El presidente del PP, Pablo Casado, reivindicó este domingo la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y afirmó que entonces hicieron lo que tenían que hacer.
«Ahora que se cumplen cuatro años del 1 de octubre, hicimos lo que teníamos que hacer entonces y lo haremos porque tendremos que hacerlo si ellos lo vuelven a hacer, no habrá más concesiones a nadie y además lo haremos con firmeza y con duración (sic)», subrayó.
El mismo Casado que en la campaña electoral de los comicios en Cataluña del pasado mes de febrero lanzó críticas la gestión de Rajoy por el 1-O cerró filas con su antecesor.
Así, aseguró que «decidió» personalmente no comparecer ante los medios el 1-O como portavoz del partido por estar en desacuerdo con el método usado por el Ejecutivo de Rajoy -su jefe entonces- frente a la celebración del referéndum ilegal. «Lo que se estaba viendo en la televisión era algo que, en mi opinión, se tenía que haber evitado», aseveró en una entrevista en catalán en la cadena separatista Rac1.
«Yo el 1-O era portavoz del PP. Decidí no salir a explicar lo que estaba pasando porque ni estaba de acuerdo con lo que estaban diciendo que se estaba votando en unas elecciones homologables, porque eso no eran unas elecciones homologables; ni estaba de acuerdo con los que decían que ahí no se estaba votando», añadió.
En su intervención en la convención del PP, Casado prometió una ley de lengua para garantizar el español en toda la enseñanza, los espacios públicos y toda la administración -«menos prometer defender a nuestro idioma fuera de España y más garantizar que se pueda hablar y enseñar dentro», resaltó-, mientras algunas de las comunidades que gobierna el PP -como Galicia- persigue el español.
En Galicia, bajo el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, se sigue sin ser posible escolarizar a los niños en español en virtud del «trilingüismo» del PP que no concede libertad a los padres para elegir la lengua de estudio de sus hijos.
Buena parte de la documentación oficial en Galicia solamente está disponible en gallego bajo el argumento de que es la lengua «propia» de la región, aunque el Tribunal Constitucional ya señaló que la condición de «lengua propia» no puede suponer «un desequilibrio (…) de la cooficialidad de ambas lenguas en perjuicio del castellano» y advirtió que las administraciones públicas en comunidades bilingües «no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales».
