A finales de diciembre expira la ley de sanciones Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act, conocida como Nica Act, aprobada por el Congreso de Estados Unidos y promulgada durante la presidencia de Donald Trump contra los abusos del régimen de Daniel Ortega, una herramienta importante pese a que ha sido subutilizada por el actual Gobierno estadounidense.
Algunos analistas, activistas y senadores creen que es importante extender el periodo de vigencia de la Ley con la que han sido sancionados la Policía Nacional y altos funcionarios señalados crímenes de lesa humanidad por organismos de derechos humanos.
La Nica Act fue aprobada el 20 de diciembre de 2018, ocho meses más tarde del estallido de abril de 2018, que dejó un saldo superior a los 350 muertos, centenares de heridos y presos y miles salieron al exilio a causa de la represión. Dado que el plazo para el que fue creada está por vencer, algunos activistas y senadores como Marco Rubio y Tim Kaine están pidiendo una extensión por otros cinco años.
Hasta ahora, Estados Unidos ha sancionado a más de 1.000 funcionarios empleando diferentes herramientas legales. Más de 60 de forma directa con leyes como la Nica Act, Global Magnitsky, la ley Renacer (Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua), y la Orden Ejecutiva 13851, que permite a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) designar sanciones en la llamada «Lista SDN» y bloquear bienes de ciertas personas que contribuyen con la crisis sociopolítica en Nicaragua.
Además, Estados Unidos ha retirado visas a centenares de funcionarios del régimen sandinista.
Pese a todas las herramientas que posee Estados Unidos para sancionar al régimen de Ortega, la efectividad de las mismas ha sido cuestionada por analistas debido a que no han sido implementadas a su máxima capacidad por falta de voluntad política, esto a pesar de las graves violaciones de Ortega como las fraudulentas elecciones de 2021 en las que encarceló a siete de sus adversarios, canceló personerías jurídicas de los partidos políticos de la oposición, el destierro de más de 300 personas entre ellos presos políticos, el encarcelamiento del obispo de la diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez condenado por la dictadura a más de 20 años de prisión por ser crítico de las políticas del régimen, y el retorno de las confiscaciones, igual que ocurrió durante la primera dictadura sandinista.
¿Por qué su poca efectividad a esta altura?
Para el jurista y exasesor del Congreso de Estados Unidos, Jason Poblete, las sanciones solo funcionan si son parte de una estrategia política. «Si la meta fue cambiar la política del país, no lo ha hecho porque no ha sido una política comprensiva en mi opinión, ningún partido lo ha logrado, ni republicanos ni demócratas».
Las sanciones han sido designadas a individuos y una docena a entidades vinculadas al régimen de Ortega. La legislación establece el congelamiento de activos bajo la jurisdicción de Estados Unidos, cancelación de visados y el no uso del sistema bancario estadounidense.
La OFAC, que depende del Departamento del Tesoro, impone sanciones a países o individuos determinados, bajo dos categorías: «integrales o generales» y «selectivas o específicas», utilizando el bloqueo de activos y restricciones comerciales para lograr objetivos en materia de política exterior y seguridad nacional.
Poblete considera que deben estar combinadas por sanciones individuales y comprensivas (económicas y comerciales) que incluyan al entorno del gobernante. El círculo de Ortega, con la cúpula militar, se ha convertido en uno de grandes empresarios.
«Las sanciones individuales no son suficientes para un régimen totalitario como el de Ortega, debido a que este tipo de sanciones son limitadas porque tocan a individuos por situaciones específicas como narcotráfico, corrupción, tráfico de armas y tráfico de personas. Mientras que una plataforma comprensiva es mucho más amplia porque abarca mayores penalidades como castigos para que no puedan usar la banca para negocios, viajar por el mundo, y pueden ser investigados por la Policía Internacional», aseveró Poblete.
La combinación de ambos tipos de sanciones puede ser exitosa, afirma el letrado.
«Opino que no ha sido parte de una estrategia política hacia Nicaragua. Utilizaron la sanción como herramienta, pero una herramienta sin alguien que la sepa usar puede causar más daño que arreglar el problema», acotó Poblete, quien apunta que las consecuencias son claras porque «los chinos y los rusos se han colado y los cubanos siguen allá (en Nicaragua)».
Sanciones más fuertes
Un sector de la oposición del país centroamericano ha solicitado sanciones severas contra el régimen como el retiro de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio (DR-Cafta) entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, que le permite a la nación gozar de beneficios arancelarios. La propuesta no ha encontrado eco.
Pero otro sector que ha logrado relaciones en Washington coincide con el sector empresarial en Nicaragua vinculado a Ortega, que las sanciones económicas afectan a la población y no al régimen.
Los organismos financieros internacionales
La Nica Act, cuyo mandato ordena a Estados Unidos votar ante los organismos multilaterales en contra de las solicitudes de créditos a Nicaragua, al parecer no se ha cumplido. El Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo mayor socio de esa entidad es Estados Unidos, dio un espaldarazo a Ortega en el manejo de la economía y augura continuar el apoyo a los planes del régimen en esa materia.
«La economía de Nicaragua ha mantenido su resiliencia frente a múltiples shocks gracias a políticas económicas adecuadas, colchones considerables y apoyo multilateral. Tras un repunte muy fuerte en 2021, el crecimiento económico ha sido estable gracias al consumo privado y al desempeño de las exportaciones desde 2022. Se espera que el PIB real crezca un 4 por ciento en 2023, que la inflación se desacelera y que la posición fiscal del gobierno central presente un pequeño superávit y amplios depósitos. Se estima que las remesas alcanzarán alrededor del 28 por ciento del PIB a finales de 2023, el doble de su nivel de finales de 2021, impulsadas por el rápido aumento de los emigrantes nicaragüenses», dice el comunicado del FMI tras publicar su informe al respecto.
Los migrantes han salido del país por razones políticas y económicas.
Jaime Arellano, desterrado y expreso político considera un insulto el informe del FMI para el pueblo de Nicaragua, los muertos a manos del régimen y los exiliados. «Puso al régimen de Ortega como si fuese un paraíso, que la migración es algo positivo y que hay que reconocerlo. Es vergonzoso este informe del FMI, está fuera de la realidad», acotó.
Uno de los principales organismos financieros internacionales que le ha otorgado préstamos al régimen sandinista es el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), cuyos socios son Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Taiwán, Argentina, España y Corea.
Hasta ahora las sanciones no han sancionado la médula principal de la dictadura: el Ejército. Este posee grandes inversiones en Estados Unidos, pese al apoyo declarado a Ortega y su participación en la represión denunciada por exmilitares exiliados en Estados Unidos.
Aun cuando se habla de la poca efectividad de la Nica Act, Poblete cree que van a extender el plazo de vigencia de esa ley de sanciones, cosa que además cree necesaria. El experto es de la opinión que el dictador sandinista busca negociar con Estados Unidos, su principal socio comercial.
Y asegura que Nicaragua todavía es salvable por la valentía de sus ciudadanos y porque «probó la libertad en 1990», algo que no ha ocurrido en el caso de Cuba con una dictadura con más de 60 años en el poder y Venezuela con casi un cuarto de siglo en manos del chavismo y con una migración de 8 millones de habitantes.
