Nicaragua vuelve a ser escenario de confiscaciones igual que en la década de los 80 durante el primer régimen sandinista [1979-1990], los casos más visibles se han registrado en los últimos días con las confiscaciones a dos medios de comunicación y a tres organismos no gubernamentales. El caso más sonado es el de 100% Noticias, un popular canal clausurado con mano dura y cárcel para sus directivos.
El 21 de diciembre de 2018, tras la “operación limpieza” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que dejó un saldo superior a los 300 muertos, más de 2 mil heridos, centenares de presos políticos y unos 100 mil exiliados producto de la represión gubernamental, Ortega y Murillo ordenaron el cierre del canal de noticias.
Un grupo de policías y paramilitares fuertemente armados incursionaron de manera violenta al canal, apagaron los botones del control máster, secuestraron a sus propietarios Miguel Mora y Verónica Chávez, y la jefa de redacción Lucía Pineda. Mora y Pineda guardaron prisión durante seis meses.
El 23 de diciembre de 2020 el régimen de Ortega ubicó rótulos en las instalaciones de los medios de comunicación 100% Noticias, Confidencial y las tres ONG, que decían “esta propiedad pertenece al MINSA [Ministerio de Salud]”.
En el edificio de 100% Noticias quedaron cámaras de televisión, computadoras, control máster, estudios de transmisión, vehículos del canal y de los empleados. Nada fue devuelto. Durante dos años policías custodiaron el edificio, no permitían el acceso a nadie, y recientemente el régimen ordenó realizar modificaciones en la propiedad, una cuadrilla de trabajadores hace los cambios, una situación que confirma la confiscación de hecho de los bienes, en una clara violación a la Constitución.
Lucía Pineda Ubau, la directora del canal que ahora dirige desde Costa Rica donde reside tras su excarcelación, dijo que se trata de una confiscación de facto.
“El régimen no ha hecho ningún juicio de expropiación, el edificio sigue tomado desde el 2018, no han notificado nada por eso es que decimos es una confiscación de facto. No se inició un juicio de expropiación a los dueños y tendría que dar una indemnización, lo que corresponda, pero de eso no hay absolutamente nada”, afirmó.
“Hemos insistido en que es una acción ilegal, no hay ninguna resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre un amparo que se interpuso y según el magistrado Francisco Rosales, dijo a inicios del año pasado que estaba una resolución en estudio sobre el caso de 100% Noticias y de Confidencial por la ocupación de los bienes, pero no han resuelto nada, es algo de facto lo que están haciendo”, agregó.
Se han enterado por las personas que pasan por el edificio que han tomado fotografías y se las están enviando al canal en las que se observa a trabajadores haciendo cambios en un edificio privado, “ellos siguen en su misma línea de represión e intimidación”, subrayó Pineda.
Confidencial, propiedad de Carlos Fernando Chamorro, el exdirector de Barricada, el medio del Frente Sandinista en los años 80 e hijo de la expresidenta Violeta Barrios, también fue expropiado por sus antiguos aliados. Del edificio no se le permitió sacar los equipos de televisión. Chamorro estuvo exiliado por un año en Costa Rica, a finales de 2019 retornó a Nicaragua.
Violación a la Constitución
El artículo 44 de la Constitución establece que “Se garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción”.
La Constitución define los casos de expropiación en virtud de una causa de utilidad pública o de interés social de acuerdo con la Ley, “previo pago en efectivo en justa indemnización”.
Al mismo tiempo prohíbe “la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”, dice la Ley.
Lucía Pineda cree que el robo del edificio de 100% Noticias tiene como fin enviar un mensaje a las bases del Frente Sandinista y hacerles creer que tienen el sartén por el mango con las sanciones individuales impuestas por Estados Unidos –y a las que se han sumado la Unión Europea, Canadá y Suiza– por corrupción y violaciones a los derechos humanos, que están afectando los millonarios negocios del caudillo obtenidos al amparo del poder.
“Ortega anda buscando una negociación con Estados Unidos para que le retiren las sanciones que los tienen bastante descontrolados, es prácticamente una muerte civil y financiera para ellos y sus familias, no solo en Nicaragua, sino que a nivel mundial”, afirmó Pineda Ubau.
“Ortega anda buscando una negociación con Estados Unidos para que le levanten las sanciones que los tienen bastante descontrolados, es prácticamente una muerte civil y financiera para ellos y sus familias, no solo en Nicaragua, sino que a nivel mundial”, acotó la periodista.
“Esta semana hubo dos cosas que me indican que quieren enviar un mensaje, [uno es] con la demolición de 100% Noticias que están haciendo, Estados Unidos le dijo que Ortega debe cambiar el rumbo ahora y vemos que Ortega hace todo lo contrario”.
Pineda se refiere al mensaje enviado por la administración demócrata en la Casa Blanca el pasado 8 de febrero, en la que afirma que Ortega está llevando a Nicaragua a una dictadura debido a la “creciente represión” e insta a Ortega a cambiar el rumbo que lleva.
Un segundo hecho para Pineda, “es el pronunciamiento que hizo el Alto Comisionado de Naciones Unidas en torno a que no ven avances en el tema de derechos humanos en Nicaragua, que hay retrocesos porque ha cambiado el modus operandi del régimen en cuanto a la represión, ellos hacen lo contrario para enviar a sus bases una imagen [de fortaleza]”.
Para Pineda Ubau el régimen está desesperado por las sanciones, a su juicio lo demuestran las últimas acciones de Ortega.
“No habrían aprobado una reforma a la Ley de defensa del consumidor que popularmente se le llama la ley de protección a los sancionados de Nicaragua, que obliga a las instituciones bancarias reabrirles las cuentas a los funcionarios por el Departamento del Tesoro, y mandan a los bancos a hablar para que les levanten las sanciones a los funcionarios de Ortega para que no lo saquen del sistema financiero internacional o sus corresponsalías a nivel internacional”, dijo.
Han pasado casi tres años de la revuelta de abril y las condiciones de derechos humanos no han cambiado, hay más de 100 presos políticos, madres pidiendo justicia por los crímenes de sus hijos y miles de exiliados que lo perdieron todo y quieren regresar, pero mientras este Ortega consideran sus vidas corren peligro.
“Como ser humano molesto, uno se siente impotente e indignada, es una acción ilegal, abusiva, ellos se sienten poderosos, pero es una debilidad y hacen el ridículo porque tienen el edificio, pero el trabajo lo hacemos los periodistas. Estamos operando desde acá y no nos han podido callar, nos han hecho de todo, arrasaron con nosotros en el 2018, nos echaron presos, nos confiscaron, pero salimos a decir aquí estamos y seguimos trabajando. Como cristianos hemos depositado nuestra confianza en Dios para esos cambios de libertad que pide Nicaragua”, concluyó la periodista.
