La Organización de Estados Americanos (OEA) ha exigido este miércoles a Nicaragua la puesta en libertad de los candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre, así como del resto de presos políticos, en una última resolución en la que se ha criticado el caso omiso del régimen socialista de Daniel Ortega a las recomendaciones del grupo regional.
Tras una última reunión de su Consejo Permanente, la OEA ha expresado su «alarma» por las conclusiones de Naciones Unidas en un informe del pasado septiembre sobre la situación en Nicaragua, en el que se denuncian detenciones arbitrarias de dirigentes políticos y de la sociedad civil, de periodistas, o empresarios; así como la cancelación de otros dos partidos, lo que hace cada vez más difícil a la oposición presentarse a las próximas elecciones.
Además de reiterar que los candidatos y los opositores detenidos sean puestos en libertad, el Consejo Permanente de la OEA ha cuestionado la legitimidad de los próximos comicios, ya que sus recomendaciones al régimen de nicaragüense «han sido ignoradas».
Por ello, insta «con urgencia» a Ortega «a poner en práctica sin demora los principios de la Carta Democrática Interamericana, así como de todos los estándares internacionalmente reconocidos», con el fin de celebrar «elecciones libres, justas y transparentes», bajo supervisión de la OEA y observadores internacionales «creíbles».
Durante la sesión de la OEA, el régimen de Nicaragua ha divulgado un comunicado para explicar los motivos por los que no ha participado en ella, insistiendo en que la soberanía del país «no se discute».
«En nuestro país no hay un solo candidato detenido, ni uno, no hay un solo inocente procesado, ni uno, los que están siendo objeto de procesos legales, son agentes extranjeros identificados», ha subrayado.
La tiranía nicaragüense afirma que se trata de «agentes extranjeros» a sueldo de gobiernos de otros países, que están «usando las estructuras de instituciones privadas» inyectando «millones de dólares para destruir, matar, quebrar la economía y subvertir el orden constitucional».
«No son palomas de basílicas las que hoy enfrentan el peso de las leyes, son instigadores, asesinos y destructores. Por menos que eso, en muchos de sus Estados, sus leyes les aplicarían penas muy graves», se lee en el texto.
