Para el investigador estadounidense en temas de seguridad y redes criminales internacionales, Douglas Farah, una evidencia clara sobre el incremento de la corrupción y la presencia del narcotráfico en los países del Triángulo del Norte es el caso de Honduras, donde asegura impera un “narcoestado” desde la presidencia hacia abajo.
Farah es el autor de la investigación: “Narcopoder debilita el Triángulo del Norte”, publicada por la revista de la National Defense University (Universidad Nacional de la Defensa de EEUU) en 2013. Desde entonces ha habido un cambio en el que se ha afianzado la corrupción y se han extendido los lazos del narcotráfico.
“Lo que ha cambiado en estos años es que los niveles de corrupción han subido, la presencia del narcotráfico es más visible y extensa, después de los huracanes, la pandemia del covid-19, la corrupción y la falta de legitimidad de los gobiernos. La gente ha perdido la esperanza”, acotó.
Esos factores, asegura el experto, han contribuido a la ola de migrantes que se observa en los últimos años, que ha tenido como destino principal Estados Unidos.
Honduras
Uno de los casos más visibles que reafirman su conclusión es el caso del hermano del presidente Juan Orlando Hernández, Tony Hernández condenado a cadena perpetua en una Corte de Nueva York por narcotráfico, un caso que salpica al mandatario hondureño, señalado de “coconspirador” en el supuesto tráfico de cocaína a Estados Unidos, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades del país del norte. El mandatario no ha sido imputado hasta ahora por la fiscalía.
El exjefe del cartel hondureño los “Cachiros”, Devis Leonel Rivera, preso en Estados Unidos por narcotráfico y que colabora con las autoridades, afirmó que sobornó al presidente hondureño, al vicepresidente Ricardo Álvarez, y a los exmandatarios Manuel Zelaya y Porfirio Lobo a cambio de “protección” para lavar dinero.
La exprimera dama, Rosa Elena de Lobo, es acusada de corrupción durante la gestión de Gobierno de su esposo, mientras el hijo del matrimonio Lobo, se enfrenta a una condena de 24 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos. El juicio salpica al expresidente Lobo y a altos funcionarios hondureños.
Photo: Michael Brochstein/ZUMA Wire/dpa
Guatemala
En Guatemala, el expresidente de ese país, Otto Pérez Molina, guarda prisión desde 2015 por corrupción, un caso en el que también está acusada su exvicepresidenta, Roxana Baldetti.
“Durante la última década, México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica han estado entre las naciones más violentas del mundo. El crimen organizado y grupos de ‘autodefensa’ se han visto inmersos en sangrientas batallas por el control de los mercados ilícitos, principal pero no exclusivamente, el tráfico de drogas y la extorsión”, publica un reporte de la organización International Crisis Group.
Farah sostiene que en Guatemala existe mayor presencia de los carteles mexicanos.
“Guatemala siempre ha tenido sus estructuras y ahí es donde pueden llegar los mexicanos con más facilidad”, dijo Farah para agregar que la presencia de esas mafias en El Salvador y Honduras es menor en comparación con Guatemala debido a la posición geográfica.
El Salvador
En El Salvador tres expresidentes han sido enjuiciados por corrupción.
El expresidente Francisco Flores [1999-2004] fue el primer presidente acusado de corrupción en su país por la malversación de fondos procedente de una donación de Taiwán destinada a los damnificados de los terremotos ocurridos el 13 enero y 13 febrero de 2001. Falleció en medio del proceso judicial. Flores llegó al poder a través del partido ARENA.
Elías Antonio ‘Tony’ Saca [2004-2009] fue condenado a 10 años de prisión por malversación de fondos públicos y tuvo que devolver a las arcas del Estado 260,7 millones de dólares de los 300 millones que el Ministerio Público afirma que el exmandatario sacó.
Posteriormente el expresidente fue condenado a otros 2 años de prisión por haber pagado 10.000 dólares a una funcionaria judicial para obtener información sobre otro juicio en su contra.
Su exesposa la ex primera dama salvadoreña Ana Ligia de Saca, fue declarada culpable el pasado 6 de marzo por lavado de dinero en el mismo caso de su exesposo. La condena será dictada el 5 de mayo próximo. Otros exfuncionarios fueron acusados de una red para desfalcar al Estado.
Saca llegó al poder a través del partido ARENA, al que perteneció durante el periodo comprendido entre 1989 y 2009, y del que se separó para formar parte del Partido Concertación Nacional (PCN).
El expresidente Mauricio Funes [2009-2014] es prófugo de la justicia salvadoreña que le acusa de enriquecimiento ilícito al no haber logrado justificar la procedencia de al menos 1.2 millones de dólares en sus cuentas bancarias.
