Un informe de la organización jurídica ADF International analiza la liberticida ley LGTBI de Podemos y concluye recomendando encarecidamente al Parlamento español que vote en contra de su aprobación.
El pasado 19 de septiembre, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la tramitación de la ley mordaza LGTBI de Podemos. Ahora la proposición de ley será debatida en el Congreso, donde los diferentes grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas.
Tras su presentación en la Cámara baja el pasado mes de mayo, la norma ha sido criticada por amenazar, entre otros, el derecho a la libertad de expresión. La “Plataforma por las Libertades”, formada por un centenar de asociaciones del ámbito educativo y social, denunció que la Ley LGTBI de Podemos busca imponer una ideología totalitaria y vulnera derechos fundamentales.
La proposición de ley presentada por Podemos no sólo ha recibido críticas de asociaciones en España, sino también de asociaciones internacionales. Según recoge Religión en Libertad, la organización jurídica ADF International, que tiene carácter consultivo especial con las Naciones Unidas, ha realizado un informe jurídico en el que analiza los graves problemas legales que plantea el texto de la propuesta presentada por Podemos.
Entre las principales preocupaciones suscitadas a raíz del estudio del texto de la proposición de ley destacan: el alcance indebidamente amplio -cubriendo áreas que la Unión Europea ha encontrado demasiado controvertidas para legislar sobre ellas-, la vaguedad de la terminología, la subjetividad de los delitos creados, la importante violación de la libertad de expresión o la presencia de delitos de largo alcance y severidad desproporcionada.
En este informe se señala que la «vaga redacción», las «penas de gran repercusión», la «inversión de la carga de la prueba», así como la «restricción del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones» hacen de esta proposición de ley una «norma problemática e incompatible con la legislación de la Unión Europea y las normas internacionales de derechos humanos».
Los autores del informe concluyen que la norma, en su forma actual, legisla mucho más allá de lo necesario para garantizar la igualdad, y que su vasto alcance y la inseguridad jurídica derivada de la vaga terminología utilizada, hacen que sea probable «un impacto negativo significativo sobre las libertades fundamentales de los ciudadanos».
Asimismo, ADF advierte de que la proposición de ley está en clara oposición a las normas jurídicas que aseguran el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones, así como a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que protege la libertad de expresión.
Por estas razones, desde esta organización -que aboga por la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión- recomiendan encarecidamente al Parlamento español «que vote en contra de la aprobación de la Propuesta de Ley de Igualdad».
La Plataforma por las Libertades denuncia la gravedad de la ley
A través de un comunicado, la “Plataforma por las Libertades” ha mostrado su oposición hacia una ley que,- bajo el pretexto de perseguir la discriminación por razón de orientación e identidad sexual, o de combatir la “LGTBIfobia”-, está destinada a “imponer una ideología totalitaria que vulnera las libertades de padres, educadores, periodistas, profesionales de la sanidad y, en definitiva, contra las libertades de todos los españoles”.
La coordinadora de la Plataforma, Lourdes Méndez, ha explicado que esta proposición es “la más radical de toda Europa” ya que supone “una transgresión de los valores en los que se asienta nuestro sistema democrático”.
Jaime Mayor Oreja, Presidente de One of Us, ha señalado que “esta Proposición socava los cimientos básicos de nuestra sociedad” y ha calificado de “dramático” el calendario que pretende imponerse desde los colectivos más radicales de nuestra sociedad”.
“Utilizaremos los recursos que nos da el Estado de Derecho en defensa de las libertades de todos: el principio de Igualdad de todos los ciudadanos con independencia de su orientación sexual, el de la libertad en la Educación, la libertad de expresión, la de creación artística, la de investigación y difusión de lo investigado, el principio de seguridad jurídica, el de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley o el de la presunción de inocencia, que son algunos de los derechos fundamentales conculcados por esta Proposición de Ley”, ha matizado.
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