La crisis sociopolítica en Nicaragua permanece estancada, no hay avances, por el contrario, el país ha retrocedido en materia de libertades. Daniel Ortega ha convertido a Nicaragua en una cárcel, ha consolidado su régimen a sangre y fuego, descabezó a la oposición, instauró el estado policial y sigue aprobando leyes para fortalecer el cerco represivo que ha creado con el fin de mantenerse en el poder.
En ese contexto se conmemora el cuatro aniversario del estallido de las protestas de abril de 2018 en el que los nicaragüenses demandaban la salida del poder del dictador sandinista. La respuesta del Estado fue una brutal represión que dejó 355 muertos, más de 2.000 heridos, centenares de presos políticos y miles de exiliados, de acuerdo con informes de organismos de derechos humanos.
El origen del conflicto fue el reclamo a las reformas al sistema de Seguridad Social impuestas por el régimen sandinista que ha llevado casi a la bancarrota los fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). La medida desembocó en masivas protestas contra el régimen. La respuesta de Ortega fue la de las armas y la cárcel.
El sandinismo catalogó las protestas como “intento de golpe de estado” para justificar la represión y los crímenes cometidos con armas de uso exclusivo del Ejército y la Policía. Informes de organismos de derechos humanos documentan las violaciones a los derechos humanos y son concluyentes al afirmar que el régimen cometió crímenes de lesa humanidad.
Y aunque Ortega aprobó una “Amnistía” para protegerse, al menos en Nicaragua, por los crímenes cometidos por la Policía Nacional y los grupos paraestatales organizados y armados por su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en las cárceles permanecen presos políticos por participar en las protestas de abril, a los que se han sumado los opositores presos durante el proceso electoral del 2021. La mayoría de los manifestantes fueron puestos en libertad bajo la llamada “amnistía” se aprobó.
La cifra más reciente de presos políticos es de 181, según revela el informe del organismo “Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas”, entre ellos están los siete exaspirantes presidenciales, que han sido condenados a largas penas que oscilan entre los 8 y 13 años.
Aprobación de leyes represivas
En 2020, el régimen aprobó polémicas leyes que le han permitido a Ortega intensificar la represión y encarcelar opositores. En 2021 cerró el único medio de comunicación escrito que quedaba en el país, el diario La Prensa, mientras el gerente del rotativo fue condenado a 9 años y seis meses de prisión por supuesto “lavado de dinero”.
Mientras más reporteros, activistas y ciudadanos siguen huyendo al exilio. Ortega sigue aprobando leyes para controlar a la ciudadanía; además, busca reforzar las leyes que aprobó en 2020 para sancionar a la oposición argumentando que el objetivo es “fortalecer” el marco jurídico penal.
En los últimos meses Ortega ha desarticulado más de 130 oenegés, entre ellas una veintena de Universidades privadas. Ha aprobado leyes que restringen a las oenegés acceso a fondos externos argumentando que el objetivo de las mismas es financiar un “golpe de Estado”, el calificativo empleado por el dictador a las protestas sociales.
En ese contexto miles de migrantes abandonan el país hacia Estados Unidos y Costa Rica, el desempleo y el costo de la vida sigue en aumento.
“En pocas palabras, la situación de Nicaragua sigue estancada sin una salida visible a corto plazo, la dictadura sigue aprobando más leyes para sumar más control a la sociedad, aparte del estado de represión institucional permanente. La oposición sigue dispersa y fragmentada, pensando en una unidad que no parece avanzar. No hay diálogo o negociación posible con la dictadura. Nadie, ni la oposición ni la comunidad internacional van a legitimar a la dictadura, más ahora que se ha enredado en el juego de la geopolítica mundial a favor de la invasora Rusia”, resume un analista político que pidió no se ser identificado para evitar represalias del régimen.
La oposición sigue dividida debido a que el sandinismo disidente que gobernó con Ortega durante la primera etapa de la dictadura sandinista busca liderar la oposición con resultados infructuosos a la fecha debido a que no goza de la confianza de la población que recuerda su participación en los crímenes y robos cometidos durante ese periodo (1979-1990).
Y aunque no gozan del apoyo de la mayoría de la población debido a que promueven la “Ideología de Género”, han logrado establecer redes de apoyo internacional que financian sus actividades.
Salir de la vieja política
El analista político y académico Francisco Larios sostiene que el asunto para resolver la crisis en Nicaragua no es solo salir de Ortega. Ya que a su juicio se requiere una solución que define como “radical”. Argumenta sobre la necesidad de “salir del sistema de poder viejo y considerar que eso es un proceso”.
“El primer obstáculo es salir de Ortega para arreglar, y una vez que se vayan estos dos [Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo]. Ahí comienza la lucha por la democracia para establecer instituciones de poder democráticas, no es decir ya se fueron y hacer elecciones con las mismas leyes porque sería regresar a 1990”, preciso Larios.
Además, cree que es necesario salir de lo que denomina poder oligárquico en Nicaragua “que ha dominado por 200 años y ha llevado al país a una miseria y es una fábrica de dictaduras, eso hay que cambiarlo y atreverse a decirlo, porque incluso algunos de los que están presos no se atrevieron a decirlo porque estaban esperando que Estados Unidos les hiciera el favor de apartar a Ortega, y que los oligarcas les financiaran su campaña electoral a ellos”, apuntó.
Para el exjefe de la Resistencia Nicaragüense, la “Contra” que combatió a Ortega por las armas al primer régimen, Luis Fley, el dictador solo saldrá por la vía que él llegó al poder en 1979.
Ortega y otros ocho “comandantes” apoyados por Cuba derrotaron por las armas a la dictadura somocista e instauraron un régimen socialista con el que gobernaron 11 años. Fue derrotado en las urnas en 1990, gracias a la presión de la “Contra” que contó con el apoyo de la administración del entonces presidente Ronald Reagan.
El gobierno de Violeta Barrios de Chamorro aprobó una “amnistía”, los crímenes cometidos por el régimen sandinista permanecen en la impunidad.
Larios es un convencido que el régimen de Ortega va a caer, pero sostiene que “hay que asegurarse de avanzar en organización, en conciencia para que podamos incidir y no nos impongan un futuro”, puntualizó. Cuatro años después de las protestas de abril se observan intentos de unidad en la oposición, pero sin resultados por el momento.
