Incertidumbre. Así es la situación que enfrentan los opositores encarcelados por el régimen de Daniel Ortega. Cuatro meses después del inicio de la ola de arrestos contra 37 presos políticos permanecen en las mazmorras de la dictadura, sin acceso a la defensa y sin conocer el estado de los procesos judiciales.
A tres semanas de los comicios presidenciales, Ortega continúa violando los derechos humanos de los presos políticos que permanecen en las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). Son sometidos a constantes interrogatorios y solo en dos ocasiones han tenido acceso a visitas de sus familiares. La primera visita de media hora fue a finales de agosto, la segunda el pasado 13 de octubre por un periodo de dos horas.
Un total de 33 permanecen en las celdas de la DAJ, otros cuatro están bajo arresto domiciliar. Son acusados de presunto lavado de dinero y de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional».
Uno de los casos más dramáticos es el del exembajador de Nicaragua en Costa Rica y fundador del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Mauricio Díaz, de 71 años. CxL emitió un comunicado que revela las condiciones en que se encuentra el exdiplomático tras la visita familiar. Su esposa reveló que Díaz ha perdido mucho peso, presenta infección en sus oídos, es sometido a torturas psicológicas durante los constantes interrogatorios y permanece en una celda que tiene una puerta y una pequeña ventana donde le pasan los alimentos, y la luz permanece encendida las 24 horas del día.
Además, uno de los médicos practicantes en la DAJ diagnóstico a Díaz con polineuritis (inflamación de nervios periféricos) y escoliosis (desviación lateral de la columna vertebral), dos enfermedades que no padecía antes de ser secuestrado, revelan en el comunicado de CxL. «Le están dando Tafil por las noches para dormir, un medicamento que él nunca había necesitado», dijo su esposa.
Durante una conferencia de prensa los familiares de los opositores presos denunciaron las torturas psicológicas a los que son sometidos, la pérdida de peso debido a la mala alimentación, y la falta de acceso a un debido proceso judicial.
Max Jerez, uno de los estudiantes universitarios detenidos, cumplió 100 días en la cárcel el 13 de octubre. Ese día recibió la segunda visita desde que está detenido. Su madre no llegó, se enteró que había fallecido el 17 de septiembre. La dictadura no le notificó y tampoco le permitió despedirse de su progenitora. Lo mismo le sucedió al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguirre, su madre falleció el pasado 11 de octubre y el régimen tampoco le permitió asistir a las honras fúnebres.
Oportunidad perdida
La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua emitió su mensaje número 25 en el que señala que Nicaragua perdió una oportunidad valiosa para enderezar el rumbo del país. «Los derechos políticos inherentes a la ciudadanía pueden y deben ser concedidos según las exigencias del bien común. No pueden ser suspendidos por la autoridad sin motivo legítimo y proporcionado. El ejercicio de los derechos políticos esta destinado al bien común de la nación y de toda la comunidad humana», dice la Comisión.
«Sentimos que hemos perdido una oportunidad valiosa para enderezar el rumbo de nuestra patria y solucionar los problemas sociales, políticos y económicos al no dar cabida a la pluralidad de pensamiento de todos los sectores; al contrario, se ha excluido», señala.
El mensaje fue emitido tras los ataques de Ortega, que ha llamado «demonios» y «terroristas» a los obispos que se han mantenido a la par del pueblo tras el incremento de la represión y los crímenes del régimen.
La dictadura anuncia ‘diálogo’
El diputado sandinista Walmaro Gutiérrez, sancionado por Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos, anunció que el régimen se prepara para el diálogo en el que, según dijo, no podrán participar los que han solicitado sanciones. «En el diálogo van a caber todos los que amen a Nicaragua, no los que piden sanciones para Nicaragua”, dijo Gutiérrez, pese a que las sanciones hasta ahora han sido individuales contra familiares de Ortega y sus empresas, funcionarios de su régimen y la Policía como institución por violaciones a los derechos humanos y corrupción.
«Nosotros como pueblo organizado ganaremos las elecciones este próximo 7 de noviembre y se abrirá un gran diálogo nacional donde van a caber todos, lo que no vamos a permitir son los tranques de la muerte, lo que no vamos a permitir es más muerte”, afirmó el veterano legislador cuyo régimen desarticuló las protestas populares que demandaban la salida del dictador a sangre y fuego dejando más de 325 muertos, centenares de heridos y encarcelados.
Mientras las elecciones se acercan, el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea informó que uno de los temas a abordar en su reunión de este lunes será la crisis en Nicaragua con el propósito de «estudiar la necesidad de adaptar las políticas de la UE con vistas a las próximas elecciones generales que tendrán lugar en el país el 7 de noviembre de 2021, y la mejor manera de apoyar a la población».
Además, en la Organización de Estados Americanos (OEA), Canadá y Chile solicitaron incluir en la agenda de la reunión ordinaria del próximo 20 de octubre la situación de Nicaragua.
