La ciudad argentina de Rosario ha cobrado importancia en la prensa mundial en los últimos días. Lamentablemente dicha notoriedad se debe al repunte que viven los niveles de violencia en la urbe portuaria ubicada en la Provincia de Santa Fe, al noreste del país sudamericano.
La semana pasada en la localidad fueron asesinadas al menos cuatro personas: Bruno Bussanich, dependiente de una estación de gasolina de 25 años; Héctor Figueroa y Diego Celentano, taxistas de 43 y 32 años respectivamente y Marco Daloia, un conductor de autobús de 39 años. Todos los homicidios corresponden a la ejecución de sicariatos que se asumen como parte de la guerra que poderosas bandas de narcotraficantes han pretendido desafiar a las autoridades.
Durante el 2023 se produjeron 259 muertes violentas en Rosario, lo que es igual a 22 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a números del Observatorio de Seguridad Pública (OSP) de la provincia de Santa Fe. La cifra es cinco veces más alta que la del promedio de toda Argentina durante el año pasado.
En diciembre una de las primeras decisiones tomadas por el entonces recién electo gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, fue endurecer las políticas carcelarias en Santa Fe. Su objetivo era claro: poner orden dentro de las prisiones donde están recluidos varios de los jefes de las pandillas locales. Sin embargo, estos han optado por enviar un mensaje tanto a Pullaro como al Ejecutivo encabezado por Javier Milei.
Una ley antibanda para combatir la oleada de criminalidad
La respuesta de la presidencia de la República no se ha hecho esperar. El viernes pasado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, comunicó que el Ejecutivo ha decidido convocar un comité de crisis que emprenda medidas especiales para poner coto a la ola de violencia que allí se vive.
Entre ellas Bullrich, quien se trasladó personalmente a Rosario el lunes, optó por reforzar a la Policía de Santa Fe con el acompañamiento de agentes de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, en lo que ha denominado ya es un enfrentamiento claro con bandas «narcoterroristas».
«Vamos a pedirle a la Justicia la utilización de la ley antiterrorista (…) Estamos enviando al Congreso de la Nación la ley antimafia o antibanda, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado, tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselos a todos sus integrantes como hizo el Código Penal de Italia que terminó con las mafias italianas», recalcó la titular de la cartera de Seguridad en una rueda de prensa.
Una ciudad muerta
Un reportaje del diario argentino La Nación publicado el martes da cuenta del estado actual de Rosario. Frente al miedo causado por los criminales de estas bandas delictivas, muchos de los ciudadanos han optado por replegarse a sus casas. De acuerdo al medio la sensación que se experimenta en varias zonas de la urbe, la tercera más poblada de todo el país austral, asemeja a la de un toque de queda. Sin embargo, las autoridades no han dictaminado la suspensión de garantías en la localidad.
Esta sensación probablemente guarda similitudes con lo ocurrido en ciudades como Medellín durante la década de los ochenta, cuando el Cártel encabezado por el famoso capo de la droga Pablo Escobar causó estragos a través de acciones de terrorismo urbano que incluían asesinatos selectivos, secuestros y la colocación de coches bomba.
En el fondo la raíz del problema de Rosario es el mismo que por aquel entonces transitaba la ciudad colombiana: ser una zona vinculada al tráfico de drogas en donde los grupos delictivos que protagonizan el negocio no están dispuestos a ceder terreno.
Un reporte de Insight Crime afirma que el auge de la violencia asociada al narco en la región data al menos de 2013. Sin embargo, la misma organización refiere que durante los últimos años dicha actividad se ha recrudecido ostensiblemente; sobre todo desde que la zona portuaria de este punto geográfico es clave para enviar cocaína a Europa y África.
