El jueves pasado, el Tribunal de Justicia de Minas Gerais (TJ-MG) tomó la decisión de retirar de su cargo obligatoriamente a la jueza Ludmila Lins Grilo, quien previamente había sido destituida por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ). La magistrada había sido objeto de investigaciones debido a las críticas hechas a la inquisición de las «fake news», realizada por el Supremo Tribunal Federal (STF). La Gaceta de La Iberosfera ya abordó los abusos de estos procesos inquisitoriales en otro artículo.
La decisión del TJ-MG generó polémica y recibió un fuerte repudio de la Asociación Brasileña de Juristas Conservadores (Abrajuc), que alega que hubo persecución política. Los motivos específicos de la destitución del juez aún no han sido revelados por el tribunal, que justificaron la jubilación obligatoria por ser de interés público.
Abrajuc criticó la medida, afirmando que lesiona gravemente el poder judicial nacional y alegando que el estado de derecho no debe permitir la persecución política, aunque sea disfrazada de misiones institucionales. Para la asociación, la democracia, la libertad, las instituciones y el Estado de derecho están siendo ultrajados en Brasil, y el miedo es un sentimiento común. Llaman a la vuelta a la normalidad constitucional y al rescate de la seguridad jurídica y la fe en la justicia. Abrajuc dijo en su nota:
«El Estado de derecho no admite la persecución política, aunque se disfrace de misión institucional o incluso presente un disfraz constitucional que, en verdad, termina revelándose en pirotecnia jurídica con el propósito de promover una persecución sigilosa contra los enemigos ideológicos«.
También consultamos, de manera exclusiva, al director jurídico del Instituto Nacional de la Defensoría (INAD), Pierre Lourenço, sobre la decisión. Lourenço afirmó que la decisión de retiro forzoso de la referida jueza es un reflejo de la “distorsión del poder judicial”. El abogado concluyó:
«Lamentamos esta posición del TJMG y nos preocupa el futuro del poder judicial, pues es claro que la exoneración de la jueza Ludmila pretende imponer un régimen de terror y miedo a los demás magistrados, impidiéndoles juzgar las causas según a su libre albedrío».
Ludmila Lins Grilo también enfrenta un segundo proceso disciplinario relacionado con manifestaciones político-partidarias realizadas en entrevistas, eventos y redes sociales. El CNJ investiga si violó el deber de imparcialidad.
Es importante señalar que al mismo tiempo que Ludmila Grilo tiene cuestionada su imparcialidad por tener posiciones conservadoras; el juez del STF Edson Fachin, que fue nominado por el Partido de los Trabajadores y liberó a Lula da Silva de prisión, nunca ha sido cuestionado por abierta parcialidad a favor de la izquierda.
E incluso, la próxima vacante de juez del STF debe ser Cristiano Zanin, quien es el abogado personal de Lula da Silva. Otro caso: el exmagistrado de la Corte Suprema de Brasil, Ricardo Lewandoswiski, ya apoyó y participó en hechos de la organización terrorista MST que invade propiedades rurales y no ha sufrido castigo alguno.
La juez, a su vez, afirmó que fue víctima de un «asesinato de reputación« y un «alboroto mediático» durante la apertura de la investigación de la CNJ. Se defendió de las acusaciones de ausentismo en el trabajo presencial, baja productividad y lentitud, afirmando que comenzó a sufrir amenazas laborales, lo que la llevó a realizar audiencias alternativamente en distintas ciudades y a trabajar íntegramente por videoconferencia.
El retiro forzoso de la jueza Ludmila Lins Grilo suscita debates sobre la libertad de expresión, la persecución política y el papel del Poder Judicial en el país. La decisión del TJ-MG despertó críticas y generó polémica, mientras Abrajuc pide el rescate de la normalidad constitucional en Brasil.
Este caso de la jueza brasileña es similar al ocurrido contra su homóloga venezolana, María Lourdes Afiuni. Fue condenada y sufrió violencia por desafiar al Gobierno de Hugo Chávez. En 2009, luego de otorgar la libertad condicional a un banquero detenido sin juicio, Afiuni fue arrestada por una orden de Chávez transmitida por televisión.
Luego fue llevada directamente a prisión, donde enfrentó condiciones inhumanas y violencia por parte de sus compañeros de celda. La exmagistrada también fue víctima de violación y aborto forzado mientras estaba en la cárcel. El caso fue ampliamente discutido en los medios y generó polémica sobre la justicia en Venezuela. María Lourdes Afiuni, la intrépida jueza que desafió a Hugo Chávez, pagó un terrible precio por su valentía. Su historia es un sombrío recordatorio del abuso de poder y la corrupción que plagan a Venezuela.
