El “diálogo nacional” programado por el dictador sandinista Daniel Ortega tras adjudicarse el «triunfo» en las elecciones del 7 de noviembre podría iniciar en febrero. Un proceso con el que persigue legitimar su nuevo mandato desconocido por más de 50 países, 27 del bloque europeo y 25 de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La comunidad internacional desconoce los resultados de las elecciones consideradas fraudulentas con aspirantes presidenciales encarcelados, tres partidos políticos eliminados de la contienda, y la instauración de un Estado policial.
El llamado diálogo (que beneficiaría fundamentalmente a Ortega), se realizaría en medio de un escenario con más de 160 presos políticos, más de 100 mil exiliados, “con un sector privado miedoso y dominado [por Ortega], la oposición dividida, la oposición funcional integrada [sandinismo ex-aliado de Ortega] por la UNAB y la Coalición Nacional, pidiendo ser protagonistas, una parte diciendo que van al diálogo y la otra que no hay que dialogar. Al final estamos divididos por las mismas razones”, afirmó un político nicaragüense que pidió no ser identificado para evitar represalias del régimen.
La división en la oposición es por razones ideológicas. El sandinismo que gobernó con Ortega durante la primera etapa del régimen sandinista lucha por liderar la oposición, pero no goza de confianza debido a que fue partícipe de los crímenes y robos cometidos en la década de los 80 del pasado siglo.
Al diálogo se sumará la llamada “oposición zancuda”, los pequeños partidos políticos aliados del régimen que participaron en las elecciones, mientras siete aspirantes permanecían tras las rejas por órdenes de Ortega.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Enrique Herrera, dijo recientemente a medios de comunicación que la Iglesia estaría dispuesta a mediar en un nuevo diálogo [tras los dos fallidos en 2018 y 2019], argumentando que su labor es trabajar en pro del bienestar común. Pero el régimen sandinista aún no se pronuncia sobre el tema.
Mientras el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, anunció recientemente que El Vaticano está intercediendo por la liberación de los presos políticos.
Pero Ortega tampoco ha respondido sobre el tema de los presos, cuyos casos permanecen engavetados en el despacho de los jueces del régimen, ni ha anunciado la agenda del “diálogo” que propone.
“Esa es una jugada que a todas luces indica que lo que está moviéndose detrás es un acuerdo que trasciende más allá de los presos. Daniel Ortega lo que va a buscar es que los actos de legitimación le salgan lo más barato posible, es decir las menos concesiones posibles”, aseveró el político nicaragüense de tendencia conservadora.
Añadió que la anuencia al diálogo crearía un precedente de complicidad tras el fraude electoral del 7 de noviembre. “Sentarse con el régimen al que han desconocido su legitimidad electoral más de 50 países, [Ortega] la ocuparía para enviar señales de que está conversando y [así pedir] que le relajen la presión, y también enviaría señales de su reconocimiento como gobernante ‘legítimo’ después del 10 de enero por parte de quienes se sienten a la mesa con el dictador”, dijo el político.
“Por consiguiente hay que tener claro que el 80% de los opositores que en protesta no fuimos a votar, no queremos diálogo con el dictador asesino. Sin embargo, cualquier acto parecido inducido por la comunidad internacional debe ser antecedido de precondiciones indispensables previas”, afirmó.
En concreto, se refiere a la liberación de los más de 160 presos políticos, la derogación de las oprobiosas 5 leyes con las que han encarcelado a los opositores, el restablecimiento de libertades públicas plenas en general y el derecho a marcha y protesta pacífica, retorno inmediato de los organismos internacionales de derechos humanos, y el cumplimiento de los acuerdos de marzo de 2019, que el régimen ha incumplido.
En esos acuerdos suscritos, el régimen se comprometió a suspender la represión contra la oposición, permitir el retorno seguro de los exiliados y establecer las bases de unas elecciones “libres, justas, transparentes y observadas”. El único acuerdo que cumplió a medias fue la libertad de los presos políticos, a muchos de los cuales volvió a encarcelar y cuyo número es cada vez más alto.
‘La única salida‘
Para el político demócrata cristiano, Francisco Delgadillo, el diálogo es la única salida para que el país enderece su rumbo, de lo contrario habría un caos sociopolítico y económico.
A su juicio es necesario sumar esfuerzos y voluntades dispersas sin condiciones previas que cuenten con la participación de los distintos sectores sociales y políticos, que tenga garantías para determinar cómo y en qué plazo se va a realizar los compromisos.
Según Delgadillo, el ambiente ha ido cambiando y a su juicio existe un interés de participar en un diálogo. Considera que no se puede «mantener posiciones cerradas y ser intransigentes”.
Pero hasta ahora Ortega ha mostrado voluntad de mantenerse en el poder a sangre, fuego y cárcel contra los que se oponen a su régimen.
Delgadillo adelantó que entre las propuestas que su agrupación realiza están la restauración de las libertades públicas, el retorno de la democracia, personería jurídica a los partidos políticos, reformas y cambios de la ley electoral, reformas a las leyes represivas 1050 y 1040 de ciberdelitos y agentes extranjeros, y la soberanía de nuevas elecciones. Pero no ahondó más en el tema porque asegura que todo será anunciado posteriormente.
Delgadillo cree que el diálogo podría iniciar en febrero, pero cree que Ortega lo anunciaría el 10 de enero, día de la toma de posesión del cuarto mandato consecutivo y quinto presidencial del dictador sandinista.
