Los resultados de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre próximo en Nicaragua no son desconocidos: solo falta que llegue el día de las votaciones para consumar el hecho, que no es otro que la permanencia del tirano Daniel Ortega en el poder por otros cinco años. Un objetivo por el que reprime y ha asesinado a más de 300 nicaragüenses desde 2018.
La representante de Ciudadanos por la Libertad (CxL), Carmella María Rogers Amburn -conocida como Kitty Monterrey-, dijo que Ortega le ha quitado toda legitimidad al proceso electoral y lo convirtió en un mero trámite en el que los ciudadanos podrán votar, pero no elegir.
El régimen sandinista canceló la personería jurídica a tres partidos de la oposición y mantiene a siete aspirantes presidenciales encarcelados desde junio con el objetivo de neutralizar a cualquier contrincante e ir a unos “comicios” sin competencia.
“La continuidad en el poder de Daniel Ortega no dependerá del resultado de ese proceso sino, como hasta ahora, de que pueda seguir imponiendo su voluntad por las vías de hecho”, dijo la líder política.
La última encuesta realizada por Cid-Gallup del 14 de septiembre al 4 de octubre, revela que más de dos tercios de la población está inconforme con la gestión de Ortega. El 69 por ciento de los nicaragüenses desaprueba su gestión, un 2 por ciento dijo no saber, y solo el 29 por ciento dijo aprobarla.
Esos datos indican que Ortega no tendría el porcentaje mínimo de sufragios necesarios para “ganar” las elecciones (que es el 35% del voto popular) si supera al del segundo lugar por una diferencia mínima del 5 por ciento.
Ese 35% mínimo para llegar a la presidencia fue negociado a través del acuerdo conocido como el “pacto” entre Ortega y el entonces presidente Arnoldo Alemán en 1999, y finalmente aprobado en el 2000. Ese pacto permitió a Ortega retornar al poder en noviembre de 2006, cuando “ganó” los comicios con solo el 38 por ciento de los votos, frente a una oposición dividida.
Ortega, que ha manipulado los instrumentos de la democracia a su favor, pretende imponerse a través de elecciones fraudulentas y ser reconocido por la comunidad internacional.
El régimen ha ofrecido un “diálogo” nacional después de los comicios. El propósito es, de acuerdo con un experto, legitimar las elecciones. “Se presentará como benévolo y hablará de reconciliación”, dijo el analista que prefiere no sea revelada su identidad por razones de seguridad.
Para Monterrey se hace “muy difícil saber que está pensando realmente el régimen sandinista cuando habla de diálogo y mientras eso no se conozca es solamente una palabra vacía de contenido. En este momento en Nicaragua solo hay condiciones para un monólogo de quienes imponen su voluntad desde el poder y dicen que en Nicaragua no hay ningún problema”.
Añadió que el primer requisito para que haya un diálogo real y no un simulacro es la presencia de interlocutores frente a ese régimen “que sean reconocidos y puedan expresarse libremente. Eso resulta materialmente imposible en las condiciones actuales con un Estado policial, líderes opositores presos y exiliados, aspirantes presidenciales presos, partidos de oposición ilegalizados y una serie de leyes que anulan la libertad de expresión”.
Monterrey dijo que, para hablar de un diálogo serio, cuyo objetivo sea la transición a la democracia “deben crearse las condiciones básicas de libertad, como el restablecimiento de la libertad de expresión, la liberación de los presos políticos y que los interlocutores de ese diálogo, que son la oposición política y los sectores económicos y sociales, puedan organizarse libremente y sean reconocidos como tales por el gobierno”.
“Por ejemplo, en el caso de Ciudadanos por la Libertad el régimen le canceló su personalidad [jurídica] como partido político. Nos declaró inexistentes, y yo estoy en el exilio porque me canceló hasta mi cédula de identidad”, señaló.
Uno de los participantes del diálogo sería el sector empresarial y el gran capital con quienes Ortega mantuvo alianzas durante 11 años, hasta abril de 2018. Hoy el tirano nicaragüense mantiene a representantes del sector privado encarcelados. Presos que eventualmente podría utilizar como fichas de canje.
