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Bastará la orden de un juez para intervenir dispositivos electrónicos

Aumenta la amenaza de Bukele contra la libertad de expresión: el parlamento salvadoreño autoriza el espionaje de las comunicaciones

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Europa Press

La Asamblea Nacional de El Salvador, en donde Nayib Bukele cuenta con mayoría, ha aprobado la intervención por parte de la Fiscalía de las comunicaciones de aquellas personas que sean consideradas sospechosas en el marco de investigaciones sobre delitos informáticos.

La medida ha sido aprobada con 63 votos a favor y supone reformar el Código Procesal Penal para incluir un capítulo relacionado con la autorización al espionaje digital, lo que, según voces críticas, permitirá a los fiscales recurrir a este tipo de intervenciones «con pocos límites».

Así, la Policía y la Fiscalía podrán suscribir acuerdos con empresas privadas establecidas en el extranjero y no será necesaria la intervención de un juez de instrucción para intervenir las comunicaciones de presuntos sospechosos en el marco de la Ley de Delitos Informáticos y Conexos.

En este sentido, bastará con la intervención de un juez de paz para aprobar la intervención de dispositivos digitales de cualquier ciudadano sospechoso en una etapa preliminar a la investigación de los fiscales, según informaciones del diario ‘La Prensa Gráfica’.

Las reformas se centran en dar potestad al Estado para acceder a información privada de los ciudadanos en sus dispositivos electrónicos a partir de la figura de «evidencia digital». Según el decreto, se considera evidencia a «los documentos digitales, mensajes electrónicos, imágenes, vídeos, datos y cualquier tipo de información que sea recibida o transmitida a través de Tecnologías de la Información y Comunicación o por medio de cualquier dispositivo electrónico», según el artículo 259-A.

Esto implica que la Fiscalía podría acceder a conversaciones telefónicas, mensajes de texto y cualquier tipo de información almacenada en dispositivos y considerada prueba de un delito.

Las reformas han dado pie a una serie de protestas por considerar que podría funcionar como arma de persecución a agentes críticos con el Gobierno y a la prensa independiente. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) las considera un intento de «legalizar el espionaje digital».

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