Además, a Funes las autoridades le acusan por malversación y lavado de dinero por 45 millones de dólares. Otros altos exfuncionarios del gobierno de Funes enfrentan la justicia por presunta corrupción.
De acuerdo con las autoridades judiciales, Funes habría lavado 3,5 millones de dólares a través de empresas «fachadas» en El Salvador, Panamá, Suiza, Islas Marshall y Curazao.
Funes, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se encuentra asilado en Nicaragua donde el régimen de Daniel Ortega no solo le otorgó asilo y trabajo como “consultor”, sino que también le concedió la ciudadanía nicaragüense.
En los juicios que enfrenta Funes, también son encausados familiares, su hijo Diego Funes Cañas, y su exesposa Regina Cañas, condenada a tres años de prisión y a reembolsar al estado 95.000 dólares.
Carlos Guzmán, suegro de Funes será extraditado de Costa Rica a El Salvador donde le acusan de formar parte de una red de corrupción supuestamente liderada por el expresidente. Guzmán es acusado de legitimación de capitales.
El juicio contra Funes permanece estancado por ser prófugo de la justicia.
Farah sostiene que el gobierno del presidente Nayib Bukele “también tiene problemas de muy alto nivel con el crimen organizado, una corrupción escalofriante igual en Guatemala con el presidente Alejandro Giammattei”, afirmó el experto.
Un informe de IBI Consultant, que dirige Farah, titulado “Cómo hacer desaparecer un billón de dólares”, establece vínculos entre el mandatario salvadoreño y el líder principal del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), José Luis Merino, alias “comandante Ramiro”, el hombre encargado de Alba Petróleos subsidiaria de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), sancionada por Estados Unidos por corrupción.
La alianza, de acuerdo con el autor, no responde a ideologías, sino a dinero.
Funcionarios del gobierno y personas cercanas al presidente Bukele estarían vinculados a un esquema de blanqueo de capitales procedente de PDVSA. En el informe Farah ofrece documentación.
La investigación revela que Bukele y personas de su entorno habrían recibido a título personal o a través de empresas relacionadas con el consorcio Alba Petróleos, hasta 2 mil millones de dólares en conceptos de préstamos, dinero que era parte de un esquema masivo de lavado de dinero que se ejecutó en Venezuela, El Salvador, Estados Unidos, Panamá y otros países.
A la situación del narcotráfico y la corrupción gubernamental en los países del Triángulo del Norte se suma la violencia de las pandillas, aunque en El Salvador la criminalidad ha tenido una reducción significativa desde la llegada de Bukele al poder.
Algunos analistas lo atribuyen a la pandemia, el Gobierno sostiene que es producto de la “efectividad” de su plan de seguridad.
Ola migratoria a Estados Unidos
El factor psicológico permitió que las personas aguantaran en sus países con la esperanza de sobrevivir, pero en el 2020 con dos huracanes, la pandemia, el desempleo y los problemas económicos decidieron abandonar sus países en busca de una vida mejor.
“Los centroamericanos como todos son personas racionales, ninguna madre o padre quiere mandar a su hijo solo a través de miles de kilómetros, con extranjeros y los peligros del camino, hoy toman riesgos que antes no tomaban”, subrayó Farah.
“Hay que analizar porque en la psicología actual es mas el beneficio costo para tomar esos riesgos que el beneficio de quedarse en casa, es una condena absoluta a los gobiernos de estos países, no solo los actuales sino los anteriores”, apuntó.
El éxodo de miles de migrantes ha provocado una crisis humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos, más de 17 mil menores no acompañados permanecen en manos de las autoridades estadounidenses. Niños han sido abandonados por sus padres en la frontera debido a que tienen posibilidad de permanecer en el país del norte, no así los adultos, de acuerdo con la política del gobierno de Joe Biden.
La Lista Engel
Estados Unidos podría dar a conocer próximamente los nombres de funcionarios y políticos implicados en corrupción, narcotráfico y socavamiento de la democracia en los países del “Triángulo del Norte”, que serían sancionados a través de la “Lista Engel”.
La iniciativa fue nombrada en honor al excongresista demócrata y expresidente del comité de Relaciones Exteriores en la Cámara de Representantes, Eliot Engel, autor de la propuesta.
La Ley fue aprobada en diciembre de 2020 con el propósito de “apoyar al pueblo de Centroamérica y fortalecer la seguridad nacional de los Estados Unidos, abordando las causas fundamentales de la migración desde El Salvador, Guatemala y Honduras».
El Departamento de Estado tiene un plazo de 180 días desde su aprobación para publicar su primer informe. La Ley establece como sanciones la cancelación de las visas y cualquier otro beneficio migratorio a quienes aparezcan en la lista y a sus familiares cercanos.
