«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Somalia. Terror y barbarie

Para mantener y asegurar la estabilidad en el conjunto del sistema internacional es imprescindible que sus actores principales, los Estados, gocen de estabilidad dentro de sus fronteras. La existencia de Estados fallidos genera, en sus propios territorios, espacios sin ley que facilitan el surgimiento de grupos terroristas, quienes aprovechando la falta de control político y la inexistencia de un marco jurídico, desarrollan sus estructuras organizativas, logísticas y operativas, poniendo en peligro la paz y la seguridad, tanto la del propio Estado, como la de la totalidad de los actores internacionales. La incapacidad de los Estados para garantizar la seguridad y la estabilidad se ha convertido hoy en día en un asunto crucial en materia de política internacional, pues cuando un Estado carece de estructuras necesarias para mantener cierto control político y asegurar la pacífica convivencia dentro de sus fronteras, hay más probabilidades de que la violencia terrorista se haga hueco, aprovechando estas lagunas en detrimento de la seguridad nacional e internacional.
La definición de Estado fallido es controvertida y confusa, dada la generalización conceptual que le ha acompañado desde su origen. En líneas generales, podemos calificar de Estado fallido a un Estado débil en el cual el gobierno central tiene poco o nulo control político sobre sus territorios. El think-tank Fund for Peace realiza anualmente un Índice de Estados Fallidos que, en 2014, cambió el término de Estado fallido por el de Estados frágiles. Este índice está formado por indicadores sociales -presiones demográficas, movimientos masivos de refugiados, agravio social y movimientos migratorios-, indicadores económicos -pobreza, declive económico y desarrollo económico desigual- e indicadores políticos -legitimidad del Estado, servicios públicos, cumplimiento de los Derechos Humanos, aparatos de seguridad efectivos o intervención internacional-. En el ranking de Estados frágiles de 2017 publicado el pasado 15 de mayo, tomando en cuenta aquellos Estados que albergan organizaciones terroristas islamistas dentro de sus fronteras, encontramos en primer lugar a Sudán del Sur, seguido por Somalia, a Siria en quinto puesto, por detrás de Yemen, o a Afganistán noveno, seguido de Iraq en décimo lugar. A través de estos ejemplos observamos como las organizaciones terroristas tiene más facilidad de formarse y desarrollarse en contextos donde el control estatal es ineficaz o se carece de él.
Somalia es, en la actualidad, el caso más preocupante en cuanto a una evidente falta de control político real que ocasiona, consustancialmente, alarmantes fallas seguridad que a su vez favorecen actividades terroristas. El Estado somalí carece de las capacidades y herramientas que permiten ejercer un uso legítimo y monopolista de la fuerza, proveer a la población un mínimo de servicios básicos o hacer efectivo el control físico de territorio. Y es ahí donde entran en juego los grupos criminales y las organizaciones terroristas.
El gobierno de Mogadiscio se ha visto inmerso en un caos indómito y una acracia estructural ante las cuales tiene que hacer frente, en consecuencia, a numerosas amenazas a la seguridad. Estas amenazas están representadas por actividades criminales de diferente tipología, siendo una de
las más alarmantes las acciones de piratería que han resurgido en las costas del país. No obstante, la mayor y más grave amenaza a la que se enfrenta el estado somalí es la encarnada por al-Shabaab, milicias islamistas activas desde 2007. El grupo terrorista afín a al-Qaeda está siendo capaz de poner continuamente en jaque la estabilidad y la paz no sólo de Somalia, sino de la región. Este área de África, tanto por la falta de control efectivo como por la porosidad de sus fronteras, sigue siendo un refugio en el que aprovechan de una libertad de movimiento que les permite operar con relativa facilidad.
Para poner freno a la actividad de al-Shabaab, al Ejército Nacional Somalí se han sumado unidades militares estadounidenses y se ha desplegado en la zona una misión de mantenimiento de la paz regional conocida como AMISOM (Misión de la Unión Africana en Somalia). No obstante, pese a los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad y contraterrorismo, la capacidad operativa y logística de al-Shabaab para poner en marcha atentados sigue siendo elevada, pues es evidente que, a nivel local y federal, las autoridades competentes carecen de la suficiencia necesaria para neutralizar e impedir los ataques del grupo. De hecho, la capacidad operativa del grupo, como se ha podido comprobar, lejos de ser exigua a la hora de marcar objetivos, es altamente cualificada. Así, además realizar ataques puntuales a lo que se conoce como “soft targets”, han lanzado ataques contra objetivos muy significativos como el Palacio Presidencial o el Aeropuerto Internacional de Mogadiscio.
En cuanto a actividades de terrorismo islamista, al-Shabaab no está solo en el país africano. Existen, localizadas en la zona norte del país -principalmente en Puntland- células de Estado Islámico, formadas en un primer momento por grupos desertores de al-Qaeda a los que posteriormente se han ido afiliando efectivos. Estado Islámico reivindicó su primer ataque frustrado en Somalia -un IED (artefacto explosivo improvisado) contra un vehículo de la AMISOM-, el 25 de abril de 2007. Si bien Estados Unidos lleva operando en Somalia periódicamente durante los últimos años, el pasado viernes 3 de noviembre lanzó por primera vez dos bombardeos aéreos contra posiciones de Estado Islámico en la zona noreste del país.
El mes de octubre fue especialmente cruento en cuanto al balance final de muertes causadas por ataques de al-Shabaab. El 14 de octubre, la detonación de camión cargado con explosivos en Mogadiscio se saldó con 276 muertes y más de 350 heridos. Dos semanas después, el 28 de octubre, miembros del grupo llevaron a cabo otro ataque en el hotel Naasha Hablood 2, haciendo explotar un vehículo para después entrar en el hotel y tomar rehenes, armados con fusiles de asalto y chalecos explosivos. El resultado de este atentado fue de 25 muertos.
Tras la dantesca ofensiva de al-Shabaab del 14 de octubre, el Gobierno somalí planeó declarar el “estado de guerra” contra las milicias islamistas. Como resultado del ataque, fueron cesados de su cargo el director del Servicio de Inteligencia, Abdillahi Mohammed Sabalooshe, y el jefe de Policía, Abdihakim Dahir Said. Sin embargo -como expuso AICS en la Alerta de Seguridad correspondiente-, estas destituciones, hechas de cara a la galería y a petición, buscan una imagen de apariencia más que un resultado efectivo. El problema en Somalia es de fondo, no de forma. La arquitectura de Inteligencia y Seguridad del país es sangrante y notablemente deficiente.
Los ataques son cada vez más frecuentes y potentes. Este mes de octubre debería ser una de las mayores vergüenzas de un gobierno que tiene el valor de asegurar estar preparado para lanzar ofensivas militares contra al-Shabaab. Cuesta creerlo, dada la desorganización estructural manifiesta en todos los ámbitos competencia del estado, pues no han sido capaces de detectar o neutralizar ninguno de los últimos ataques del grupo, que son, en última instancia, la perfecta evidencia de la deficiencia y disfunción del país. En 2016, 723 personas perdieron la vida en un total de 395 ataques terroristas en Somalia.
Nora Gómez

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