Este lunes 11 de abril, el Consejo Nacional Electoral de Colombia amonestó públicamente a la misión de la Internacional Progresista (IP) que participó como observadora en los pasados comicios del país sudamericano, en los cuales se escogieron parlamentarios y abanderados de las principales coaliciones que se disputan la presidencia.
En carta dirigida a la senadora María Fernanda Cabal, el Consejo Nacional Electoral respondió de esta forma a un escrito formal de la parlamentaria, mediante el cual Cabal denunciaba la intervención flagrante de la Internacional Progresista en los asuntos internos de Colombia en los pasados comicios parlamentarios del 13 de marzo.
La “amonestación pública” del CNE señala que, en efecto, la delegación de la Internacional Progresista violó “los principios de neutralidad, imparcialidad y no intervención” que deben caracterizar a las misiones de observación electoral; puesto que había opinado indebidamente sobre los asuntos internos del país y había tomado partido en favor de los candidatos del Pacto Histórico.
María Fernanda Cabal señaló entonces que la Internacional Progresista no había venido a observar sino a favorecer a los candidatos comunistas y, reveló además que Gustavo Petro pertenece a la directiva de esa plataforma.
La amonestación colombiana a la IP resulta apropiada y oportuna, porque dicha organización pretende volver a Colombia el 27 de mayo como observadora de la primera vuelta presidencial, pero ahora acompañada por miembros del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo. Así se puede corroborar en el “Plan de Acción para 2022” de la página del Foro de São Paulo fechada el 6 de abril, en la que anuncian precisamente la composición de esta nueva misión electoral encabezada por el ciudadano argentino Alejandro Rusconi.
Rusconi es un personaje conocido por las autoridades colombianas, puesto que en mayo del año pasado viajó a Bogotá como parte de una supuesta delegación de Derechos Humanos, cuyo verdadero objetivo fue apoyar las protestas vandálicas convocadas por Gustavo Petro y a la vez acusar al gobierno de Duque por “genocidio”. En mayo del año pasado, esta columnista realizó un programa especial en el que se alertó sobre esta presunta misión de DDHH, apuntando con nombre y apellido a Alejandro Rusconi como uno de los agentes del Foro de Sao Paulo que buscaba desestabilizar las instituciones democráticas en la nación neogranadina.
Con todos estos antecedentes, el Consejo Nacional Electoral y demás organismos vinculados al proceso, deberían ir más allá de una amonestación. Y es que basados y apoyados en las normas legales, el Estado colombiano tiene que impedir la indebida injerencia de la Internacional Progresista en las próximas elecciones.
