Desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999 inició acercamientos con las guerrillas colombianas a las que ofreció apoyo y acogió en territorio venezolano. Cuando el entonces presidente colombiano Andrés Pastrana exponía -con pruebas en la mano- la presencia de los grupos terroristas en Venezuela, Chávez respondía que eran “historias inventadas por la prensa burguesa de Colombia”, como lo recuerda en reciente columna el exfiscal Nestor Humberto Martínez. Desde entonces, han sido muchas las veces en las que Colombia ha denunciado la presencia de las FARC y del ELN en el lado venezolano de la frontera, sin que la fuerza armada bolivariana opere para impedirlo.
El gobierno de Maduro jugó, sin duda, un papel importante en el proceso de negociación entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el secretariado de las FARC, brindando apoyo logístico a las guerrillas, para poder reunirse con los representantes del ejecutivo colombiano, mientras acordaban en secreto los términos de un acuerdo para iniciar el diálogo que se dio a conocer en 2012 y sorprendió a la opinión pública. Misma opinión pública que cuatro años después rechazó el producto de aquellas negociaciones, votando mayoritariamente por la opción NO en el plebiscito del 2 de octubre de 2016.
Un acuerdo reajustado, pero fiel al originalmente rechazado en las urnas, finalmente fue aprobado por el Congreso y firmado en noviembre de 2016 en el teatro Colón de Bogotá. Poco después se inició el proceso de desmovilización de algunas facciones de las FARC y su tránsito hacia convertirse en partido político.
Pero desde el primer momento fue evidente el incumplimiento de los pactos; todo ello al no entregar información sobre rutas del narcotráfico, bienes, fuentes de ingreso por extorsión y reparación a las víctimas de su accionar, más allá de pedir perdón ante la comisión de la verdad y el tribunal -hoy supremo- de Justicia y Paz.
Varios dirigentes de las FARC no vieron con buenos ojos apartarse del lucrativo negocio del narcotráfico y lograron burlar la justicia colombiana, tal como lo hizo el comandante guerrillero Jesús Santrich quien, paradójicamente, alcanzó a ocupar su curul en la Cámara de Representantes antes de escapar hacia Venezuela para evitar enfrentar cargos por narcotráfico. Lo propio hicieron los comandantes Iván Márquez -quien optó por organizar los frentes bajo su mando en lo que se ha llamado “segunda marquetalia”- y Gentil Duarte, quien ha hecho valer su autonomía económica y política para seguir delinquiendo.
Los más de dos mil kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela, pero en especial los departamentos de Arauca y Norte de Santander en Colombia, hoy no solo enfrentan el accionar de las guerrillas, cuyos líderes se encuentran en territorio venezolano y desde allí orientan las operaciones de sus frentes; sino que además, ahora son receptores de la población desplazada por la violencia que llega por miles huyendo de un nuevo enfrentamiento: el del régimen de Nicolás Maduro y la “Segunda Marquetalia” de alias Iván Márquez contra los frentes que comandan alias Gentil Duarte y alias Iván Mordisco. De hecho, en el mes de abril el general Vladimir Padrino, ministro de defensa venezolano, reportaba enfrentamientos con “grupos irregulares armados colombianos” en la zona de frontera.
Se trataba de un ataque frontal de las fuerzas de Maduro en contra de los frentes disidentes de las FARC y en aparente coordinación con las fuerzas de la “segunda Marquetalia”, que terminó en una contundente derrota a la mal preparada y diezmada fuerza armada bolivariana, después de varios meses de operaciones.
Las fuerzas de alias Gentil Duarte tienen décadas de experiencia en guerra de guerrillas y no están dispuestas a perder el control territorial que ya no solo tienen en Colombia sino en Venezuela. Se trata ahora de nuevos bloques que no aceptan la comandancia de Márquez, resisten todo embate de las fuerzas bolivarianas de Maduro y además podrían incluso estar cuestionando la autoridad del mismo Gentil Duarte, en lo que algunos han llamado las “disidencias dentro de las disidencias”.
A esto se suma el papel del ELN, que al parecer ha buscado mantenerse al margen de la confrontación al interior de las FARC, evitando poner en riesgo su buena relación con la dictadura venezolana.
Recientemente, el general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia, informó que cerca de dos mil guerrilleros, entre las disidencias de las FARC y el ELN, estarían en Venezuela. A ellos habría que sumar el total de subversivos que operan en territorio colombiano en armas, pero también a aquellos que brindan apoyo incluso desde la institucionalidad, como lo ha denunciado la Fiscalía General de la Nación, que ha procedido con capturas y formulación de acusación por hacer parte de estos grupos.
Nadie sabe a ciencia cierta cuántos integrantes de los grupos terroristas están operando hoy en la frontera Colombo-venezolana, pero la cifra podría rondar incluso los diez mil, entre ELN, EPL, “Segunda Marquetalia”, FARC y otros grupos menores, carteles y por supuesto las fuerzas armadas venezolanas, que, como se anotó, ya tomaron partido en respaldo de alias Iván Márquez.
Mientras tanto, el gobierno de Colombia sigue expresando su preocupación por las acciones que se ordenan y coordinan desde Venezuela, que ahora incluye el interés de la guerrilla por obtener drones que le permitan vigilar las acciones del ejército de Colombia, al que hoy evitan enfrentar y optan por cruzar la frontera a resguardo seguro en territorio de Maduro.
A pesar de los esfuerzos de las fuerzas armadas, de la inteligencia del estado colombiano y la información que día a día comparte la población afectada, es muy difícil controlar la extensa frontera que hoy representa, además, el límite entre un sistema democrático y la única dictadura socialista de América del Sur.
