La Comisión Permanente del Congreso de Perú ha aprobado este jueves el informe final que busca inhabilitar al expresidente Martín Vizcarra (2018-2000) durante los próximos diez años, así como a otros miembros de su gobierno, como la exministra de Salud Pilar Mazzetti, por haberse vacunado en secreto contra el coronavirus en el escándalo político conocido ‘Vacunagate’.
Días atrás la acusación ya había contado con el visto bueno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero necesitaba este último filtro para que pueda ser debatido finalmente por el pleno del Congreso.
En esta ocasión la decisión ha sido aún más unánime que hace una semana y la comisión ha aprobado por 26 votos a favor y sin abstenciones ni ninguno en contra sacar adelante el debate contra Vizcarra, al igual que contra Mazzetti y la exministra de Exteriores Elizabeth Astete, informa la cadena peruana RPP.
Así, Mazzetti se enfrentará a una posible sanción de ocho años para no poder acceder a ningún cargo público, mientras que el castigo para Astete sería de un año, pues ambas también se vacunaron saltándose los protocolos con las dosis destinadas para los ensayos clínicos de la empresa china Sinopharm en Perú.
Antes de que se llevara a cabo la votación, Vizcarra ha utilizado sus redes sociales para denunciar una supuesta «persecución política» en su contra, pues hace cinco meses ya fueron «los mismos partidos» que le presentaron una moción de censura y «pusieron de manera ilegal a Manuel Merino».
«El tema legal es solo un pretexto para sacar a un contrincante de la carrera electoral, dejen al pueblo peruano que decida», ha reclamado, en sintonía con sus alegaciones posteriores frente a esta comisión ante la que ha defendido su derecho constitucional de presentarse y ser elegido y «cien personas» no se lo impedirán.
La comisión investigadora de este escándalo de las vacunas en Perú, conocido como ‘Vacunagate’, informó de que 470 personas se vacunaron de manera irregular, entre ellos Vizcarra, su esposa y su hermanos, así como funcionarios, autoridades de los ministerios de Salud y de Exteriores, sus familiares, e incluso otra serie de personas que no guardaban relación con ellos.
Por ello se presentó una denuncia contra Vizcarra y el resto de implicados por los delitos de falsificación documental, organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, y utilización indebida del cargo.
