Ahí donde haya criterios de condescendencia social y no meritocracia, hay un comunista en el poder. Eso queda claro con los responsables de educación del gobierno chavista de Pedro Sánchez y los ejemplos sobran.
Equiparar el estrato social a supuestos privilegios y condiciones que permiten sobresalir académicamente, es una de las grandes falacias de la izquierda. No es más inteligente el más rico ni menos inteligente el más pobre. No obtiene mejores notas quien vive en un palacio necesariamente, así como no es necesariamente el peor de la clase quien vive en una chabola.
Pero el comunismo siempre va contra la lógica y prefiere actuar en función de los complejos. Además, prefiere el condescendiente “pobre del pobre” que el reconocimiento de los méritos más allá de la condición social del individuo. Lo ha dejado claro la comisaria de educación del régimen sanchista, Isabel Celaá con su Ley Orgánica de Educación, que bien puede ser denominada ley revolucionaria. Usa los mismos criterios clasistas de las leyes educativas chavistas, por cierto, donde ser pobre es una virtud y ser rico es una tara.
Así, la señora Celaá, que es por cierto egresada en una de sus carreras de una universidad privada (Universidad de Deusto), tiene en su mente los mismos criterios que aplicaba el resentido social que fue Chávez. Por eso, termina junto a él en la imposición de la mediocridad, aduciendo las dificultades que el maldito sistema capitalista y la deleznable sociedad burguesa le causan al pobre. Porque, según el gobierno chavista de Sánchez, quien tiene bajas notas es pobre y quien tiene altas notas es rico. Quien aprueba es millonario y quien suspende es chabolista.
Y no es política de Celaá, sino del gobierno en pleno. Así lo dejó claro el otro chavista educativo al mando, Manuel Castells en la entrevista que le concedió al diario ABC esta semana. Cuando se le consultó sobre la nueva reglamentación que permite que un alumno con suspenso de materias igual pueda ser promovido al grado siguiente e incluso obtener el bachillerato, Castells responde lanza en ristre:
“Las leyes y decretos que aprueba la ministra Celaá no son solo suyos, son del Gobierno. Lo que se ha aprobado es lo que el conjunto del Gobierno, y desde luego yo, pensamos (…) (No es castigar el esfuerzo), porque a veces no depende del esfuerzo sino de las condiciones de las personas, de lo que les está pasando, y condenar a la gente a perder años de vida en un momento clave simplemente porque ha habido en algún momento un suspenso me parece totalmente injusto, elitista y es así como se va machacando a los de abajo y favoreciendo a los de arriba (…)”.
Ese cúmulo de estupideces, que solo es capaz de decirlas un comunista resentido con la vida, se ve confrontado por el paciente periodista que le repregunta: “Los que están abajo también se pueden esforzar y aprobar”. La respuesta, va al grano del acomplejado rojo:
“Hay condiciones distintas dependiendo de la familia. La sociología de la educación lo ha determinado mil veces en todos los estudios y países: las condiciones para progresar de hijos e hijas de familias humildes son mucho más difíciles que para las familias de clase media. Desde el lugar para trabajar en la casa, pasando por la posibilidad de que unos padres más educados los apoyen, hasta la tranquilidad de que si no te va bien en la vida está tu familia para protegerte…”.
Revisemos esta falsedad sociológica. Fácil de desmontar con las propias argumentaciones del ministro, quien en la misma entrevista dice que las verdaderas universidades son las públicas, porque en las privadas no se tiene el mismo nivel de investigación y formación. Siendo así, que nos explique el ministro si son “hijos e hijas de familias humildes” quienes estudian en las universidades privadas a las que él mismo acusa de tener un nivel de formación menor al de las universidades públicas.
Pero vayamos más allá. Si el planteamiento de la pobreza como impedimento para el estudio es cierto, queda claro que el gobierno de Sánchez es un gobierno de millonarios, pues según el ministro solo los ricos en España pueden estudiar y graduarse. Y si queremos incluso ir más allá ¿Quién tiene dinero para pagarle a un tercero que le escriba la tesis y guarde el secreto de dicha autoría en negro? ¿De qué calidad es la formación de la ministra Celaá, egresada de la Universidad de Deusto, privada?
Pero no ceja en su intencionalidad maligna el ministro acomplejado. Vuelve a la carga con su propuesta de modificación de normas para becarios de Máster. Según él, es necesario cambiar el criterio que impone la nota mínima de 6,5 en promedio de pregrado para tener acceso a una beca para el Máster.
¿Por qué? “Porque es injusto pedirles más a los que están en desventaja socioeconómica. El objetivo es democratizar el derecho a la educación superior y aumentar el número de estudiantes que acceden a las universidades”.
