La Iglesia católica en Nicaragua vive una situación difícil y grave tras la nueva ola de detenciones y persecución contra líderes religiosos desatada por la dictadura de Daniel Ortega, con lo que se busca acentuar la escalada represiva para forzar una negociación, amedrentar y desalentar a la población.
A menos de tres meses de la liberación y el destierro de 12 sacerdotes con destino al Vaticano, el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, ejecuta nuevos arrestos contra sacerdotes de la Iglesia Católica. Al menos 10 religiosos han sido detenidos en distintos puntos del país en los días de Navidad y Año Nuevo, sin que se conozca de su paradero, condición física y de qué les acusan. Mientras, otros jerarcas son asediados con la presencia de policías.
Con las últimas acciones del régimen la lista de sacerdotes privados de libertad ascendió a 11. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, fue condenado por la dictadura sandinista a 26 años de cárcel, acusado de «traición a la patria». En total dos obispos, seis sacerdotes y dos seminaristas permanecen secuestrados por la dictadura.
Las nuevas detenciones ocurren en medio de un clima de tensiones entre Ortega y la Iglesia católica, una crisis que inició en abril de 2018, tras las protestas antigubernamentales que demandaban la salida del poder del dictador, cuya respuesta fue una brutal represión que dejó más de 355 personas asesinadas. Ortega responsabiliza a la Iglesia de las protestas y la acusa de un supuesto y fallido «golpe de Estado» que pretendía ponerse en marcha.
Los nuevos detenidos son: Monseñor Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua, la más importante del país; Monseñor Isidoro Mora Ortega, obispo de la Diócesis de Siuna; Monseñor Óscar Escoto, vicario general de la Diócesis de Matagalpa; el padre Marcos Díaz, de la Diócesis de León, vicario de la Iglesia de Santo Tomás, en Corinto; el padre Pablo Villafranca, párroco de la Iglesia Nuestro Señor de Veracruz, en Nandaime; el padre Héctor Treminio, párroco de la iglesia Santo Cristo de Esquipulas; el padre Fernando Calero, párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, en Rancho Grande, Matagalpa; el presbítero Yader Guido, tercer vicario de la Catedral de Matagalpa; y Lester Sáenz y Tony Palacio, ambos estudiantes del Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima.
Para el analista político que llamaremos José Díaz, por razones de seguridad, la actual escalada de detenciones tiene varios objetivos: disuadir a la Iglesia de su posición pública a través del encarcelamiento selectivo de las voces críticas de alto rango dentro de la jerarquía católica, tratar de silenciar la voz profética, entorpecer la labor pastoral y la obra social que tradicionalmente ha realizado el clero en las comunidades.
«Los objetivos concretos en el corto plazo son acallar la única voz crítica que queda internamente y aumentar la dependencia de la población más necesitada respecto del Estado», acotó Díaz, quien agregó que por esa misma razón es el ataque contra las organizaciones de sociedad civil que realizan labores benéficas.
De los insultos a los tiros y la cárcel
El dictador sandinista ha ido escalando la persecución contra los sacerdotes. No solo los ha descalificado llamándoles «hijos del demonio» o «mafia organizada», sino que sus agresiones han pasado de las palabras a las acciones criminales.
Las fuerzas represivas de Ortega dispararon contra la parroquia Divina Misericordia en julio de 2018, donde un grupo de estudiantes se había refugiado huyendo de los grupos paramilitares, dejando como saldo un estudiante muerto. Quemaron la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua. Una simpatizante del régimen lanzó ácido en el rostro al sacerdote Mario Guevara.
A ello se suman los ataques a más de un centenar de religiosos que se han visto obligados a exiliarse, han sido expulsados o no le han permitido retorno al país durante sus viajes al exterior.
La tensión también ha estado marcada por la prohibición de procesiones católicas y el cierre de la misión diplomática en el Vaticano. Pero los feligreses no se han detenido en participar en los actos religiosos, las iglesias permanecen llenas en cada homilía.
La cubanización
Llamaremos Francisco Sequeira a un católico practicante involucrado en las labores de la Iglesia en Nicaragua, que coincide con Díaz. El entrevistado cree que el objetivo del régimen es aumentar la presión contra los representantes de la Iglesia para obligarlos a negociar, buscar un entendimiento y controlar el discurso de la Iglesia.
