González niega su responsabilidad en el presunto amaño de un contrato en el Canal de Isabel II y declara por primera vez la abogada vasca que destapó la trama corrupta del PNV.
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se ha desvinculado este lunes ante el juez de las supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato de una empresa de diseño web con el Canal de Isabel II, al afirmar que ya estaba fuera de la empresa pública cuando se produjo esta operación.
González ha comparecido como investigado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid por un querella contra él, el exconsejero de Presidencia Salvador Victoria y otros exresponsables del Canal por los supuestos delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.
El juez investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato por diseño y producción web para el Canal, aparentemente por valor de 298.600 euros, IVA excluido, para la empresa Imagen de Síntesis Digital.
La querellante, Take Away, había presentado una oferta por un importe muy superior (340.000 euros más IVA) y el principal criterio de selección era el precio, por lo que se denuncia un posible fraude en la adjudicación del contrato a favor de la mercantil citada.
González niega responsabilidad en su adjudicación
Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, el expresidente de la Comunidad de Madrid ha negado cualquier responsabilidad en la adjudicación de dicho contrato al producirse cuando él ya había abandonado la Presidencia del Canal, por lo que tampoco pudo nombrar a nadie que estuviera detrás de esta operación.
Es por ello que ha manifestado que no conoce ni quiénes estuvieron presentes en la mesa de la adjudicación ni tampoco a ninguna de la empresas que participaban en el concurso.
Además, ha asegurado que él nunca ha pagado una campaña suya de imagen con dinero del PP, después de que la empresa querellante afirmara que se adjudicó el contrato a Síntesis Digital, porque el fin era financiar las campañas de marketing que las empresas del conseguidor de la Púnica Alejandro de Pedro estaban realizando al expresidente de la Comunidad de Madrid.
También ha querido dejar claro que él no nombró a Salvador Victoria, quien accedió a la Presidencia del ente público en 2012 y cuya declaración como investigado se ha suspendido al coincidir con otros señalamientos de su abogado.
González, que ha declarado 12 minutos y ha respondido a todas las partes, ha abandonado los Juzgados de Plaza de Castilla en compañía de su letrado sin hacer declaraciones a los medios de comunicación.
Declara la abogada que destapó la trama corrupta del PNV
La abogada Ainhoa Alberdi, que destapó la presunta trama de cobro de comisiones ilegales que sienta en el banquillo a exdirigentes del PNV alavés, ha destacado la «facilidad» y «alegría» con la que los principales imputados exigían «pasar por caja» y su «temor» a no ser la única a la que se pidió una mordida.
Alberdi ha comenzado a declarar en el juicio que desde enero se sigue en la Audiencia Provincial de Álava por el conocido como caso De Miguel en el que están imputadas 26 personas, entre ellas el que fuera número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel y dos exmiembros de la ejecutiva de esa formación, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano.
La abogada fue la que en 2009 denunció ante la Fiscalía de Álava que estaba siendo coaccionada y presionada para abonar una comisión ilícita de 100.000 euros tras haber sido adjudicado en 2006 a su empresa -Urbanorma Consulting S.L- un contrato para la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano. Alberdi entregó al fiscal una grabadora y documentos, como correos electrónicos, que demostrarían sus afirmaciones.
La testigo ha comenzado a ser interrogada por el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, y ha explicado cómo en noviembre de 2008 cuando De Miguel era diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial le convocó a una reunión en su despacho oficial en la Diputación de Álava donde «literalmente» le dijo que tenía que «pasar por caja» porque el contrato logrado «no era gratis».
Ha indicado que entonces no se le especificó ninguna cantidad y que fue después, el 9 de diciembre de 2008, cuando De Miguel desde su correo oficial en la Diputación De Miguel le reclamó 100.000 euros con un «lo nuestro lo dejamos en 100». «Entiendo claramente que me estaba pidiendo dinero por el contrato de Urbanorma», ha resumido.
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