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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

PP y Cs registran en el Congreso su petición para investigar el «caso Ábalos»

Los grupos parlamentarios del PP y de Cs han registrado este lunes la petición para crear y desarrollar durante seis meses una comisión de investigación sobre el encuentro del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la número dos de Nicolás Maduro en el aeropuerto Madrid-Barajas.

Tanto el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, como la portavoz de la gestora de la formación naranja, Melisa Rodríguez, anunciaron por la mañana la iniciativa, formalizada horas después en el Congreso. Lo más probable es que la Mesa la analice mañana.

Pedir en la Cámara Baja una comisión de investigación es algo que puede hacer el Gobierno, la propia Mesa, dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados. PP y Cs se han unido para solicitar la investigación del llamado «caso Ábalos».

El reglamento del Congreso permite que dichas comisiones, si salen adelante, elaboren un plan de trabajo, nombren ponencias en su seno y soliciten comparecencias de «cualquier persona para ser oída».

En la solicitud, PP y Cs detallan ese plan. El objetivo será «investigar, y en su caso, determinar la concurrencia de responsabilidades políticas en relación con las decisiones adoptadas por el Gobierno español para el estricto cumplimiento de las sanciones» de la UE acerca de una serie de mandatarios venezolanos, cargos del Gobierno de Maduro.

Según las diferentes y sucesivas versiones proporcionadas hasta la fecha, Ábalos vio a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el interior de un avión durante la madrugada del domingo al lunes pasados.

Rodríguez es una de las personas que ni pueden pisar suelo comunitario ni pueden hacer uso de sus bienes dentro de él.

PP y Cs quieren investigar qué es lo que hizo Ábalos para, según el Gobierno, impedir que la número dos de Maduro entrara en España.

El plazo que fijan para ello los dos grupos es de seis meses, tras los cuales la comisión elevará un dictamen con conclusiones con el fin de que lo apruebe o rechace el pleno. Abre la opción de que dicho documento se traslade al Ministerio Fiscal.

La composición de la comisión, si fructifica, será la siguiente: tres diputados del PSOE, dos del PP, dos de Vox, uno de Unidas Podemos, uno de ERC, uno del Grupo Plural, uno de Cs, uno del PNV, uno de Bildu y otro del Mixto.

Entre los comparecientes podrían figurar quienes «pueden resultar, por las informaciones conocidas, política, penal, civil o administrativamente responsables de las prácticas» que se investigarían, señalan PP y Cs en el texto de la petición.

Según destacan ambos grupos en la exposición de motivos, «la presencia en el aeropuerto de Madrid-Barajas de Delcy Rodríguez, así como las informaciones sobre posibles pagos millonarios del régimen chavista» al exembajador español Raúl Morodo -en época del Gobierno de Zapatero- «a través de consultorías presuntamente ficticias» son «asuntos de suficiente relevancia política» como para abrir una investigación.

Las conclusiones a las que pueda llegar esta comisión, si echa a andar, «no serán vinculantes para los tribunales», recalca el reglamento del Congreso.

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