Otra vez el criterio clasista, que de hecho, estigmatiza al pobre. Según los socialistas, si tiene altas notas es rico y si tiene bajas notas es pobre. Coartada para idiotas que busca ocultar el hecho de que el comunismo necesita acabar con el sistema educativo meritocrático para imponer su agenda y crear el tan ansiado “hombre nuevo” del que hablaba el Che Guevara. Ese que desde su mediocridad e ignorancia de las teorías que contradicen al socialismo, se hinque de rodillas ante la izquierda, permitiéndole gobernar por siempre, si es necesario.
Otra vez, de Caracas viene el ejemplo
Pues sí, otra vez vengo a hablarles del ejemplo del chavismo y del remedo que se realiza en España en este momento. Porque yo ya vi la película y ya me conozco la trama, el libreto, los diálogos y el final.
Chávez impuso una reforma educativa casi al arrancar a gobernar. Gracias a esas reformas, de hecho, se levantó la sociedad en pleno en 2001 con el lema “Con mis hijos no te metas”, impidiendo por un tiempo la aplicación de leyes que buscaban desmontar la educación con valores republicanos e imponer la educación socialista.
Pero el tiempo fue aliado del chavismo para ir imponiendo sus criterios a la fuerza, manu militari incluso. Hoy en Venezuela, por ejemplo, no se puede suspender a un alumno de secundaria. Si un alumno en cualquier materia de los cinco años obligatorios del bachillerato obtiene una nota menor al mínimo exigido de 10 sobre 20, pues el profesor está obligado a repetirle el examen cuantas veces sea necesario hasta que el alumno apruebe.
¿Qué causó esa reforma? Por supuesto, no impulsó al estudiante a estudiar más, sino que impulsó a los subpagados profesores de secundaria a aprobar de facto a los alumnos así estuviesen reprobados de forma irreparable, pues así se ahorraban el trabajo extra.
¿Cuál es el resultado? La devaluación del bachillerato y la mediocridad del bachiller, que al entrar a la universidad demuestra su valía reprobando y desertando.
¿Se ayudó a “los pobres” con esta medida? Por el contrario, se aumentó la brecha entre los estudiantes de instituciones públicas e instituciones privadas, pues evidentemente en las secundarias privadas se hacía un mayor esfuerzo por llenar los vacíos de los alumnos por encima de lo que pasa en los planteles públicos. El resultado fue obvio: las pruebas de admisión a las universidades públicas otorgaban las plazas a los estudiantes de la educación privada por encima de la educación pública, pues estaban mejor formados.
La realidad se impuso. Y cuando la realidad se le impone a la Revolución, pues hay que legislar contra la realidad y hacerla obedecer: se modificaron los criterios de ingreso a las universidades públicas y se obligó a las mismas a otorgar a estudiantes de las instituciones públicas el 60% de los cupos en todas las carreras. Todo se dirige al mismo lugar: a mantener al pobre en la pobreza, pues no podrá competir en el mercado de trabajo real aunque tenga un título universitario que obviamente logrará obtener porque el Estado obligará a las universidades, más temprano que tarde, a aprobar a todos los estudiantes.
¿Qué será de ese egresado al que ninguna empresa privada contratará? Pues lo contratará el Estado. Una fábrica de parásitos.
Y con todo esto en la trastienda se entiende mucho más la intención del régimen chavista de imponer que los rectores de las universidades autónomas sean electos por profesores, estudiantes y trabajadores de las universidades por voto popular igualitario. Obviamente, hay más estudiantes que profesores. Y viniendo los estudiantes ideologizados o idiotizados desde el nivel preescolar, de más está decir que el chavismo pondrá a sus más fieles en las oficinas rectorales de todo el sistema de educación superior venezolano.
Pero no hay que especular. Solo hay que ceñirse a la política del régimen que explicó el exministro de educación del chavismo Héctor Rodríguez hace unos años:
“No le vamos a dar educación a los pobres para que lleguen a la clase media y se metan a escuálidos (es decir, a opositores)”. Ruin y pérfido el joven ministro, pero sincero: si los educamos, pensarán bien y se nos opondrán. Porque como dice el refrán, si el burro pensara botaría la carga que le amarran al lomo.
De más está repetir: si quiere usted saber qué pasará en España si se permite que el sanchochavismo siga gobernando, no más revise el pasado y presente de Venezuela y lo sabrá.
Si, España no es Venezuela. Pero recuerde: en 1998 los venezolanos decíamos que Venezuela no era Cuba. Y henos aquí.