Pero Sequeira no cree que Ortega logre sus objetivos, porque nada de lo que han hecho le ha funcionado. Señala que es por eso el interés del régimen de acelerar el proceso de cubanización, un objetivo que no logró concluir durante la primera dictadura sandinista (1979-1990).
En esa línea se ubica el retorno del Ministerio del Interior (MINT), un temido organismo represivo durante la década de los 80, señalado de espionaje, encarcelar, torturar y asesinar a opositores. Con el regreso del MINT, Ortega persigue amedrentar y controlar cualquier disidencia o discurso no alineado al proyecto totalitario que llaman revolución. «El mensaje es el rescate de los ‘valores de esa revolución de los 80’, un discurso enfermo que ni para sus fanáticos resulta atractivo», acotó.
A largo plazo, Sequeira estima que Ortega no logrará sus objetivos. Considera que la feligresía y las autoridades eclesiásticas están en silencio prudente ante las acciones y la crueldad con que actúa la dictadura.
En contra de Ortega también juega su edad y las enfermedades crónicas que padece, según sus allegados. Todo indica que no habría un largo plazo para él a sus 78 años, por eso la prisa y la presencia más activa de su hijo Laureano Ortega, el supuesto sustituto, en los asuntos de Gobierno.
Para Díaz la dictadura tiene un objetivo estratégico que consiste en «una demostración de fuerza para desmoralizar a la oposición, dejando claro que si son capaces de someter a estos ultrajes a la Iglesia con mucha mayor facilidad pueden hacerlo contra cualquier ciudadano que se atreva a expresar disidencia» en el interior del país.
Control de las ideas
El analista considera que el control mediante la fuerza de las armas no es sostenible y que la dictadura sabe que la única manera de perpetuarse es teniendo el control de las ideas y en ese sentido ha venido cometiendo atropellos.
«Es por eso que ha enfilado sus ataques durante los últimos dos años contra las universidades, colegios y ahora las Iglesias, que son las principales fuentes de creación de pensamiento crítico», subrayó Díaz.
Y es que el régimen ha cerrado 30 universidades en los dos últimos años y ha confiscado los bienes, una práctica común del sandinismo. El caso más conocido es el de la Universidad Centroamericana (UCA), una institución privada, administrada por la Compañía de Jesús.
«En su ataque contra la Iglesia el régimen está desempolvando más de medio siglo después los manuales de los regímenes comunistas de Europa del Este, pues el patrón de actuaciones es el mismo. Aquí no está ocurriendo nada novedoso, sino que se está siguiendo un procedimiento ampliamente conocido por la Iglesia; y dentro de la jerarquía católica nacional hay total claridad de la gravedad de la situación», apuntó.
A juicio de Díaz, en lo que no hay hasta ahora unanimidad dentro de la Iglesia, es sobre la forma de hacerle frente al régimen.
Lo que ha marcado a la Conferencia Episcopal de Nicaragua tras la ola de ataques del régimen, ha sido la prudencia y la oración.
«La indignación de la feligresía es real y aunque no lo expresen públicamente sí lo expresan a sus respectivos párrocos y Obispos, y esa creciente indignación y exigencia de acciones visibles ha sido transmitida abiertamente a la Conferencia Episcopal y hay obispos con posiciones más duras que otros sobre el tipo de respuesta pública que debe dar la Iglesia», afirmó.
En ese sentido, asegura que el régimen sabe que un endurecimiento de la posición pública de la Iglesia es peligroso para ellos y tendrían que sofocar sus efectos mediante más represión generalizada. «El régimen lo considera un peligro inminente y por eso ha iniciado esta última escalada de ataques» en busca de una negociación, afirmó.
Díaz hizo un balance de las acciones de Ortega contra la Iglesia: «El régimen no ha logrado debilitar a la Iglesia Católica como ellos preveían, ni en su credibilidad ni en su operatividad cotidiana que sigue realizando ahora con el apoyo directo de la feligresía. Una que al contrario de lo previsto por el régimen se ha cohesionado alrededor de sus líderes religiosos y los anima a una reacción pública más firme», expresó Díaz.
