El oficial principal para asuntos de Defensa y agregado militar de Estados Unidos en la Embajada, el teniente coronel Roger Antonio Carvajal Santamaría, dijo recientemente al jefe del Ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés, que esa institución es parte del “gran crecimiento y estabilidad” del país y que esperaban “trabajar con las fuerzas armadas de Nicaragua” en las áreas que él [Avilés] indicó.
“Ese ha sido el mensaje que yo he dado, he hablado con mis superiores y espero seguir en esa ruta”, dijo Carvajal, de acuerdo a un comunicado del Ejército emitido tras un encuentro con agregados militares de misiones diplomáticas acreditadas en Managua.
El Departamento de Estado salió al paso tras críticas sobre el mensaje del agregado militar estadounidense al Ejército de Nicaragua, alegando que “los comentarios del teniente coronel Carvajal no reflejan con exactitud la política del gobierno de los Estados Unidos. El teniente coronel Carvajal ha concluido su misión y ha abandonado Nicaragua”, informó un despacho de la agencia AP, citando a una fuente del Departamento de Estado. Sobre el tema, Estados Unidos no ha hecho más comentarios. Y aunque el funcionario militar estadounidense habría sido retirado del cargo, analistas estiman que es el reflejo de una política ambigua de la administración Biden sobre Nicaragua, que Pérez califica de “desastrosa”.
El exoficial de Inteligencia Pérez dijo que el Ejército de Nicaragua es la maquinaria represora de Daniel Ortega, hechos que han sido documentados por organismos de derechos humanos con imágenes.
El coronel en retiro se refiere a videos de paramilitares ingresando al hospital militar Alejandro Dávila Bolaños para apertrecharse, fotografías publicadas por medios de comunicación y en informes elaborados por organismos de derechos humanos sobre la represión del régimen que ilustran el tipo de armamento de alto calibre empleado en la represión de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Los informes revelan que los disparos que asesinaron a ciudadanos nicaragüenses que participaban en las protestas fueron realizados por francotiradores. Los impactos fueron precisos y estaban dirigidos a la cabeza, ojos, cuello, pecho y abdomen.
Las fotografías revelan hombres portando armas de francotiradores y ametralladoras PKM, lanzacohetes RPG-7 y granadas de fragmentación que, según expertos, serían de uso exclusivo de la entidad castrense. El Ejército de Nicaragua niega su participación en la represión durante las protestas de abril de 2018 y sostiene que se trata de una campaña de “calumnias”.
Sanciones
Quince senadores de Estados Unidos solicitaron a la Casa Blanca sanciones contra el dictador Daniel Ortega y altos oficiales del Ejército de Nicaragua.
En una carta bipartidista dirigida al secretario de Estado Antony Blinken, los senadores piden a la administración mayores esfuerzos para asegurar la liberación inmediata de los presos políticos, instando a la administración Biden a ampliar las sanciones otorgadas por la Ley Nica Act y la ley RENACER, – esta última aprobada por el Senado y pendiente en la Cámara de Representantes – para designar a Ortega, así como los funcionarios militares de más alto rango de su régimen.
El general Avilés fue sancionado por el departamento del Tesoro de Estados Unidos en mayo de 2020 porque “brindó apoyo a la policía y las pandillas paramilitares que cometieron crímenes contra el pueblo nicaragüense, incluidos ataques contra manifestantes durante las movilizaciones que comenzaron en abril de 2018”.
Para el coronel en retiro Octavio Pérez, el mensaje del agregado militar de Estados Unidos en Nicaragua, es algo que utilizará a su favor Ortega y el Ejército como “apoyo” a las Fuerzas Armadas de la nación centroamericana. “Eso frustra a los que estén en contra del régimen, muchas veces se han acercado hasta senadores cubanos por la causa de Nicaragua y [la Casa Blanca] no los escucha”.
“Es un desastre, no están oyendo a la gente que está viviendo aquí, la comunidad nicaragüense, como les dijo la congresista María Elvira Salazar [a funcionarios de la administración Biden] ustedes tienen que oírnos a nosotros antes de tomar una política hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua”, señaló Pérez.
Los senadores están presionando a Biden para que declare ilegítimas las próximas elecciones en Nicaragua a realizarse en noviembre.
“Además de las detenciones arbitrarias e injustas, el régimen de Ortega está prohibiendo que los principales partidos de oposición del país participen en las elecciones de noviembre. También ha disuelto el registro legal de docenas de grupos de la sociedad civil en Nicaragua, y ha prohibido que organizaciones internacionales respetadas puedan funcionar en el país”, señala la carta enviada por los senadores.
“La Asamblea Nacional de Ortega ha legalizado la detención arbitraria, ha promulgado leyes abusivas que restringen la libertad de expresión y el trabajo de organizaciones independientes en defensa a los derechos humanos, ha continuado sus ataques contra la libertad de prensa y está ratificando un nuevo acuerdo con Rusia para censurar el uso del Internet. En conjunto, estas acciones equivalen a un ataque autoritario expansivo contra las instituciones y la sociedad civil de Nicaragua”, subraya la carta de los legisladores estadounidenses.
