'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
CON LA NACIONALIZACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO Y LA NUEVA CONSTITUYENTE

Castillo pretende copiar el modelo de Morales para Perú, justo cuando Bolivia se prepara para desecharlo

Perú atraviesa una crisis política muy profunda desde hace ya varios años, tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo, todo a causa de una débil institucionalidad y una consecuente corrupción rampante; ha tenido cuatro presidentes desde 2016.

Estos asuntos han sido tema central en la última campaña presidencial, y ahora Keiko Fujimori y Pedro Castillo se enfrentan en segunda vuelta este domingo 6 de junio.

De Fujimori se ha dicho la verdad, que ha sido protagonista de escándalos de corrupción y de pertenecer a una familia con genes autoritarios, pero debido a lo que representa Castillo, parece estar comprometida a respetar el Estado de Derecho en Perú.

Sobre Pedro Castillo se ha sabido que tiene un fuerte vínculo no sólo con el Socialismo del Siglo XXI (SSXXI) de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Evo Morales, e incluso Pablo Iglesias en España, entre otros, sino también -y para peor- con Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, al menos de manera aparente.

Esto no sorprende. Iberoamérica ha tenido siempre una inclinación izquierdista muy marcada. No obstante, lo que sí sorprende es lo que Castillo ha logrado hasta ahora con su perfil y la narrativa que ha construido, pues no sólo ha llegado a segunda vuelta, sino que el 25 de abril las encuestas de intención de voto lo ubicaron con 20 puntos por encima de Fujimori.

Aunque la tendencia desde las primeras encuestas era igualmente preocupante, la reacción de los mercados no pudo ser peor. Los bonos peruanos con vencimiento en 2037 sufrieron una severa caída, así como también el propio sol peruano.

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Dicha reacción es comprensible por lo más importante a saber de Castillo, aquello que está escrito en el documento de 77 páginas que él y Perú Libre -su partido- presentaron para la primera vuelta de las elecciones del 11 de abril. 

En este documento, Perú Libre y Castillo se definen primero como “una organización de izquierda socialista, marxista, leninista y mariateguista” inspirada en «el legado de Lenin y Fidel» y «aprender a quedarse en el poder como en Venezuela». 

Desde luego, esto quiere decir que los derechos individuales de propiedad privada en el Perú podrían sufrir un ataque, ya sea de manera inmediata o con pasos incrementales hacia ello. De hecho, en dicho documento se propone «prohibir la concentración de los medios de comunicación en manos privadas», entre otros dislates más.

Debido a sus primeras propuestas, Castillo se vio forzado a matizarlas, y no necesariamente a cambiarlas. Para la segunda vuelta afirma que, en sus propuestas, no hay chavismo ni comunismo, que tampoco pretende incurrir en expropiaciones, aunque es ampliamente sabido que Hugo Chávez Frías decía exactamente lo mismo en Venezuela cuando hacía campaña en 1998 por la Presidencia, que no había intención de nacionalizar nada, y aun así se lo vio apenas unos años más tarde amenazando con nacionalizar bancos en televisión en vivo, o directamente ordenando la expropiación de edificios y comercios privados.

De todas maneras, Castillo pretende anular el Tribunal Constitucional primero, y luego llevar adelante una Asamblea Nacional Constituyente en los primeros seis meses de su gobierno, conformada en un 60% por el “pueblo organizado”, con el objetivo de redactar una nueva Constitución y así revisar los contratos con las “empresas transnacionales que han saqueado al país por muchos años, y obligarlas a “pagar al Estado el 80% de sus ganancias o someterse a ser nacionalizadas”.

Así las cosas, quienes apoyan la candidatura de Castillo en Perú no dudan en destacar las similitudes que guarda con Evo Morales, tanto en su perfil como en sus propuestas, que habrían llevado a Bolivia a ser un éxito de transformaciones estructurales y, por tanto, la gran excepción entre los resultados que el SSXXI ha tenido allí donde ha sido aplicado. 

Las similitudes con Evo Morales

Escuchar hablar a Pedro Castillo en campaña es verdaderamente escalofriante para cualquier persona que haya sido, de alguna manera, víctima del SSXXI en Cuba, Venezuela, Argentina, Brasil, Nicaragua, Ecuador y Bolivia.

