La campaña electoral en Nicaragua arrancó con aspirantes presidenciales encarcelados por el dictador Daniel Ortega, con restricciones para los cinco pequeños partidos políticos que participan en la contienda, empleando como argumento la “pandemia”, y con un escenario de diálogo post electoral que el régimen promoverá para legitimar los comicios.
Los cinco partidos participantes han sido aliados de Daniel Ortega. El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Alianza por la República (APRE), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Camino Cristiano (CCN), Partido Liberal Independiente (PLI) y el partido costeño Yatama, todos micropartidos, participan en la contienda, pero han sido limitados por el régimen sandinista de realizar eventos con aglomeraciones que superen las 200 personas debido a la pandemia.
Pese a sus “indicaciones”, la dictadura, que se ha rehusado a establecer cuarentenas para frenar la propagación del COVID-19 y esconde las cifras de muertos y contagiados, sigue promoviendo actividades públicas como ferias, eventos culturales y deportivos en medio de la pandemia.
Mientras la vacunación en el país, que se ha intensificado a pocas semanas de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, se ha convertido en aglomeraciones sin que las autoridades de salud establezcan control sanitario para evitar mayor propagación del virus. Miles de personas hacen colas diariamente para conseguir la vacuna, ante el incremento de muertes con síntomas relacionados al coronavirus.
El objetivo de realizar las vacunaciones a pocas semanas de las elecciones tiene el fin de desviar la atención de los nicaragüenses del tema electoral y de la crisis que atraviesa el país.
Según el observatorio, en la semana del 16 al 22 de septiembre se registraron 1.655 nuevos casos y 415 muertes por sospechas de COVID-19. El régimen solo reportó un fallecido a causa del virus. Mientras el acumulado en el país es de 28.247 casos y 5.230 fallecidos, de acuerdo con los registros de la ONG.
Nicaragua es el país con menos porcentaje de vacunación. Solo el 4,2 de la población nicaragüense esta vacunada hasta el 17 de septiembre de 2021, según datos de la organización Americas Society Council of the Americas.
El partido de Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) arrancará su “programación” de campaña electoral el 5 de octubre, también lo hará con pequeños grupos, el interés es encubrir el poco apoyo que tiene el dictador en unas elecciones de las que ya se considera el “ganador” a través de la represión y con el respaldo del Ejército, la Policía y los grupos paramilitares.
¿Diálogo?
El analista político, el demócrata cristiano, Francisco Delgadillo, estima que tras las elecciones Ortega abrirá un diálogo nacional con el propósito de legitimar las elecciones y minimizar el impacto de las sanciones que podrían desencadenarse luego de los comicios.
La comunidad internacional ha manifestado que desconocerá las elecciones. Los comicios se desarrollan de manera fraudulenta, sin competencia para el dictador sandinista, con aspirantes presidenciales enjuiciados y tras las rejas por presuntos delitos de “lavado de dinero” y “traición a la patria”.
Aunque Delgadillo es de la opinión que las sanciones no funcionan mucho con los regímenes autoritarios, puso como ejemplo Venezuela donde aún el dictador Nicolás Maduro permanece en el poder y negocia con la oposición, y Cuba que después de 62 años de dictadura, los comunistas siguen en el poder.
Ortega estaría dispuesto a sacrificar a la población con tal de mantenerse en el poder y preservar las empresas obtenidas al amparo del poder.
Nicaragua es el segundo país más pobre del hemisferio desde la llegada al sandinismo al poder en 1979, solo superado por Haití.
“Creo que Daniel Ortega va a buscar el abanico para dialogar con todos”, dijo Delgadillo que cree que los presos serán liberados porque a su juicio ya no representarían un peligro para Ortega.
“Creo que serán liberados porque a Ortega no le interesa las elecciones municipales (a realizarse en 2022), solo las presidenciales y mantenerse por un periodo más [en el poder], que es lo que podría quedarle a él por el deterioro de su salud y garantizando que prescriban los delitos en cinco años en Nicaragua, que pudieran haberse cometido y comprobarse”, indicó Delgadillo.
Ortega cumplirá 76 años en noviembre próximo, mientras su esposa y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, tiene 70. La salud del dictador es manejada como un secreto de Estado.
Los crímenes cometidos durante la represión del régimen han sido calificados como de lesa humanidad por organismos de derechos humanos, delitos que a nivel internacional no prescriben. Los familiares de las víctimas estarían decididos a buscar justicia.
Los crímenes cometidos por el sandinismo en la década de los 80, permanecen en la impunidad, el FSLN se aprobó una ley de amnistía tras la perdida de las elecciones en 1990, que fue derogada y posteriormente aprobada una nueva ley de “perdón” por el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro.
