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El tirano Daniel Ortega avanza hacia una nueva ‘reelección’ en medio de un clima de represión generalizada

El régimen mantiene encarcelados a sus opositores
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EUROPA PRESS

A cinco semanas de las elecciones presidenciales, el temor es cada vez más presente en Nicaragua, el régimen sandinista ha logrado imponer el silencio a través de la política del terror, los organismos gremiales y de derechos humanos son perseguidos, poco hablan, mientras las asociaciones de familiares de presos políticos siguen exigiendo la libertad de sus seres queridos y justicia para las víctimas asesinadas por el régimen.

Daniel Ortega, que se postula para un cuarto mandato consecutivo sin contendientes (a quienes mantiene encarcelados), no solo tiene control de las instituciones del Estado, incluyendo el Ejército, la Policía y los grupos paramilitares, también tiene ojos y oídos en los vecindarios a través de los Consejos Populares Ciudadanos (CPC), una estructura creada bajo la dirección de Cuba durante la primera dictadura sandinista [1979-1990] y por entonces llamada Comité de Defensa Sandinista (CDS).

El partido en el poder, el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se encarga de vigilar a los opositores a través de los CPC y los grupos paramilitares dirigidos y financiados por el régimen.

La violencia ha sido la principal arma de ese partido desde que llegó al gobierno en 1979: fusilamientos en público, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos, torturas, exilio y robo de propiedades. Los crímenes y robos le fueron “perdonados” por una Ley de Amnistía aprobada en 1990, tras la pérdida del poder. Amnistía que les ha permitido continuar en la política, incluyendo ahora al sector del sandinismo que se separó de Ortega en 1995.

Desde la oposición durante los 16 años de gobierno electos democráticamente el FSLN promovió la gobernanza desde “abajo” a través del vandalismo, muertes y destrucción hasta que logró retomar el poder en 2007, y con ello las estrategias de terror de la primera dictadura sandinista.

Y aunque solo un cuarto de la población apoya al régimen (de acuerdo con la encuesta de Cid Gallup de febrero) la violencia con la que tradicionalmente ha operado el sandinismo, sigue surtiendo efecto.

Hoy en Nicaragua ningún político, analista o nicaragüense se atreve a opinar sobre la crisis en el país ante las amenazas del régimen y el temor de ser encarcelados. Ortega aprobó una serie de leyes a finales de 2020 para enjuiciar las protestas y las críticas a su régimen en los medios de comunicación y las redes sociales.

En Nicaragua ya no existe ningún medio escrito de circulación nacional. Los medios de prensa críticos al régimen se han visto obligados a desaparecer debido al ahogamiento económico o sus dueños han tenido que abandonar el país.

A los nicaragüenses les han quedado dos opciones: guardar silencio para sobrevivir o irse del país.

La situación es tan crítica, que los partidos políticos en la oposición y las organizaciones gremiales como el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), aliado del régimen sandinista hasta abril de 2018, ya no denuncian los desmanes de Ortega debido a las amenazas, pero siguen demandando tímidamente la libertad de todos los presos políticos. Varios empresarios guardan prisión desde junio, acusados por el dictador de “traición” a la patria. Uno de esos casos es el de José Adán Aguerri, expresidente de esa organización. Otros empresarios se han visto obligados a abandonar el país.

Más de 150 presos políticos permanecen en las mazmorras de la dictadura. Algunos llevan más de tres años presos, tras las protestas de abril de 2018.

Los defensores de derechos humanos a diario son asediados, maltratados y humillados en las instituciones del Estado por defender a los presos políticos. La abogada María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) guarda prisión desde el 29 de julio. Su “delito” llevar la defensa de presos políticos.

El régimen le acusa de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de Nicaragua”.

La abogada Yonarqui Martínez, que lleva la defensa de más de 40 presos políticos se enfrenta a diario a amenazas de cárcel, dijo a través de las redes sociales que no opinará sobre política.

“He decidido no publicar nada que tenga que ver con la situación política y social del país, debido a las constantes amenazas de privación de Libertad. Mi Facebook es personal hay amigos conocidos y pocos familiares, les pido de favor no me etiqueten en publicaciones a las cuales me refiero, seguiré en mi trabajo como hasta hoy, con prudencia, llevo la defensa y seguimiento de más de cuarenta detenidos, en un centro de detención no les ayudare mucho. Antes de ser defensora soy hija, hermana, amiga, madre y tutora legal de cuatro menores de edad que me necesitan más que a nadie. Amo mi trabajo y mientras pueda seguiré ejerciéndolo”, escribió recientemente la defensora de derechos humanos.

Y mientras el dictador sandinista Daniel Ortega sigue implantando la política de terror en las calles, la población está más ocupada por conseguir vacunas ante la propagación del COVID-19, que está ocasionando muchas muertes y mantiene los hospitales colapsados, una situación que Ortega se rehúsa a reconocer. Hasta ahora no existen cifras oficiales reales sobre el impacto que esta ocasionando el virus, pero la dictadura sigue promoviendo eventos públicos.

Activistas nicaragüenses en el exterior buscan como el FSLN sea declarado organización terrorista. Sin embargo hasta ahora no han conseguido resultados concretos en este sentido.

En ese contexto Nicaragua va a elecciones. Unas en las que Daniel Ortega ya se ha declarado “ganador” ante el abierto fraude electoral.

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