La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado una reforma de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que, entre otros cambios, introduce la posibilidad de expulsar a diputados que tengan juicios pendientes sin necesidad de que haya sentencia firme.
La anterior ley incluía entre las condiciones para perder el escaño la condena con sentencia firme a penas de cárcel o de inhabilitación. Ahora, «el diputado quedará suspenso en el ejercicio de sus derechos cuando previa privación de la inmunidad esté siendo procesado por la supuesta comisión de un delito».
La reforma, impulsada por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha salido adelante sin sorpresas gracias a la mayoría leal a la tiranía de Daniel Ortega. Para voces de la oposición como Maximino Rodríguez, del Partido Liberal Constitucionalista, el texto «vulnera el principio de presunción de inocencia», según el diario ‘La Prensa’.
La reforma también elimina el receso parlamentario de 45 días en julio y agosto, de tal forma que la Asamblea Nacional operará de forma ininterrumpida del 9 de enero al 15 de diciembre. Además, los plenos ordinarios podrán convocarse con 24 horas de antelación, en lugar de las 48 actuales.
Los últimos cambios llegan a poco más de un mes de que Nicaragua celebre el 7 de noviembre una farsa electoral que llega en plena escalada de represión contra la oposición. Solo desde mayo, las autoridades nicaragüenses han detenido a más de una treintena de disidentes, siete de ellos precandidatas a los comicios presidenciales.
El régimen adopta así leyes a su medida para promover acusaciones arbitrarias con el objetivo de aplacar cualquier oposición.