En este último país, por ejemplo, Castillo recuerda la manera en que Evo Morales hablaba en las campañas de 2002 y 2005, desde la manera en que justificaba la necesidad de una nueva Constitución, pasando por asegurar que recuperaría los recursos naturales para el pueblo, hasta el recorte de su sueldo en caso de ser presidente.

Todo esto fue mentira o simplemente un rotundo fracaso. No obstante, si hay algo que reconocer del gobierno de Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS), es su capacidad para hacer propaganda, de convertir la mentira en verdad y viceversa, de crear mitos y leyendas, de construir narrativas.

Una nueva Constitución, por las buenas o las malas

Entre febrero y octubre de 2003, Bolivia sufrió una serie de intensas revueltas callejeras muy similares a las que, por ejemplo, Chile ha vivido desde finales de 2019 hasta forzar una Asamblea Constituyente, las que EEUU sufrió en varias ciudades de manera simultánea luego del caso de George Floyd, y las que ahora vive Colombia.

Para empezar, esto quiere decir que, si acaso Castillo no ganara las elecciones en segunda vuelta, podría tomar la vía alternativa de tomar el poder mediante revueltas populares, con las que se identificará y calificará como “espontáneas y legítimas”, debido a que estarían “cansadas de tanta pobreza, desigualdad y explotación derivada de la oscura noche neoliberal”, pero tendrá el cuidado de no exponerse a su arresto si acaso participa como protagonista de alguna protesta.

Fruto de aquella severa crisis -también conocida como Guerra del Gas- donde hubo más de 60 fallecidos, Gonzalo Sánchez de Lozada se vio forzado a renunciar y huir del país, y se nació la Agenda de Octubre. Entre sus principales objetivos se encontraba extraditar a Sánchez de Lozada, impedir la exportación de gas a EEUU por puertos chilenos, nacionalizar el gas e industrializarlo.

En ese momento, con Carlos Mesa sucediendo constitucionalmente a Sánchez de Lozada, aprueba un referéndum sobre la nacionalización del gas.

Más tarde, luego de que Mesa renunció, Hormando Vaca Diez, entonces presidente del Senado, promulgó la Ley N° 3058, que establece que los impuestos que deben pagar las empresas petroleras en el país suben del 18% al 50%.

Dicha medida fue acompañada después por el conocido incremento de la cotización internacional de materias primas hasta 2014.

El fracaso de la Asamblea Constituyente, la Constitución y la nacionalización

Roberto de la Cruz, secretario general de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y aliado del MAS y Morales en 2003, afirmó en 2019 que no se había cumplido con ninguno de los puntos de dicha agenda.

Sobre la industrialización, De la Cruz manifestó que “si bien se crearon empresas como Papelbol, Cartonbol no tuvieron éxito. Fueron creadas solo para corromper y ahora están en quiebra”.

Lo cierto es que la nacionalización del primer día de mayo de 2006 -una de las primeras medidas de Morales como presidente-, consistió en una renegociación de contratos con las empresas petroleras. 

Para ilustrar el fracaso tanto de la Ley N° 3058 de 2005, así como la nacionalización de 2006, ya en 2013 el gobierno de Morales hablaba sobre la necesidad de una reforma la actual ley.

A juicio de Hugo del Granada Cosio, reconocido experto petrolero en Bolivia, “la nacionalización, que fue permanentemente acompañada de un estatismo asfixiante, sólo ha contribuido al aislamiento de Bolivia, al extremo de que ni siquiera las empresas que se decían de Gobiernos aliados como Venezuela, Irán, Ecuador o Argentina tuvieron inversiones significativas o exitosas.”

A consecuencia de tales políticas, ahora mismo, el gobierno de Arce Catacora se encuentra abordando un nuevo proceso de certificación de reservas. Al respecto, “el error del MAS fue considerar la actividad de exploración como una tarea terminada, por eso las inversiones estatales en producción fueron dos veces mayores que en exploración”, sostiene Del Granado.  

