La política de represión en Venezuela se sustenta en la coordinación entre ataques y mensajes estigmatizantes emitidos en medios de comunicación vinculados al régimen chavista y detenciones arbitrarias por motivos políticos realizadas por las fuerzas de seguridad, según ha concluido Amnistía Internacional (AI) en un informe publicado este jueves.
El informe, ‘Represión calculada: Correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela’, también muestra cómo la «represión calculada» de la tiranía de Nicolás Maduro podría configurar el crimen de lesa humanidad de persecución.
En concreto, el estudio, publicado junto al Foro Penal y al Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) -ambas organizaciones con sede en Caracas-, ha revelado que en 2019 la correlación general entre los ataques estigmatizantes y las detenciones arbitrarias por motivos políticos era del 29 por ciento. En 2020 aumentó al 42 por ciento y en el primer semestre de 2021 llegó hasta el 77 por ciento.
Así, hay una correlación más estrecha, del 74 por ciento, en 2019 con las detenciones que se producen por los órganos de Inteligencia –la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)–, mientras que en 2020 aumenta hasta el 92 por ciento por los órganos dependientes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), incluyendo las Fuerzas de Acción Especial (FAES).
Un hallazgo significativo ha sido la alta correlación, del 94 por ciento, que se observó de enero de 2019 a junio de 2021, entre las estigmatizaciones realizadas por el programa televisivo “Con El Mazo Dando”, del ‘número dos’ del chavismo, Diosdado Cabello, y las detenciones arbitrarias por motivos políticos llevadas a cabo por un cuerpo de seguridad militar y procesadas por la jurisdicción militar.
Todas las variables se contrastaron con estándares de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y con derecho penal internacional, lo que arroja la conclusión de que «los patrones de estigmatización podrían mostrar la existencia de una persecución política».
La directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, ha remarcado que esta «coordinación» es «un nuevo indicador de la política sistemática de represión y apunta hacia el crimen de lesa humanidad de persecución», por lo que ha pedido que sea investigado por la Justicia internacional. «El mundo conoce, desde hace años, la política de represión instaurada por el Gobierno de Nicolás Maduro», ha aseverado.
Las organizaciones han hecho un llamamiento a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que considere incluir en su investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela los hechos puestos en evidencia en esta investigación, con miras a determinar actores claves, casos concretos y posibles partícipes de crímenes de lesa humanidad de privación arbitraria de la libertad y de persecución.
