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Se cuentan 163 presos políticos hasta noviembre en la nación centroamericana

Claman por una navidad sin presos políticos en Nicaragua: la tiranía sandinista no ha dejado de perseguir a la disidencia

Una mujer pasa por delante de una fotografía de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, en Managua, Nicaragua. Reuters

El futuro de los presos políticos en Nicaragua es incierto. Los procesos judiciales permanecen estancados de manera indefinida a merced de la “voluntad” del dictador sandinista Daniel Ortega.

La cifra de presos políticos ascendió a 163 en noviembre. 43 de ellos han sido detenidos durante la segunda ola de arrestos que inició en mayo, en el contexto electoral.

159 permanecen en las mazmorras del régimen y 4 bajo arresto domiciliar. Tres de ellos ya cumplieron seis meses de estar detenidos, se trata de los tres primeros arrestados: Marcos Fletes, Walter Gómez, y Cristiana Chamorro Barrios, hija de la expresidenta Violeta Barrios, que aspiraba a competir en las elecciones presidenciales contra Ortega.

Los tres son acusados por el régimen por presunto lavado de dinero en el caso de la Fundación Violeta Barrios, que dirigió por más de dos décadas Cristiana Chamorro, una de las dos mujeres presas políticas que permanecen bajo arresto domiciliar.

El académico Arturo Cruz cumplirá el 2 de diciembre seis meses de cárcel en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, la institución que dirige el consuegro de Ortega, el comisionado Francisco Díaz, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas de abril 2018, que dejó 355 personas asesinadas -la mayoría con armas de alto calibre- producto de la represión.

Los familiares de los opositores encarcelados por Ortega han denunciado que los juicios continúan detenidos y sin derecho a la defensa, porque el régimen les impide hablar con sus abogados, no les permiten recibir alimentos y son sometidos a extenuantes interrogatorios, torturas y mala alimentación. La mayoría permanece en celdas aisladas.

En todo el tiempo de encarcelamiento solo les han permitido tres visitas familiares.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo que los juicios a los presos políticos han sido suspendidos y sin reprogramación. El régimen argumenta que por “fuerzas mayores, que no fundamentan”, afirmó el organismo.

Un informe sobre Derechos Humanos en Nicaragua enviado por Human Rights Watch (HRW), al presidente del Consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el embajador Josué Fiallo, confirma las denuncias de los abusos a los que son sometidos los presos políticos en Nicaragua.

“En la mayoría de los casos penales contra críticos, los tribunales han invocado la reforma del Código Procesal Penal de febrero para autorizar a los fiscales a mantenerlos en prisión preventiva por un plazo de 90 días sin presentar cargos. Trascurrido ese plazo, la mayoría ha sido acusada de ‘conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional’ sin respetar las garantías más básicas del debido proceso”, revela

El documento indica que el régimen sandinista ha impedido a los abogados de los opositores detenidos estar presentes durante las audiencias públicas, asignándoles defensores públicos en su lugar. “Durante meses, la mayoría de los abogados no han tenido acceso a documentos judiciales, a pesar de solicitarlos en reiteradas oportunidades”.

El organismo de derechos humanos califica los interrogatorios a los que son sometidos los reos de conciencia de “agotadores en condiciones abusivas de detención, que incluyen aislamiento prolongado y alimentación insuficiente, lo que puede constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante conforme al derecho internacional. Las recientes detenciones se suman a las más de 100 personas percibidas como críticas que permanecen detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis de derechos humanos que atraviesa el país”, subraya el informe. 

Añade que el régimen de Ortega ha ignorado los reiterados pedidos de la Asamblea General y del Consejo Permanente para liberar sin condiciones a los presos políticos y restablecer la democracia en el país.

Por lo anteriormente expuesto HRW exhortó a la OEA “redoblar la presión internacional mediante la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, específicamente invocando su artículo 21. Una presión internacional contundente y sostenida es fundamental para poner un fin a las graves violaciones de derechos humanos, lograr la liberación de las personas detenidas arbitrariamente, permitir que los nicaragüenses puedan regresar del exilio, poner fin a la censura y restablecer la independencia judicial y los derechos políticos en Nicaragua”. 

Navidad sin presos en Nicaragua

Por tercer año consecutivo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), promueve la campaña “Navidad sin presos políticos”, con la que demanda la libertad de los privados de libertad.

Ortega sigue ignorando las suplicas de los familiares de los presos políticos.

Éxodo

Mientras Ortega continúa imponiendo la política del terror y las oportunidades de empleo son cada vez más escasas, miles de nicaragüenses han optado por migrar: unos por razones políticas, otros en busca de una mejor vida.

El número de nicaragüenses que llegan a la frontera con Estados Unidos, se ha incrementado. La patrulla fronteriza de Estados Unidos ha detenido a unos 50.000 nicaragüenses en la frontera sur en 2021.

Tras el estallido social de abril de 2018, el vecino país de Costa Rica recibió a 100.000 refugiados nicaragüenses. Las cifras de migrantes han incrementado también en ese país en 2021. La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, reveló que este año más de 30 mil nicaragüenses han pedido refugio.

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