El gobierno de Andrés Manuel López Obrador viola los derechos humanos de los mexicanos: se está distinguiendo por su total aversión a la transparencia, por dar la espalda al derecho a la información.
Como todo buen proyecto socialista, la auto llamada “Cuarta Transformación” quiere concentrar el mayor poder posible en el gobierno, centralizar todo, y acabar con las instituciones que le obliguen a revelar el modo en que está operando.
Al tabasqueño no le gusta transparentar datos y esto no es nada nuevo: cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, entre 2000 y 2006, construyó los famosos “segundos pisos” -vialidades elevadas-, y reservó la información sobre sus contratos millonarios.
Se supone que toda esa data debería de estar disponible totalmente hoy en día, pero no parece ser así.
Rodrigo Rey Morán, en la segunda mitad del sexenio de AMLO como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en el 2004, fungía como director general del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación (Fimevic) y cerró el acceso a la información sobre el segundo piso del periférico, por 10 años.
Notas de prensa reportan que la ciudadanía no podía conocer, entonces, las cuentas por pagar, y los montos de las ampliaciones de presupuesto, así como las transferencias.
Tampoco hubo acceso a las licitaciones, a los archivos de los comités técnicos y a las observaciones realizadas en las auditorías a ese fideicomiso, sobre sus contratos y convenios.
Sin embargo, en febrero 2005, Rey Morán habría desclasificado la información, pero aún así estuvo cerrada durante siete meses.
Según una investigación de #Verificado2018, los segundos pisos costaron 780 millones de pesos (32,500,000 euros) en la primera etapa; en la segunda etapa, es decir, en el tramo de San Antonio a San Jerónimo, dos mil millones de pesos (83,333,333 euros).
La tercera etapa, que abarca el tramo Las Flores a San Antonio, tuvo un costo de 790 millones de pesos (32,916,000 euros). A eso había que añadir 1035 millones de pesos más (43,125,000 euros), para el tramo de San Jerónimo a Las Flores.
¿A qué le teme un gobierno cuando oculta lo que hace con el dinero público?
María Elena Pérez-Jaén Zermeño, experta en transparencia, narra en un artículo reciente publicado en el diario mexicano Reforma, que el 25 de marzo de 2006 tuvo un encuentro incómodo en el aeropuerto de la Ciudad de México con López Obrador, en el que le dijo que era la Consejera de Transparencia del Distrito Federal, y que él había dejado el gobierno de la ciudad en la “total oscuridad”, porque jamás fue transparente. Tiene toda la razón.
Desde 2002, AMLO se oponía a rendir cuentas de los dineros públicos. La transparencia le molesta. Un grupo de diputados del PAN y del PRI buscó impulsar la iniciativa de Ley de Transparencia en el Distrito Federal, pero el tabasqueño la vetó. Los legisladores recurrieron entonces incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ley se publicó finalmente en 2003.
Los embates del gobierno de la 4T contra organismos autónomos que revisen, evalúen, critiquen sus operaciones, siguen siendo una constante del obradorismo y se han agravado. Hoy AMLO quiere cerrar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y protección de datos personales (INAI).
Según una reciente investigación periodística, basada en datos del INAI, el gobierno ha ocultado 8 mil asuntos de su gestión, en sólo dos años. Podría ganar las Olimpiadas de la opacidad. Todo cerrado por al menos 5 años.
Por ejemplo, datos sobre la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, operada por el Ejército, han sido reservados.
Por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional también se oculta información relacionada con la liberación del hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, el 17 de octubre de 2019, en Sinaloa; los convenios sobre el uso de predios para la Guardia Nacional y el plan para combatir robo de combustibles, el llamado “huachicoleo”.
Los contratos de vacunas contra el covid-19, por parte de la Secretaría de Salud, también han sido puestos bajo candado. No se puede conocer entonces qué es lo que firmó esta dependencia con las marcas del Big Pharma, como Pfizer-BioNTech, y CanSino Biologics. Pero AMLO dice que eso fue un acto de inercia del pasado, que sí habrá total transparencia. ¿Cuándo será eso?
Por lo pronto, trascendió que las 3 farmacéuticas con las que el gobierno mexicano ha firmado acuerdos de precompra de vacunas (Pfizer, Astra-Zeneca y CanSino) incluyeron cláusulas en los contratos para bloquear la transparencia, lo cual ha sido percibido como operado en acuerdo con el la 4T para evitar tener que rendir cuentas a la ciudadanía.
Tampoco los mexicanos podemos saber los detalles que firmó la cancillería dirigida por Marcelo Ebrard, con Gavi Alliance, para obtener vacunas mediante Covax Facility, plataforma avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
No sólo esto, también quedarían vedados los estudios sobre el Tren Maya de Fonatur, y la venta del famoso avión presidencial por parte de Banobras.
Asimismo, el gobierno de la “Cuarta Transformación” le puso candado al caso de las 14 muertes causadas por la administración de heparina sódica en un hospital de Pemex, y al caso del incendio en Tlahuelilpan, donde un ducto de Pemex explotó, dejando 137 personas muertas.
El gobierno no debería ocultar información pública, ya que tener acceso a todo lo que hace el gobierno es un derecho humano, es transparencia, y este derecho está garantizado en la Constitución Política mexicana.
La Declaración Universal de los derechos Humanos, en su artículo 19, apunta que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
La Constitución Política de México, en su artículo 6º. Señala que el derecho a la información será garantizado por el Estado.
No obstante, el gobierno federal (aunque de federal le queda poco, pues su tendencia es hacia el centralismo) podría clasificar alguna información, cuando su difusión comprometiera la seguridad pública, o pusiera en peligro la integridad de las personas y sus derechos.
No es el caso de los temas que el gobierno esconde.
Además, para reservar la información, según la ley, se debe probar un vínculo, entre la persona física y aquello que pudiera poner en riesgo su vida, seguridad o salud.
El pasado 4 de enero AMLO declaró que no debería haber reservas en ningún tema, para que todo fuera transparente, salvo puntos muy justificados relacionados con la seguridad del estado. Pero nada más. En los hechos, no ha revisado nada -como prometió-, y su gobierno sigue como campeón de la opacidad.
Lo que sí abrió fue la consulta a los expedientes políticos de inteligencia estatal, del pasado. Le convenía que se conociera cómo el Estado espiaba a los opositores. Pero hoy que él está en el poder, las solicitudes de información se ven frustradas.
La Cuarta Transformación se aleja de la democracia y de sus valores, a pasos gigantes. Vamos camino al socialismo, al autoritarismo centralista, a la ausencia de derechos humanos, de organismos autónomos, de libertad de expresión, de prensa, y de transparencia.
