En las cárceles cubanas, donde a los reos no se les respetan sus derechos más elementales, el ambiente se hace aún más alarmante tras el aumento de los brotes de coronavirus, que en las últimas semanas el propio régimen ha reportado por todo el país.
Este escenario ha sido denunciado por varios presos políticos, disidentes, periodistas independientes y entidades como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que en su más reciente informe ha llamado la atención sobre «la nula transparencia del gobierno en la gestión de la pandemia» y la tensa situación del Covid-19 en las cárceles, especialmente en la provincia de Camagüey, desde donde han llegado noticias cuando menos inquietantes.
En un informe del pasado 30 de marzo, Alejandro González Raga, expreso político de la llamada Primavera Negra de Cuba (2003) y director ejecutivo de OCDH, afirma que «dada la magnitud del problema carcelario cubano, consideramos claramente insuficiente la descongestión del sistema penal. Lo que ahora sucede en las cárceles de Camagüey es solo una pequeña muestra del caos instalado en todas las prisiones del país por el Covid y por el deterioro acumulado».
Esta organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es «la transformación de Cuba en un estado democrático y velar por el respeto de los Derechos Humanos», notificó que, según reportes recibidos desde Camagüey, existe más de un centenar prisioneros afectados en la cárcel de Kilo 8, y que «la mayoría ha tenido que ser trasladada hacia el hospital Amalia Simoni», en esta misma provincia, en el centro del país.
Las condiciones de insalubridad de los centros de internamiento de la Isla han sido descritas por los prisioneros. «El hacinamiento, la mala alimentación y la deficiente atención médica han sido causa de frecuentes brotes de tuberculosis, enfermedades diarreicas agudas y otras transmitidas por parásitos como la escabiosis (sarna)», precisa el OCDH.
Desde Madrid el Observatorio recuerda que «Cuba vive un apagón informativo sobre las cifras reales de afectados y fallecidos por Covid-19» y que «profesionales de la salud han denunciado a medios independientes la falsificación de certificados de defunción para encubrir la magnitud de la tragedia».
Algunos de ellos han sufrido las consecuencias de disentir. Los casos de los doctores Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, Alexander Raúl Pupo Casas y Johan Pérez Leyva son evidencia del modus operandi del castrismo.
«Hay un sacerdote, amigo nuestro, en Cuba, que siempre dice: si todos los cubanos la pasan mal, los que están afuera, los que pueden estar en sus casas con sus familias, imagínense ustedes quiénes están en las cárceles«, relató este miércoles Yaxys Cires, director de estrategia del Observatorio, en un evento virtual centrado en la situación sanitaria de las cárceles cubanas. «Por eso nuestro compromiso con quienes están en las cárceles, en especial con aquellos que están presos por ejercer sus derechos».
Sobre la insalubridad en que sobreviven los presos de Kilo 8, conocida popularmente como «Se me perdió la llave», Eddy Alicio Vegas, colaborador del Observatorio, ofreció su testimonio: “Casi una semana sin agua, los baños sin poder usarse, muchos de los reclusos con ameba, agua turbia casi negra, traída en pipas y que solo alcanza para tomar”.
Para González Raga «el sistema penitenciario cubano es una réplica del sistema penitenciario soviético, pensado para anular las voluntades del ser humano y en tal sentido funciona. No solamente debemos ver aquello que afecta la salud física, sino la salud mental del prisionero».
El director ejecutivo de OCDH dejó claro que «la atención de salud en las prisiones es precaria. No hay medicamentos actualmente en el país, imagina en las cárceles. El espacio vital de un prisionero en Cuba no alcanza un metro cuadrado, y el derecho a la alimentación y al agua potable no existen».
También desde España, la doctora Dayli Coro, colaboradora del OCDH, precisó en este encuentro que «una cosa es lo que valoramos desde afuera, y otra la que nos puedan contar los presos, pues en Cuba todo está muy bien en documentos y en papeles, pero la realidad es tan cruenta que en ocasiones es difícil de creer«.
«Basándonos en el tema salud, que es la relación directa entre lo físico, lo mental y lo social, prácticamente una persona que entra a una prisión en la Isla se puede considerar en riesgo de enfermar. En Cuba hay numerosas enfermedades crónicas y agudas, dérmicas y diarreicas. Las prisiones cubanas son actualmente un reservorio de enfermedades reemergentes, las cuales están representando un riesgo a la salud, para la propia población carcelaria y para la población general. Además de las enfermedades infecciosas como el VIH y la tuberculosis en Cuba está apareciendo la lepra, y ahora está en pleno auge el coronavirus», explicó la galena cubana.
La realidad de las cárceles cubanas, donde el Covid-19 se propaga con facilidad, la normalidad castrense casi roza el colapso y la información es sumamente restringida, también ha sido expuesta en un reportaje de Tomás Cardoso para Radio Televisión Martí.
«La cárcel Nieves Morejón suspendió la recepción de nuevos reos, y siguen las restricciones de llamadas a los presos para que no filtren nada y es una situación muy dura y difícil para los reclusos«, explica el periodista independiente Adriano Castañeda sobre la situación en la prisión provincial de Sancti Spíritus.
Otro reportaje de la periodista Ivette Pacheco denuncia la represión de los presos políticos Ernesto Borges (ex oficial de la Inteligencia cubana, condenado en 1998 a 30 años de cárcel por presunta tentativa de espionaje) y Denis Solís (rapero contestatario condenado desde noviembre de 2020 a 8 meses de cárcel por supuesto desacato contra un policía). Ambos en el penal Combinado del Este, en La Habana, donde las autoridades «les roban» su saldo telefónico y les castigan por negarse a correr innecesarios riesgos de contagio.
«Les cambiaron el lugar de llamada en el campamento de la Zona Cero del Combinado del Este y los pasaron para el Edificio 1. Esa oficina es de oficiales que son los que entran y salen de la calle, que son los que están metiendo el Covid-19 para el Combinado del Este. Entonces, ahí en esa oficina, es donde ellos querían que Denis y Ernesto Borges llamaran a sus familiares, y ellos se negaron. Y como se negaron, no pueden llamar», explica Vladimir González, tío de Solís.
El disidente Raúl Borges, padre de Ernesto, ha dicho que su hijo, con patologías que lo hacen vulnerable al Covid-19, tiene el virus «alrededor de él».
En la prisión, según detalló Borges, le comunicaron a su hijo que si quería realizar llamadas las tenía que «ejecutar en la oficina del mayor Roberto, jefe de campamento, y con un militar al lado (…). Ernesto no aceptó eso y exigió que respetasen su derecho a la llamada personal. Además, dijo que las oficinas de los militares son “refugio del Covid-19, porque los militares son los que salen a la calle y, cuando regresan, traen el virus».
En sus informes el OCDH ha recordado que el régimen cubano tiene una de las mayores poblaciones penales del mundo: en alrededor de 200 centros penitenciarios hay casi 100.000 prisioneros. Varios de ellos sufren un «precario estado de salud, como Ernesto Borges».
Pero los medios de comunicación masiva del país -todos en manos del Estado totalitario- no informan sobre la incidencia del coronavirus en las cárceles. De ahí que la situación los reclusos en la Isla podría resultar aún más delicada de lo que se ha logrado revelar hasta el momento.
