A la represión, la pandemia, el impacto de dos huracanes en 2020 y el índice de desempleo, se suma el alto costo de vida en uno de los países más pobres de Iberoamérica: Nicaragua.
Durante casi 20 semanas consecutivas se han registrado aumentos en los precios del combustible. Esto tiene una incidencia directa en los hogares nicaragüenses al elevar sustancialmente los precios del transporte y los alimentos.
En las últimas semanas los nicaragüenses han tenido que enfrentarse a un aumento en el costo de la canasta básica de un 30%.
La canasta básica, hasta el 15 de marzo, tenía un costo de $430 dólares (en un país donde el salario mínimo oscila entre $130 y $220 dólares según el sector laboral) esto de acuerdo con la tasa establecida por el ministerio del Trabajo para el 2021. Recientemente el monto tuvo un incremento de $3.
Las áreas de salud y educación tienen salarios aproximados a los $300 dólares mensuales.
Las cifras indican que el costo de la canasta básica –que incluye alimentos, artículos para el hogar y ropa– supera hasta dos y tres veces el salario mínimo convirtiéndose en un privilegio cada vez más inalcanzable para gran parte de los nicaragüenses. Según los especialistas el 66% de la canasta básica está compuesta por alimentos.
Aunque se registra un aumento a nivel internacional en los precios del combustible –y esto afecta las economías–, en Nicaragua el alza en los precios lleva cinco meses consecutivos. Actualmente el país tiene los costos más altos de la región centroamericana en gasolina.
El Banco Mundial ubica a Nicaragua como uno de los países menos desarrollados de América Latina, donde el acceso a los servicios básicos es un desafío constante.
En el país el monopolio sobre los hidrocarburos está en manos de la familia presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que también tiene una participación importante en la industria de la energía eléctrica, áreas estratégicas para la economía de la nación.
Los Ortega-Murillo –convertidos en los nuevos ricos de Nicaragua–, han tenido participación en esos y otros rubros a través de la ayuda venezolana y al amparo de los fondos públicos tras el retorno del sandinismo al poder en 2007.
Vanessa Huerta, ingeniero industrial, sostiene que, a partir de 2018, tras el estallido social de abril, la economía en Nicaragua ha venido enfrentando una fuerte recesión económica.
El Banco Mundial reveló que el 2020 cerró con decrecimiento de 5.9%. Las proyecciones para 2021 no son halagadoras: indican que no habrá crecimiento económico hasta el 2022 con una leve recuperación económica estimada en 1.1%.
“Los más afectados son los hogares nicaragüenses que están sufriendo un duro golpe a su economía familiar entre los 19 incrementos consecutivos del combustible hasta la fecha y el incremento en la canasta básica, situación que se irá agravando a medida que se adopten políticas económicas que desincentiven el mercado y sólo se busquen soluciones paliativas, como financiar con más deuda pública para reactivar la economía”, sostiene Huerta.
Para la profesional, otro de los factores que han llevado a la pérdida del poder adquisitivo es el impacto ocasionado por las reformas a la ley de Concertación Tributaria que desde el 2019 ha venido acelerando el deterioro de la economía familiar.
La medida es vista como una venganza del régimen por el distanciamiento del sector privado que mantuvo una alianza con Ortega antes del estallido social de abril de 2018.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) advirtió que las reformas a esa Ley son medidas recaudatorias que ignoran la realidad económica nicaragüense y pasan por alto la recesión. Estiman que contribuyen al deterioro del nivel de vida de los nicaragüenses, la descapitalización de las empresas y la disminución de la producción.
“Con las reformas tributarias el más afectado es el sector privado que con la situación pandémica lleva la mayor carga impositiva. Como consecuencia, la reacción en el mercado ha sido el cierre de empresas y fuga de capital humano. En términos prácticos esto se traduce en más desempleo. En el 2020, un total de 43 mil nicaragüenses perdieron sus empleos y según el último informe de proyecciones económicas, publicado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), se estima una pérdida de 172 mil empleos para el final del 2021”, aseveró Huerta.
La cifra de desempleo en Nicaragua supera el 6%. La tasa de subempleo es 46.3%. “Eso quiere decir que casi la mitad de la fuerza laboral está en el subempleo, son personas que alcanzan a cubrir, quizás apenas solamente el 50% de la canasta básica”, sostiene Huerta.
Por ahora no se vislumbra una mejoría a la economía de los nicaragüenses, la crisis política en el país tiende agudizarse a las puertas de las elecciones presidenciales en noviembre próximo con un Daniel Ortega que pretende continuar en el poder tras 14 años consecutivos, a través de artimañas.
Cada vez pesan más las sanciones a ese régimen por violaciones a los derechos humanos y la corrupción de la familia gobernante.
