Un malogrado proyecto de reforma tributaria, presentado por el gobierno del Presidente Iván Duque –contra la posición oficial de su partido, el Centro Democrático– terminó por desatar la ira de millones de colombianos que en un primer momento se expresaron en redes sociales, columnas de opinión y cacerolazos. Pronto las manifestaciones pasaron a las calles, dando cabida a algunos violentos a los que las fuerzas del orden ya no pueden enfrentar, restringidos como están de hacer uso de la fuerza.
Desde el 28 de abril, cientos de miles de colombianos han salido a las calles y millones han quedado atrapados en sus casas, sin poder salir a trabajar. El desabastecimiento es tal que muchos supermercados ya han salido de sus inventarios de seguridad.
El nuevo ministro de Hacienda, Jose Manuel Restrepo, quien se desempeñaba como ministro de comercio, ha indicado que cada día de Paro se reportan pérdidas por 400 mil millardos de pesos (€100 millones de euros), mientras que la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, afirma que las pérdidas por bloqueos, daños en infraestructura y locales, alcanzan los 1,5 mil millardos de pesos (€380 millones de euros).
El proyecto de reforma fiscal buscaba recaudar 23 mil millardos de pesos y el gobierno alegaba que se desprendía del gasto de emergencia en el que tuvo que incurrir para enfrentar la pandemia. Pues bien, ahora se suma el “Paro Nacional” y el proyecto, cuando se presente, también tendrá que cubrir sus efectos.
En el primer trimestre de 2021, la economía colombiana creció 1,1%, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), pero ese dato es anterior a las movilizaciones y bloqueos. De manera que las cosas seguro estarán peor en el segundo trimestre. La desocupación se mantiene en 14,2% y la informalidad –población que no hace ningún tipo de cotización a la seguridad social– llegó a un histórico 49%. La inflación se mantiene por debajo del 0,6%.
La pregunta que hay que formular es: ¿a quién representa el Paro Nacional?
Existe un comité que se ha sentado a negociar con el gobierno colombiano, pero su pliego de peticiones es tan absurdo, que todos los exministros de hacienda advierten contra acoger sus propuestas.
El marco fiscal sencillamente no da para tanto. En reciente publicación en su cuenta de twitter, el exministro Juan Camilo Restrepo, por ejemplo, insiste en que “ante las desmesuradas pretensiones del comité en su pedimento, el gobierno tiene que ser muy prudente en lo que conceda. La sostenibilidad financiera puede rodar en añicos”.
No es para menos. El Comité del Paro insiste en la implementación de una renta mínima universal de un salario mínimo para las familias más pobres de Colombia, algo que implicaría la tercera parte del gasto público –y se agrava por el incremento al salario mínimo que ha hecho el actual gobierno en los últimos tres años, muy por encima de la inflación–.
También exigen el desmonte del ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios), reformar la doctrina de las fuerzas armadas, firmar el Acuerdo de Escazú, entre otras muchas exigencias que en Colombia han sido derrotadas en las urnas una y otra vez. Ejemplo claro es la exigencia de implementar sin dilaciones el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, a pesar de haber sido rechazado en las urnas en octubre de 2016.
Lo que parece estar quedando claro en Colombia es que las urnas ya no definen el camino a seguir y que los procedimientos democráticos, consagrados en la Constitución Política, han quedado en nada, pues la calle impone su agenda.
El gobierno no ha sabido cómo reaccionar, se niega a decretar un estado de conmoción interior, ha perdido el respaldo de muchas facciones de los partidos de su coalición y ha caído preso de quienes bloquean el país, sin que nadie los pueda hacer responder en el marco de la ley.