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SEÑALA A LA OPEN SOCIETY DE SOROS ENTRE LAS FINANCISTAS

Un informe del Congreso sobre ONG ambientalistas arroja sospechas de corrupción y de violación de la soberanía brasileña

Selva amazónica. Europa Press

La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de Brasil está intensificando su investigación sobre el impacto del financiamiento externo, principalmente de Estados Unidos y la Unión Europea, en las actividades de las ONG en la Amazonía. La principal preocupación radica en la posibilidad de que estos fondos, destinados a la conservación del medio ambiente, estén obstaculizando el desarrollo económico regional.

El informe presentado por el senador Márcio Bittar (União-AC) aborda un pedido de procesamiento del presidente del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), Mauro Oliveira Pires, por corrupción pasiva e improbidad administrativa. Las acusaciones se basan en actividades realizadas por Pires durante un período de licencia en el ICMBio, en el que trabajó como socio de una empresa de consultoría ambiental.

Entre los financiadores se destacan la Embajada de Noruega y la USAID, con inversiones de 3.000 millones de reales (564 millones de euros) y aproximadamente 635 millones de reales (119 millones de euros), respectivamente. Estas inversiones plantean dudas sobre la soberanía de Brasil en la gestión del Amazonas, y expertos como Samuel Souza de la Iniciativa Dex y Marco Aurélio Vieira destacan la restricción de la autonomía brasileña sobre la región. Un ejemplo que ilustra esta violación de la soberanía fue la visita del rey de Noruega, Heraldo V, a la Amazonia en 2013 para visitar pueblos yanomami, sin el conocimiento de las autoridades brasileñas.

Documentos de la Abin indican que entidades nacionales financiadas por USAID, como la Asociación Kanindé para la Defensa Etnoambiental, el Instituto Internacional de Educación de Brasil (IEB), Imazon y el Instituto de Investigaciones Ecológicas (Ipe), pueden estar involucradas en interferencias externas contrarias a los intereses nacionales. La ONG Kanindé está financiada por el multimillonario George Soros. Según una encuesta, la Open Society Foundations (financiada por Soros) gastó 107.2 millones de reales (20 millones de euros) en organizaciones ambientales que operan en Brasil.

ONG como el Instituto Socioambiental (Isa) y la Fundação Amazônia Sustentável (Fas) reciben importantes cantidades de donaciones internacionales. Sin embargo, el CPI destaca que muchos recursos se dirigen a gastos administrativos, como salarios y viajes, en lugar de acciones efectivas sobre el terreno. En otras palabras, se producen más gastos en mantener la burocracia misma que en acciones concretas. El analista político Marco Aurélio Vieira dijo al periódico Gazeta do Povo: «Estas ONG utilizan los recursos para su propia supervivencia. Al final, los 22 millones de brasileños que viven en la Amazonía son una gran masa olvidada.»

La relación entre el gobierno y las ONG también es objeto de escrutinio, con acusaciones de una «puerta giratoria» entre las posiciones gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales. La ministra Marina Silva, por ejemplo, es mencionada por mantener vínculos con el Ipam y el Fondo Amazonía, mientras ocupaba un cargo ministerial.

Del IPC surgieron propuestas legislativas que apuntan a una mayor transparencia y rendición de cuentas en la rendición de cuentas de las ONG, entre ellas restricciones al papel de los servidores públicos en los órganos de gestión y supervisión de estas entidades, regulación de las actividades económicas en tierras indígenas y normas generales para la transparencia del Fondo Amazonía.

Además, el CPI propone la creación de una Comisión Permanente sobre la Amazonía en el Senado, enfocada a debatir temas que afectan a la región, evaluar la efectividad de las políticas públicas y arrojar luz sobre los «aspectos invisibles de la Amazonía».

En resumen, el CPI de ONG saca a la luz preocupaciones importantes sobre el impacto del financiamiento extranjero en las ONG que operan en esta zona, planteando interrogantes sobre la soberanía nacional, el desarrollo económico, la integridad administrativa y los efectos potencialmente adversos de estas donaciones en la gobernanza y la autonomía de la región.

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