Diversos colectivos ciudadanos han denunciado la intención de parte de algunas parlamentarias peruanas de impulsar una ley trans y dictámenes de paridad de género, temas que consideran no deberían considerarse prioritarios debido a la crisis sanitaria producida por la segunda ola del covid-19 que ha hecho colapsar los hospitales del país andino por falta de oxígeno medicinal y camas UCI.
Este lunes, la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso del Perú aprobó -por mayoría- el dictamen que propone la Ley que promueve la paridad en los directorios de las empresas estatales.
La titular del grupo, Carolina Lizárraga Houghton, del Partido Morado, aseguró que esta norma garantiza la representación igualitaria entre hombres y mujeres en los directorios de las empresas estatales bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).
“El Estado garantiza que los directorios de las empresas del Estado estén conformados mínimamente por el 50% de mujeres. En el caso de las empresas del Estado, cuyo número de miembros del directorio es impar, la paridad se aplica hasta la designación del penúltimo miembro del directorio, pudiendo ser el último miembro mujer un hombre”, dijo Lizárraga, según recoge Andina.
Mónica Saavedra, congresista por Acción Popular, manifestó que es necesario promover espacios para que las mujeres puedan participar activamente de la vida económica de nuestro país, indicando que es importante que las empresas esclarezcan el principio de paridad para la conformación de sus directorios.
“En nuestro país existen mujeres preparadas académicamente y con la experiencia suficiente para asumir tales responsabilidades en cualquiera de las empresas públicas que se rigen bajo el marco del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado”, subrayó durante su intervención.
Para Mariella Bianchi, abogada especialista en Gestión Pública y presidente de la ONG Palabra de Mujer, esta medida pretende que se les otorguen beneficios a las mujeres en razón de su sexo y no por sus capacidades para acceder a estos puestos de trabajo.
“La paridad de género, al contrario de lo que argumentan los promotores de este proyecto de ley, no promueve la igualdad de derechos tal como lo reconoce el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú que consagra el principio constitucional de igualdad ante la ley. Por el contrario, este proyecto de ley tiene un fundamento ideológico de corte feminista y de raíces marxistas, que pretende que se les otorguen beneficios a las mujeres por razón de su sexo y no en atención a sus capacidades o actitudes para acceder a puestos de gobierno y de gestión pública. Las mujeres que no somos feministas y, concretamente, quienes no somos comunistas, apostamos por la meritocracia, ya que son las capacidades y aptitudes requeridas para el perfil de un puesto, lo que debe determinar el acceso a todos los puestos públicos y privados”, señala.
Bianchi advierte que parte de esta agenda incluye otorgarle puestos de trabajo en el Estado a personas integrantes de la comunidad LGTB -introduciendo conceptos como “mujer trans” o “intersex”- solo por el hecho de serlo y no por razones de meritocracia.
“Este proyecto de ley, cuando habla de paridad de género, en el fondo lo que busca es que las mujeres y la comunidad LGTB accedan a puestos de gobierno en un 50% de proporción. Esto se fundamenta en lo establecido en el glosario de términos de la Resolución Suprema N° 008-2019-MIMP:»Política Nacional de Igualdad de Género» que introduce el concepto: ‘mujeres en su diversidad’, ampliando la designación del concepto mujeres no solo a las que pertenecemos al sexo femenino -nacidas como mujeres, aspecto biológico-, sino a otros tipos de ‘mujeres’ que propugna la ideología de género, como las mujeres trans, intersex, entre otras. Eso es en realidad lo que promueve el proyecto de ley, que los Ministerios, Vice Ministerios y Direcciones de Organismos Públicos Descentralizados que forman parte del Poder Ejecutivo, sean ocupados por personas que pertenecen a la comunidad LGTB solo por el hecho de pertenecer a esa comunidad y no por razón de la meritocracia que busca asignar en los puestos de gobierno a aquellos que estén calificados con los requisitos requeridos”, sostiene.
Ley trans
A través de la plataforma CitizenGo, el colectivo Parejas Reales viene recolectando firmas en rechazo de la ley de “Identidad de género” que también impulsa la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, en especial por las integrantes del Frente Amplio -comunistas- y el Partido Morado -liberales progresistas-.
“Los Morados están tratando desesperadamente de aprovechar el poco tiempo que les queda en el Poder para promover su agenda ideológica como si se tratara de asuntos prioritarios. Las auténticas y urgentes necesidades de las mujeres están relacionadas con la pandemia. Miles de mujeres (así como hombres) han muerto por falta de oxígeno, atención médica, camas UCI, vacunas, etc. y lo que menos necesitamos es generar polarización en temas polémicos”, explican en su petición.
De acuerdo a Sergio Burga, gerente de Análisis de Incidencia Política del Population Research Institute (PRI), el proyecto es impulsado por Carolina Lizárraga y busca una aprobación express sin mayor debate ni intervención de otros colectivos y asociaciones que no sean sino de la línea política de su partido y sus aliados en la comisión.
“Lizárraga planea aprobar esta norma el próximo lunes 8 de marzo, día internacional de la mujer. Ella y sus asesores han impulsado este tema sin mayor debate y ha llevado a la comisión a más de diez invitados a favor de la norma y solo a dos representantes profamilia, negándole la participación a la asociación ‘Ex Gays-Perú’ a pesar de que se les envió documentos solicitando participar. La congresista Lizárraga en tan solo dos semanas intenta aprobar una ley que no es prioritaria, por la cual los peruanos pueden definir su identidad ignorando su sexo biológico, pero además obligándonos al resto de la población a tratarlo según su autopercepción bajo pena de sanciones por discriminación. Están desesperados por aprobarlo al caballazo”, asegura Burga.