Así como afirmamos en otra oportunidad, los distintos analistas y expertos en la materia advierten desde hace varios años que, ante el deterioro cada vez más extendido del sector, si Bolivia no realiza reformas estructurales sobre la marcha, podría verse forzada a importar gas natural tan pronto como en 2024 o 2025.

Al respecto, Del Granado afirmó: “Estamos muy cerca del déficit energético, es muy peligroso lo que está pasando en el país; puede producirse déficit en cualquier momento ante un contratiempo que pueda surgir en los campos operados actualmente”.

Álvaro Ríos Roca también reconocido experto nacional, sostuvo: “Lo que debe quedar claro es que la Ley N° 3058, sumada a la pseudo nacionalización (el DS N° 28701 de 2006), nos ha permitido ordeñar muy bien la vaca. Hemos tenido una fuente de ingresos que, en los años de bonanza, nos ha traído 6.000 millones de dólares de exportación de gas entre 2010 y 2014, pero luego el sector comienza a entrar en una debacle tanto de precios como de producción de gas y de exportación, así como de petróleo y condensado, lo que nos está forzando a tener que importar el 70% del diésel y casi el 50% de gasolina, y que nuestras exportaciones de gas hayan caído de casi 50 millones de metros cúbicos al día a casi 34; es una caída libre, en cascada”. 

El MAS considera que Arce va contra nacionalización

De manera paradójica, Frank Molina, actual Ministro de Hidrocarburos de Bolivia, ha reconocido en la misma línea que Del Granado y Ríos Roca, que el país requiere una nueva Ley de Hidrocarburos, afirmando que el gobierno se encuentra “modificando algunos decretos porque tenemos que ser autocríticos”, que “los resultados no han sido los esperados y necesitamos en este momento incorporar reservas, incorporar volúmenes de producción de gas natural”. 

Frente a las declaraciones de Molina, el MAS observa con recelo que el gobierno de Arce Catacora va en contra de la nacionalización de Morales de 2006.

Para mayor inri, Del Granado asegura que para reformar el sector energético en general y el de hidrocarburos en particular, no sólo se requiere modificar el actual régimen impositivo -que es considerado como uno de los más elevados de América Latina, e incluso del mundo solamente detrás del de Argelia-, sino modificar la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009.

En la CPE de Morales y el MAS, el artículo 361 establece que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), “es la única facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización”. 

Igualmente, en su artículo 362, la CPE establece que los contratos que YPFB firme a nombre del Estado, “no podrán significar en ningún caso pérdidas para YPFB o para el Estado”.

Y en su artículo 363, también se dispone que toda “sociedad de economía mixta” que YPFB conforme “contará obligatoriamente con una participación accionaria no menor al cincuenta y uno por ciento del total del capital social” en toda la cadena productiva de hidrocarburos, es decir, en exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte y comercialización.

En todo caso, no sería la primera vez que el MAS viole su propia CPE para conseguir sus objetivos, si acaso Arce Catacora decide avanzar en una nueva Ley de Hidrocarburos sin antes reformarla. Evo Morales ya pretendió -entre muchas otras cosas-, permanecer indefinidamente en el poder en contra de lo que había prometido argumentando el disparate de que impedírselo constituía una violación a sus derechos humanos, y causó una severa crisis agravada por la pandemia del Covid-19.

Valga destacar que actualmente Bolivia atraviesa por una crisis causada por el propio modelo económico implementado en 2006, que constituye una bomba de relojería: tiene una cantidad de reservas en el Banco Central de Bolivia cada vez más reducida y, por tanto, una capacidad cada vez menor para sostener el actual tipo de cambio fijo, que se ha constituido en el último eslabón de estabilidad del sector bancario y financiero; acumula un déficit fiscal cada vez más difícil de sobrellevar, que se explica, en gran medida, por el gasto excesivo en la subvención de hidrocarburos y su ruinosa industrialización; y finalmente, le está siendo muy difícil conseguir financiamiento en los mercados internacionales para sobrellevar la actual crisis sanitaria y económica.

¿Es esto lo que realmente quiere el Perú con la nacionalización del sector energético y la nueva CPE que Castillo pretende, copiar el modelo boliviano justo cuando se prepara para desecharlo de manera inevitable?

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