Rivas, un estrecho colaborador de Obando y Bravo, era acusado de corrupción. «Obando y Bravo se pasó al final al bando de Ortega al final de su vida, pero siempre la tendencia ha sido enfrentar a la Iglesia que ha sido el único cuerpo con capacidad y estructuras y cadenas de mando dentro de la Iglesia a nivel nacional», dijo el analista.
Roberto Rivas fue nombrado magistrado y posteriormente presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE). Fue el hombre que le garantizó el triunfo y la permanencia a Ortega en el poder a través de los fraudes electorales hasta que fue sancionado por Estados Unidos en diciembre de 2017, con la Ley Global Magnitsky. Murió por covid en marzo. «Es evidente que Ortega quiere dividir a la Iglesia católica. No sucede lo mismo con la Iglesia evangélica porque no tienen la organización ni la estructura de la iglesia católica», acotó.
La Iglesia, en silencio
La Iglesia ha mantenido silencio ante la ola de ataques del régimen, y ha pedido al clero y la feligresía mantenerse en oración.
«Se supo que fuerzas del régimen se tomaron el jueves dos instalaciones de la Arquidiócesis de Managua, un seminario meno, y un colegio católico. Se ha señalado que el papa Francisco y la alta jerarquía no protestan como debieran hacerlo, aunque hay condenas de parte de sacerdotes, pero yo creo que la Iglesia jerárquica no entrará en polémica con Ortega, están bien informados, pero prefieren un prudente silencio porque su confianza es de otra naturaleza, esta persecución la ven como ataques pasajeros, de los que confían salir adelante por convicciones espirituales«, aseveró Dávila.
